No es militarismo, sino nuevas doctrinas de defensa nacional

INDICADOR POLÍTICO

La argumentación más sencilla para explicar las razones de la utilización de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública se encuentra en la organización cuasimilitar de las bandas delictivas; es decir, se trata de organizaciones criminales que tienen poder de fuerza superior a las policías y que no quieren moverse en la marginalidad sino tomar el poder local.

El gobierno federal sabe que no cuenta con los fondos suficientes para reorganizar casi desde cero las fuerzas policiacas estatales y federales y por ello se ha centrado en el ámbito federal. Pero el modelo no puede estar completo si la Guardia Nacional se queda estacionada en la mera estructura organizativa y no cuenta con decisiones inmediatas para combatir de manera operativa al crimen organizado.

Las nuevas doctrinas de defensa nacional se basan en lo que no ha querido discutirse tampoco en las propias estructuras de seguridad y soberanía, y menos aún en las áreas jurídicas del Estado y desde luego en las organizaciones civiles que se mueven en el conflicto elemental de buenos y malos: lo que está en disputa no es un botín en efectivo o en drogas, sino en el control de zonas territoriales del Estado y de espacios institucionales en gobiernos locales y sus representaciones federales.

El ámbito de la seguridad nacional había sido de manejo exclusivo de los ejércitos operativos. Pero las nuevas batallas por tareas de influencia territorial han exigido en la defensa nacional interna sea de prioridad militar; el gobierno de Biden rompió con la tradición de mantener a civiles en la titularidad del Departamento de Defensa y puso a un general de reciente operatividad, con permiso especial del Senado. Y el presidente Bush inició su gestión en el 2001 con un general –exjefe del Estado Mayor Conjunto— como secretario de Estado, como para perfilar el enfoque de que la reorganización de la estabilidad mundial era una tarea militar, el general Colin Powell.

Ni el presidente López Obrador y su staff militar ni los sectores opositores a la mayor intervención militar en áreas de seguridad nacional han querido debatir o analizar las nuevas doctrinas de defensa nacional. La consolidación de casi zonas francas del crimen organizado en espacios territoriales institucionales de la soberanía del Estado han sido primero un desafió conceptual y de doctrinas de seguridad y luego un asunto de competencias.

El hecho de que la participación militar en áreas de seguridad no haya tenido el éxito deseado no quiere decir que se regrese a los civiles a tareas que no han podido cumplir por razones de seguridad, una dialéctica de la incompetencia burocrática. Pero el área de seguridad militar del gobierno tampoco ha hecho esfuerzos por profesionalizar sus nuevas funciones y sólo se han concretado a asumir funciones y no a redocumentar competencias hasta doctrinales.

Con la mayoría legislativa y el control sobre la Corte, es casi seguro que el presidente López Obrador va a ganar el round de la seguridad-militares, pero ello no quiere decir que los resultados sean efectivos. Ahora mismo se ve a una Guardia Nacional con funciones específicas, pero sin ordenes operativas por razones de la prioridad disuasoria y ni con el combate contra las estructuras criminales.

El legislativo requiere de una cirugía operativa de fondo, comenzando con la reasunción de tareas más estrictas de supervisión. En EU el poder de congreso sobre la burocracia política no radica en un simbolismo de los padres fundadores del sistema/régimen/Estado, sino en el hecho de que el Congreso controla los fondos públicos y autoriza partidas y entonces los funcionarios tienen que someterse a ese principio de autoridad.

La única manera de fortalecer la división de poderes radica en la construcción de autonomía relativa del Legislativo con el Ejecutivo. Mientras los partidos dependan del centralismo presidencialista, la autonomía de poderes no existirá: el presidente mexicano controla su partido, decidé candidaturas, financia campañas y presiona a la autoridad electoral, la democracia mexicana será un mito genial.

Una vez resuelto el problema de la autonomía legislativa, tendría que existir el entendimiento político de las nuevas doctrinas de seguridad nacional y sus brazos operativos en seguridad pública y seguridad interior. Los cárteles representan, mal que bien, un Ejército armado y con poder económico que quiere tomar el control de Estado y del territorio nacional.

Es decir, estamos en una zona de guerra.

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