Presidenta quiere ley mordaza

La iniciativa de nueva Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum no representa una reforma técnica ni un avance en la modernización digital del país. Es, en realidad, una peligrosa regresión autoritaria que busca consolidar el control del Estado sobre lo que las y los mexicanos ven, escuchan y leen.

Tras la desaparición del Instituto Federal de Telecomunicaciones —un órgano constitucional autónomo que garantizaba la imparcialidad en el sector—, ahora el gobierno pretende reemplazarlo con una súper Agencia de Transformación Digital, dotada de facultades extraordinarias y profundamente discrecionales, que se encuentra bajo las órdenes de la presidenta.

Esta agencia tendría poder para otorgar, renovar o revocar concesiones; organizar licitaciones; vigilar y limitar los contenidos publicitarios; y fungir como árbitro entre concesionarios. Es decir, un control total del ecosistema mediático.

No se trata de un esfuerzo por mejorar la regulación o expandir la cobertura digital. No. Lo que estamos presenciando es un intento sistemático por concentrar funciones clave en manos del Ejecutivo, eliminando contrapesos, acallando voces críticas y abriendo la puerta a una peligrosa censura institucionalizada.

Más alarmante aún es la forma en que esta iniciativa fue construida: sin diálogo, sin consulta, sin transparencia. No hubo participación de expertos, ni de organizaciones civiles, ni de los propios actores del sector. Todo se cocinó desde Palacio Nacional y se pretende imponer como una verdad incuestionable. Así no funciona la democracia.

Aunque el gobierno lo niegue, esta ley tiene una clara intención de censura. Cuando una sola instancia tiene el poder de decidir qué puede circular en medios y plataformas digitales, estamos frente a un modelo autoritario que nada tiene que ver con los principios democráticos que tanto trabajo ha costado construir.

Además, esta reforma crea un entorno fértil para la competencia desleal y la corrupción. Si las licitaciones y contratos pueden entregarse sin vigilancia ni imparcialidad, es claro que quienes estén más cerca del poder serán los más beneficiados. Otra vez, los “amigos del régimen” se colocan por encima del interés nacional.

Por todas estas razones, el PRI votará en contra. Porque no podemos permitir que el gobierno siga ejerciendo el poder sin límites. Porque creemos en la autonomía de los órganos reguladores. Y porque estamos convencidos de que la libertad de expresión, el acceso a la información y la pluralidad mediática no son negociables.

Lo que está en juego no es solo una ley. Es el derecho de una sociedad a estar informada, a disentir y a vivir en libertad.