Protestas postelectorales y un TRIFE con mal presidente

Lo esperado es que la misma noche del 6 de junio tanto partidos como candidatos se inconformen con los resultados de los comicios en tanto que no les hayan sido favorables.

Un verdadero alud de protestas llegará al seno del TRIFE (Institución que desde 1996 se denomina Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación).

El presidente del organismo juzgador electoral, José Luis Vargas Valdez permanece en el cargo por la reforma que se realizó al organismo en los tiempos de Enrique Peña Nieto.

Muy cuestionado por su oneroso patrimonio personal, parecido en materia inmobiliaria a los de Irma Eréndira Sandoval, Alfonso Durazo y Manuel Barttlet, (los medios lo han motejado como “el magistrado billetes”) tiene solamente como una aliada, en ocasiones, a la magistrada Mónica Soto, originaria de Baja California Sur.

 Los demás integrantes de la sala superior del organismo son juzgadores de carrera, profesionales y con una imparcialidad reconocida por la clase política mexicana en general.

Ellos son Felipe Alfredo Fuentes Barrera. Magistrado. (Ciudad de México), Indalfer Infante Gonzales. Magistrado. (Petatlán, Guerrero, 18 de mayo de 1964), Felipe de la Mata Pizaña. Magistrado. (8 de enero de 1972) y Janine M. Otálora Malassis.

Esos juzgadores, una vez que para el caso de las elecciones a gobernador en 15 entidades llegaran a impugnar los resultados en los organismos electorales estatales, serán los que atiendan las quejas que, muy probablemente, llegarán de entidades en las que el pronóstico del resultado es muy cerrado y procedan a los juicios de revisión pertinentes.

Son esperadas las impugnaciones a los resultados en Sonora, Nuevo León, San Luis Potosí, Tlaxcala, Sinaloa, Michoacán, Campeche y Baja California Sur.

Y en cuando menos la mitad de los 300 distritos electorales federales.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación habrá de resolver impugnaciones que se sustenten en intromisiones como las que menciona la misión que recientemente visitó nuestro país:

“….la misión de Acompañamiento y Observación Electoral Delian Proyect de Estados Unidos y Canadá, se alertó que “el proceso electoral en México enfrenta dos grandes desafíos: la creciente violencia política y las tensiones entre el gobierno federal y las autoridades electorales

(La Jornada 24 de mayo 2021)

La sociedad deberá convertirse en el gran factor de estabilidad de los comicios más grandes de la historia de la democracia moderna mexicana.

Ni los partidos, ni los actores políticos que están en los gobiernos federales, estatales y municipales, tienen la confianza de la ciudadanía en su imparcialidad y menos la credibilidad que les otorgue una calidad de arbitraje moral, en cualquier caso.

EN TIEMPO REAL.

1.- Nos cuentan que la administración del municipio de Villanueva, Zacatecas ha sido denunciada ante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), por los delitos de desvío de recursos millonarios, delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Con esta denuncia la UIF iniciará la investigación de cuatro personajes claves: Miguel Torres Rosales alcalde con licencia de Villanueva, de su hijo Zaid Torres quien es abanderado de la alianza Va por México en esa demarcación; el ex titular del departamento de Desarrollo Económico, el Ing. José Valdés Velazco identificado como el principal operador de los recursos de la presidencia municipal; Margarita Leaños Lamas directora de Gestión Social.

Es importante recordar que la denuncia corresponde a delitos graves de prisión preventiva oficiosa. Se prevé se destape una enorme red de corrupción familiar por parte de los administradores de la presidencia municipal de Villanueva.

2.- En entrevista con Ciro Gómez Leyva en su noticiero, Liebano Sáenz y Federico Berrueto del Gabinete de Comunicación Estratégica, afirmaron que, de acuerdo con sus encuestas, el presidente Andrés Manuel López Obrador esta reprobado justamente como mandatario, pero muy aprobado como líder social, como si anduviera aún en campaña.

3.- Graciela Ortiz, candidata del PRI a la gubernatura de Chihuahua, declinó a favor de Maru Campos, abanderada de la coalición del PAN y del PRD. De acuerdo a lo señalado por el equipo de la priista, la decisión de declinar se debe principalmente a la creación de un bloque “que haga frente y evite que Morena llegue al poder”.