Pizarras Invisibles: más becas, menos aprendizaje

PACHUCA, Hgo., 29 de diciembre de 2025.- El cierre de 2025 confirma una realidad que el discurso oficial intentó maquillar durante todo el sexenio: la educación pública mexicana no atravesó un mal año, sino un proceso deliberado de debilitamiento. No fue una crisis inesperada ni un efecto colateral de la pandemia; fue el resultado de decisiones políticas que privilegiaron la narrativa, las transferencias monetarias y el control ideológico por encima del aprendizaje, la seguridad escolar y la construcción de capacidades institucionales.

Los hechos están documentados. En 2025 se consolidó una crisis educativa de alcance nacional, caracterizada por retrocesos en aprendizajes, cierres de escuelas por violencia, carencias materiales persistentes y la desaparición de organismos clave para la evaluación y la transparencia educativa.

Lo más grave no fue el deterioro en sí, sino la renuncia explícita del Estado a medirlo, entenderlo y corregirlo. La eliminación de instancias como Coneval y Mejoredu no fue un ajuste administrativo: fue una decisión política. Al desmantelar los mecanismos de evaluación independiente, el Estado renunció a la evidencia como base de la política educativa. Sin diagnósticos públicos, sin datos comparables y sin contrapesos técnicos, la educación quedó atrapada en una lógica de opacidad y autocelebración.

Como han advertido organizaciones como Mexicanos Primero, IMCO y México Evalúa, gobernar sin evaluación no transforma: normaliza el fracaso. En 2025, México no solo dejó de mejorar sus aprendizajes; dejó de preguntarse si estaban empeorando.

El eje central de la política educativa en 2025 fue la expansión de los programas de becas. Sin negar su importancia como herramienta de alivio económico, el problema fue la sustitución simbólica del derecho a aprender. El Estado asumió que transferir recursos equivalía a garantizar educación, ignorando que el aprendizaje depende de docentes formados, escuelas funcionales, condiciones de seguridad y políticas pedagógicas consistentes.

Los resultados fueron evidentes: estancamiento y retrocesos en lectura, escritura y matemáticas, así como un rezago persistente en educación media superior, donde México continúa muy por debajo del promedio de la OCDE en conclusión de estudios. Las becas no enseñan a leer, no sostienen trayectorias educativas ni compensan escuelas sin agua o sin maestros.

Por otro lado, en al menos siete estados del país, escuelas cerraron por motivos de violencia durante 2025. Este hecho, que debería haber detonado una emergencia nacional, fue tratado como un daño colateral. La inseguridad dejó de ser excepcional para volverse estructural, afectando directamente el calendario escolar, la asistencia y la continuidad pedagógica.

Cuando el Estado no puede garantizar condiciones mínimas de seguridad para niñas, niños y docentes, hablar de calidad educativa resulta contradictorio. En 2025, la política educativa fracasó en su obligación más elemental: proteger el derecho a aprender.

Por si fuera poco, según datos oficiales, tres de cada diez primarias sin agua potable; siete de cada diez sin conectividad. Esa fue la base material del sistema educativo en 2025. Sobre ese suelo precario se construyó un discurso de innovación, digitalización y "nueva escuela mexicana" que nunca llegó a las aulas.

El balance de 2025 es claro: no fue un tropiezo, fue una renuncia. Renuncia a evaluar, a invertir, a proteger y a aprender. Frente a ello, 2026 no admite titubeos. O se reconstruyen las capacidades para planear, centrarse en el aprendizaje, evaluar procesos, tener transparencia, o se acepta el deterioro educativo como nueva normalidad.

Una de las prioridades están claras y no son ideológicas: Colocar el aprendizaje, no la narrativa, en el centro de la política educativa.

Las de chile seco

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Las opiniones y conclusiones expresadas en el artículo son de exclusiva responsabilidad del autor y no necesariamente reflejan la posición de Quadratín.