Radar Político: Combate a la corrupción…

PACHUCA, Hgo., 7 de octubre de 2016.- Todo indica que el combate a la corrupción va en serio en la nueva administración estatal y un ejemplo de lo que será la tolerancia cero frente a los servidores públicos que incurran en actos de deshonestidad, quedó de manifiesto luego del cese y consignación de un funcionario de la Subsecretaría de Protección Civil y Gestión de Riesgos, quien fue sorprendido en flagrancia, luego de extorsionar a una empresa gasera en el municipio de Tula.

No se trata de un asunto menor, de acuerdo a la carpeta de investigación 16-2016/2031, el ahora ex-funcionario clausuró una empresa gasera utilizando sellos de la administración anterior y pidió 3 millones de pesos a los empresarios para autorizar su reapertura, lo cual indica que tenía poder y facultades de decisión; en la negociación accedió a recibir solo 380 mil pesos y pidió un moche de 3 mil pesos mensuales por cada pipa que funcionara.

El ahora ex-funcionario fue capturado con 100 mil pesos que había recogido en la gasera ubicada en San Pedro Alpuyeca en la carretera Tula-El Carmen por lo que fue consignado bajo la causa penal 77/1026.

La Procuraduría General de Justicia y el Tribunal Superior de Justicia del Estado están en la obligación de que el hecho no quede impune y que el castigo sea ejemplar, pero más allá de eso, el Subsecretario de Protección Civil y Gestión de Riesgos, Miguel García Conde-Álvarez, cuya trayectoria dentro y fuera del servicio público siempre ha sido intachable, no puede permitir que se repita un hecho así en la dependencia a su cargo, porque así como se daña a la sociedad, también se afecta la imagen institucional y de quienes laboran para la subsecretaría.

En torno a la situación no se ha pronunciado la secretaría de la Contraloría y Transparencia a cargo de Citlalli Jaramillo Ramírez, cuya área tendrá una participación fundamental en el combate a la corrupción.

Y en los municipios…

Culminado el periodo de 30 días posteriores al cierre del proceso de entrega-recepción en las administraciones municipales, parece que serán varios los Ayuntamientos los que buscarán fincar responsabilidad penal en los ahora ex-presidentes municipales por las irregularidades que en el manejo de los recursos públicos se han detectado durante la revisión y auditorías a la administración 2012-2016.

Ya se sabía que uno de los municipios en el que mayor número de inconsistencias se habían detectado es Mineral de la Reforma y que ello llevaría al ex-presidente municipal Filiberto Hernández Monzalvo a tener problemas con la justicia, por lo que antes de proceder a denunciarlo en la Procuraduría, –en lo que pareció un acto de buena voluntad-, el nuevo gobierno lo citó para que aclarara algunas cuestiones de la cuenta pública, pero éste se negó a presentarse.

Pero no solo ahí hay problemas, ahora resulta que también en pequeños municipios se han detectado irregularidades millonarias, uno de ellos lo es Tlanalapa, donde la nueva administración ha hecho público que se detectó un daño patrimonial por más de 8 millones de pesos y se le atribuyen al ex-alcalde panista Arturo Ramírez Damián, (el mismo que acumuló denuncias por abuso de autoridad y por provocar un accidente en estado de ebridad), el haber heredado deudas por diversas obras de infraestructura.

Donde a pesar de la aparente complicidad del nuevo gobierno con la administración anterior, siguen saliendo a relucir irregularidades, es en Pachuca, donde ahora resulta que el ex-presidente municipal Eleazar García Sánchez incumplió con el pago de cerca de 30 millones de pesos por salarios caidos, bonos y diversas prestaciones laborales a ex-policías municipales que fueron encarcelados en el 2009 y posteriormente fueron absueltos al no comprobárseles ningún vínculo con la delincuencia organizada.

Eleazar García decidió incumplir con la obligación de pago por parte del ayuntamiento heredarle el compromiso al gobierno de Yolanda Tellería Beltrán, así como le heredó infinidad de problemas, pese a los cuales el nuevo gobierno sigue sin hacer públicas las irregularidades que han detectado en las auditorías.

Nuevo rector…

Luego de que el médico Humberto Augusto Veras Godoy presentara su renuncia irrevocable al cargo, para integrarse como coordinador de asesores en la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), el Consejo Universitario designó el lunes 31 de octubre, al maestro Adolfo Pontigo Loyola como nuevo rector de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, (UAEH), el número 12 al frente de la institución educativa.

El relevo en la UAEH nunca ha sido visto de manera exclusiva como un asunto académico porque no lo es; la Universidad es la Máxima Casa de Estudios de la entidad y su control representa un considerable poder político que de manera indiscutible está en manos del ex-rector y ahora presidente del Patronato Universitario, Gerardo Sosa Castelán, de quien literalmente es cierto, que sin su autorización no se mueve una sola hoja.

Por ello no deja de atraer la atención siempre, el cambio de rector en la Universidad, menos cuando el sucesor de Veras Godoy, es uno de los hombres de mayor confianza del presidente del patronato, como también lo es su hermano, el doctor Agustín Sosa Castelán, que también ésta semana asumió la secretaría general de la institución.

Adolfo Pontigo tiene ante sí el reto de continuar el avance en el cumplimiento del Plan de Desarrollo Institucional, la UAEH se distingue cada vez más por su calidad académica y su aportación a la educación, la ciencia y la cultura, lo que no debe verse afectado por el relevo.

Debe investigarse…

Y quien también tiene un enorme reto es el secretario de Seguridad Pública del estado, Mauricio Delmar Saavedra, luego de que el fin de semana se fugaran de la cárcel de Pachuca, los reclusos Víctor Hugo Hernández Hernández, Pablo Olguín Barrera y Julio Adrián Ramírez Rosas.

La fuga de tres reos no tendría mayor importancia, si no fuera porque lo hicieron sin el menor problema, lo que implica complicidad por parte de servidores públicos y pone en evidencia la vulnerabilidad del sistema penitenciario en cuanto a medidas de seguridad. Resulta más que sospechoso que en un Centro de Readaptación que es el más grande y seguro del estado, haya áreas sin vigilancia y que algunos reos puedan burlar a las autoridades, a menos –claro está- que alguien los apoye.

Twitter: @JoelSanRadar