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Ráfagas: Medécigo, mal inicio
@JoelSanRadar
La reciente aprehensión que agentes de la policía ministerial hicieron de Verónica Vizzuet Balderas, Coordinadora de Planeación Financiera de la Secretaría de Finanzas Públicas y una de las más cercanas colaboradoras de la ex-secretaria Delia Jessica Blancas Hidalgo, prende las alertas en diversas áreas de la administración pública estatal, pues la ahora ex-funcionaria, de quien este lunes se definirá su situación jurídica, seguía colaborado con el gobierno y aun así cayó en prisión, así que ninguno de los mandos medios que haya logrado brincar de una administración a otra, puede sentirse seguro, y es más, hasta puede que esté sujeto a investigación.
A Verónica Vizzuet que está en prisión preventiva y que muy probablemente hoy sea vinculada a proceso, se le acusa por haber autorizado con su firma un pago de 12 millones de pesos para “Aktaion Digital, S.A.”, la empresa que sirvió como fachada para desviar 144 millones de pesos de la SEPH con el falso pretexto de que habían sido hackeados sus sistemas y ahora habrá que ver hacia dónde se orienta la investigación, hacia la Secretaría de Finanzas (ahora de Hacienda), donde también está pendiente fincar responsabilidades por el caso Accendo y los 864 millones o hacia la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo.
Respecto a ésta última se encuentra prófugo el ex-secretario Atilano Rodríguez Pérez y, en prisión, el ex-subsecretario de Administración Pablo Moreno Calva, pero sigue sin definirse el grado de responsabilidad en el que pudieron haber incurrido algunos de sus colaboradores; su sucesora María del Carmen Mandujano Cerrilla, de quien en el caso Aktaion aparece su firma en calidad de Tesorera de Recursos Financieros; en las indagatorias también están los nombres de Rubén Curiel Carrasco “El señor de los trailers”, ex-secretario técnico; Leopoldo Rodríguez Valdez, ex-director de Recursos Financieros y Fernando Vázquez Torres, ex-director de Contabilidad, Cuenta Pública y Análisis Financiero, entre otros. ¿Quiénes seguirán los pasos de sus jefes?
Aktaion Digital fue representada en varios actos jurídicos por Vianey Yadira Mora Marín y Tania Edith Ayala Trejo; no hay que perder de vista la evolución de las investigaciones.
LA SUEGRA INCÓMODA…
Sin una trayectoria política que justificara su llegada al Senado de la República, un desempeño gris y un trabajo que se ha distinguido por su subordinación hasta la indignidad ante el Ejecutivo federal y sus constantes viajes al extranjero con cargo al erario, la senadora hidalguense María Merced González González, saltó a la fama pública cuando la joven Daniela García, la acusara públicamente a ella y a su hijo Luis Ramsés Flores, de haberla golpeado salvajemente a ella y a un hombre de 84 años de edad, a causa de un conflicto legal que sostenía con el vástago de la legisladora por la custodia de un menor.
El asunto no pasó a mayores en el terreno legal, María Merced González se amparó en el poder de su encargo, a su hijo nadie lo molestó y la nuera que había denunciado a la suegra malvada, murió meses después en un extraño accidente; hoy la legisladora vuelve a ser motivo de comentario, luego de que se registrara como aspirante de Morena para buscar la reelección como senadora en el 2024, para que en caso de ganar se quede en la Cámara Alta hasta el 2030.
Pero González González no está sola en la intención de ser candidata el próximo año, al igual que ella ya presentó su solicitud el diputado federal Cuauhtémoc Ochoa Fernández y ha levantado la mano para la reelección la senadora Nuvia Magdalena Mayorga Delgado, a quien le gustaría ser la propuesta del PVEM en caso de alianza; buscan el mismo escaño, el secretario de Educación, Natividad Castrejón Valdez y probablemente el senador Navor Alberto Rojas Mancera; sin embargo no hay que descartar la posibilidad de que la postulación sea para la magistrada Rebeca Stella Aladro Echeverría.
CONTRALORÍA, LA ALERTA…
Las recientes declaraciones que el secretario de la Contraloría, Álvaro Bardales Ramírez, hizo públicas para alertar en torno al riesgo que corren las finanzas de algunos ayuntamientos a causa de los adeudos millonarios por laudos que comprometen su presupuesto, generaron desde otra secretaría, una serie de descalificaciones contra el funcionario acusándolo de inmiscuirse en asuntos que no son de su competencia como lo es lo laboral, sin embargo, pese a que otros quieran tapar el sol con un dedo y fingir que todo está bien en materia de trabajo, la advertencia del Contralor es oportuna para evitar que en otros municipios se repita la historia.
Ejemplo de la gravedad del asunto del que alerta Bardales Ramírez, lo es el municipio de Francisco I Madero, donde la administración de Raúl Olguín Pardo está comprometida con más de 42 millones de pesos que les debe a ex-trabajadores y simplemente no tiene cómo hacer frente a su obligación, lo que ha derivado en otras cuestiones que exhiben la ignorancia e incompetencia de los miembros del ayuntamiento, como lo es el hecho de que usurpando atribuciones del Congreso local, alcalde y regidores hayan suspendido del cargo a la síndica Aida Olvera Percastegui.
Si ella lo solicita, los magistrados del Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo tendrán que reinstalarla en el cargo, pero queda en evidencia el desconocimiento de la ley por parte de la alcaldía y que cuando un funcionario cumple con su deber y alerta de algo importante, surgen voces discordantes, aunque esas mismas sean señaladas de obstaculizar el trabajo de la Junta de Conciliación, lo que está provocando una parálisis en el rubro laboral.
COBAEH, ASUNTO SERIO…
El segundo informe de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo en relación a la cuenta pública del 2022, pone en el ojo del huracán a funcionarios del Colegio de Bachilleres del Estado de Hidalgo de la presente y pasada administración, pues de acuerdo al resultado individual, el COBAEH deberá solventar observaciones por más de 42 millones 365 mil pesos que se detectaron como irregularidades, entre las que destacan pagos improcedentes, no hacer válidas clausulas y penalizaciones de algunos contratos e incluso una transferencia bancaria no reconocida y gastos menores en papelería.
El problema para el organismo que aun dirige Raúl López Valdez, es que deberán justificar una erogación de 36 millones 391 mil pesos, por concepto de pago a una empresa, por software de un “sistema de autoaprendizaje móvil”, del que según la documentación con la que se cuenta no se recibió el número de licencias pagadas y además coincidía en contenidos con libros que ya se tenían, por lo que la duplicidad implica otra irregularidad.
El Colegio de Bachilleres es uno de los 9 organismos de la SEPH con observaciones de consideración, también deberán solventar muchos recursos 8 universidades, aunque en el caso de la Politécnica y la Tecnológica de Tulancingo no podrán echarle la culpa a la administración anterior, pues sus titulares fueron ratificados por el nuevo gobierno.
De Refilón: En el terreno judicial, esta será una semana interesante para dos ex-funcionarios públicos que en su momento gozaron de gran poder; primero porque este lunes 6, dentro del juicio de amparo 1810/2023, se llevará a cabo la audiencia incidental, para decidir el destino de la residencia ubicada en los lotes 286 y 286 bis de Paseo del Roble en la 3ª sección del exclusivo Club de Golf en Pachuca, inmueble que por 18 millones 136 mil pesos le fue asegurado al ex-subsecretario de la SEPH, Pablo Pérez Martínez que vive una larga temporada en prisión.
Y el viernes 10, en los juzgados penales se realizará la audiencia inicial dentro de la causa penal 1453/2023, en la que se definirá si se vincula a proceso o no, al ex-secretario de Turismo, Eduardo Javier Baños Gómez, por delitos en agravio de la fe pública y la administración de justicia, como lo son el Uso de Documentos Falsos y el Fraude Procesal.
Las opiniones y conclusiones expresadas en el artículo son de exclusiva responsabilidad del autor y no necesariamente reflejan la posición de Quadratín.