Radar Político: Ex-funcionarios a la cárcel…

PACHUCA, Hgo., 3 de octubre de 2016.- El gobernador Omar Fayad Meneses, confirmó que la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo (ASEH), ha detectado diversas irregularidades en el manejo de los recursos públicos en distintas dependencias gubernamentales durante la administración anterior, lo que podría derivar en que se soliciten órdenes de aprehensión en contra de ex-funcionarios públicos.

El mandatario no fue preciso en señalar en qué dependencias se detectaron las irregularidades, pero si fue claro en que las investigaciones avanzan en torno a presuntos desvíos de recursos, “detalles donde pueda presumirse que hubo acciones no apegadas a la ley, y con lo cual se pudo haber causado daño al patrimonio del estado” y adelantó que no solo se trata de la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo (SEPH) y de Radio y Televisión de Hidalgo como se ha dicho hasta ahora.

Se entiende que el Gobernador no dé a conocer más detalles de la investigación porque podrían entorpecerse las indagatorias y hasta alertar a aquellos que pudieran resultar con una órden de aprehensión en su contra, pero dejó claro que será la ASEH la que en su momento informe al respecto y se inicien las correspondientes denuncias penales ante la Procuraduría General de Justicia del Estado, que deberá consignar antes de que se les escapen los presuntos, como se dice que ya está ocurriendo.

Cómo habrá sido el saqueo que ha encontrado el nuevo gobierno, que por ejemplo en el caso de Radio y Televisión de Hidalgo, la anterior administración en la que fungió como director Herminio Baltazar Cisneros, no les dejó “ni siquiera papel sanitario” porque todo se lo llevaron, según lo ha revelado su nuevo titular Cristian Guerrero Barragán.

Incertidumbre en la SEPH…

Donde crece la incertidumbre entre funcionarios y ex-funcionarios por las investigaciones que podrían llevar a algunos a prisión, es en la Secretaria de Educación Pública de Hidalgo (SEPH), hacia la cual se están enfocando muchísimas indagatorias, especialmente hacia el ex-secretario Miguel Ángel Cuatepotzo Costeira; el ex-subsecretario de Administración y Finanzas, Pablo Pérez Martínez, de quien se recuerda que en noviembre del 2014 fue baleado al interior de su domicilio en condiciones muy sospechosas.

También se investiga a ex-titulares de subsistemas educativos como el Colegio de Bachilleres del Estado de Hidalgo (COBAEH), Alberto Islas Lara, de quien se dice que ya hasta abandonó la residencia que con un valor de varios millones de pesos construyó en la carretera Pachuca-Tulancingo gracias al sudor de su frente.

La secretaria Sayonara Vargas Rodríguez, ha señalado al respecto que se cumplirá la indicación del Gobernador de “cero impunidad” para las irregularidades que se detecten y hasta ha revelado que se indagan un importante número de casos por acusaciones de venta de plazas en el nivel básico y ha comenzado a dar entrevistas para informar de cómo estaban los “moches” con los concesionarios de tiendas escolares; la irregular “jubilación” que se otorgó el ex-secretario Cuatepotzo y la corrupción al interior de la dependencia, todo lo que encontró al llegar a la titularidad.

No se sabe hasta donde vaya a parar la investigación, a quienes se vaya a involucrar, ni el grado de responsabilidad que pudieran tener los ex-funcionarios de la SEPH, pero en el nivel donde se indaga la venta de plazas, la responsable de todo lo bueno y lo malo que pudiera ocurrir, era la hoy diputada local y presidenta de la junta de gobierno de la LXIII Legislatura, María Luisa Pérez Perusquía, quien se desempeñaba como subsecretaria de Educación Básica y Normal.

Por cierto que en la SEPH y en la sección XV del SNTE corre otro rumor, que para quien también podría haber ya una órden de aprehensión es para la ex-diputada Eugenia Coradalia Muñoz Espinoza, que ya sin fuero, como ex-tesorera del sindicato tendría que enfrentar cargos por el presunto desfalco multimillonario que llevó a la cárcel a la ex-dirigente magisterial Mirna García López.

Revocarán notarias…

Otro asunto que ha llamado la atención de la sociedad, es la afirmación del gobernador Omar Fayad Meneses de que se revocarán todas las patentes de notario público que se hayan otorgado de manera irregular al final de la pasada administración, si es que así lo ordena la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde actualmente se está ventilando esta situación.

Así como el titular del ejecutivo ha sido claro en señalar que “por supuesto que se podrían revocar” las notarias y que “aunque ustedes vean nombres muy importantes, el compromiso real es con la gente”, por lo que él no se prestaría a proteger una situación que se encuentre fuera de la ley y habrá que esperar a ver en qué sentido se resuelven los juicios de Amparo que se han interpuesto ante el Poder Judicial de la Federación, al cual el Gobierno del Estado le otorgará toda la información que sea requerida en cuanto a la asignación de notarias.

En el mismo sentido se ha pronunciado el secretario del Despacho del Gobernador, Israel Félix Soto, quien al referirse a los diversos casos de presunta corrupción que se están conociendo, ya dijo que el Gobierno de Hidalgo no encubrirá ni protegerá a nadie que tenga alguna responsabilidad penal, ya sea por desvíos en alguna dependencia pública o por daño patrimonial a alguno de los ayuntamientos, donde actualmente las nuevas administraciones continúan avanzando con el trabajo del proceso de entrega-recepción y podrán iniciar procedimientos conforme las facultades que les concede la ley.

Violencia laboral…

Y a un mes de que el presidente Enrique Peña Nieto, inaugurada las instalaciones de la Ciudad de las Mujeres en Tepeji del Río, 16 ex-trabajadoras han hecho público a través de diversos medios de comunicación, el maltrato laboral que sufrieron durante casi dos meses que laboraron ahí y el despido injustificado del que fueron víctimas, supuestamente por órdenes de Argelia Baltazar García, quien cubre la ausencia temporal de la directora Karoll Arteaga.

Las denunciantes han dicho que no se les quiso pagar por el tiempo que laboraron en la Ciudad de las Mujeres y que tampoco se les indemnizó, bajo el pretexto de que nunca estuvieron dadas de alta en la nómina del sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y que sus lugares serían ocupados por personal administrativo enviado desde Pachuca.

Las quejosas aseguran que ahí donde supuestamente se combate la violencia contra las mujeres y se les apoya para vivir mejor, se les amenazó con que si hacían pública la situación o acudían a los medios, menos se les apoyaría. La titular de la dependencia se encuentra ausente de manera temporal por cuestiones de salud, por lo que quien toma las decisiones es Argelia Baltazar, quien arribó al cargo con el único “mérito” de ser hija de Rosa María García ex-coordinadora de asesores del DIF, sobre quien pesan señalamientos por prepotencia, violencia laboral y haber dejado “bien colocados” a sus incondicionales, en lo que parece un fallido intento de continuar mandando al interior del DIF-Hidalgo.

Hoy el orgullo de su nepotismo también se encuentra en entredicho por los 16 despidos ocurridos el pasado viernes 30 de septiembre.

Twitter: @JoelSanRadar