
Ráfagas: Sectur Hidalgo, caravana con sombrero ajeno
PACHUCA, Hgo., 17 de Julio de 2017.- A pesar de que el procurador general de justicia del estado, Javier Ramiro Lara Salinas, se ha anticipado a calificar el homicidio múltiple de 11 personas en Tizayuca como “un ajuste de cuentas” y a hasta insinuar que fue por los antecedentes penales de uno de los victimados, por haber estado en algún momento encarcelado por el delito de secuestro, el hecho no deja de causar temor entre la población de ese municipio, que ve con preocupación los altos índices delictivos en esa zona, que ya puede ser considerada como un foco rojo en la entidad.
De manera insistente se ha dicho que algunos municipios colindantes con el Estado de México representan un verdadero problema para la seguridad, pero en el caso de Tizayuca, ya se tenían antecedentes de que las colonias El Carmen, Haciendas de Tizayuca y Tepojaco, se estaban convirtiendo en un refugio para grupos criminales, incluso de extranjeros, especialmente Villa Milagros, sitio donde casualmente ocurrió el crimen que le costó la vida a 4 hombres y 7 mujeres, una de ellas policía de la Ciudad de México.
El gobierno del alcalde Gabriel García Rojas ha sido rebasado en su capacidad, la policía municipal tizayuquense ni soñando puede hacer frente a lo que ahí ocurre y es evidente que la Secretaría de Seguridad Pública del estado que dirige Mauricio Delmar Saavedra, tampoco ha sido capaz de contener a los delincuentes que han invadido la zona, situación que no solo daña a la población, sino que podría afectar negativamente el desarrollo de la entidad, pues ahora que se está intentando atraer más inversiones de Hidalgo, seguro que para los inversionistas no será tan atractivo el exponer su patrimonio en un lugar donde la seguridad no está garantizada.
¿NO QUE NO?…
Aunque el gobierno municipal de Pachuca que preside la alcaldesa Yolanda Tellería Beltrán afirmó de manera reiterada que no hay elementos para promover la nulidad del contrato que el ex-alcalde Eleazar García Sánchez firmó en el 2015 con la empresa Comuni Park para concesionarle 2 mil 500 cajones de estacionamiento en la vía pública, lo cierto es que ya se ha demandado y, si en realidad se aplica la ley en la entidad, el Tribunal Fiscal Administrativo terminará declarando nulo dicho convenio.
El regidor Nabor Alberto Rojas Mancera y el abogado Julio Ramón Menchaca Salazar han promovido el juicio de nulidad del contrato y, luego de que el magistrado Octaviano Chávez Bustos emitió el acuerdo admitiendo la demanda y ha ordenado emplazar a las partes, la alcaldesa Yolanda Tellería y los integrantes del Ayuntamiento, cuentan con 10 días hábiles para responder, ya sea allanándose a las pretensiones u oponiéndose a ellas, lo que de ocurrir, confirmaría, algún contubernio entre la autoridad y la empresa que controla los parquímetros en Pachuca.
Está más que claro que el contrato es ilegal y que presenta muchas irregularidades, pero extrañamente en el gobierno de Eleazar García, ya sea por ignorancia o por corrupción, ninguno de los integrantes del ayuntamiento se opuso, pero sería muy extraño que una vez conociendo tantas inconsistencias, sigan sin oponerse a que siga adelante el robo a la ciudad que desde hace casi dos años se realiza a través de Moviparq y sus aparatos tragamonedas. Habrá que conocer de qué manera contesta la alcaldía, pero esto se sabrá una vez que pasen las vacaciones.
PERO HAY MUCHO MÁS…
Desgraciadamente el gobierno de Pachuca parece no estar al lado de los intereses de la ciudad y de sus pobladores, sino en favor de los de la empresa privada, pues la alcaldesa Tellería Beltrán, ya se adelantó a decir que el juicio por los parquímetros no dará resultado y que no se podrá revocar el contrato, pero por fortuna no es ella quien tiene la decisión y habrá que esperar a que sean los magistrados del tribunal, quienes determinen lo que conforme a derecho proceda.
El asunto de los parquímetros no será el único que dé de qué hablar, pues también deberá resolverse en su momento, lo correspondiente a otro contrato irregular, que es el firmado por el ex-alcalde Eleazar García Sánchez con la empresa publirex, a la que prácticamente le regaló por 15 años toda la infraestructura urbana que representan los puentes peatonales de la ciudad, para que como si fueran los dueños, los utilicen para la renta de espacios publicitarios.
Dicho contrato no le representa utilidad alguna al municipio, el beneficio al 100% es para la empresa privada, situación que es muy extraña, tanto como el lucro que por 137 millones de pesos a su favor obtuvo otra empresa, Cambio Verde, con el asunto de la basura, en cuya concesión tampoco cumplió. Eleazar beneficio con mucho a esas firmas privadas, deberá investigarse el porqué.
¿PERIODO EXTRAORDINARIO?…
Y en el Congreso del Estado de Hidalgo habrá de debatirse en los próximos días, si se convoca o no a un periodo extraordinario de sesiones para lograr sacar adelante la aprobación de reformas al Código Electoral con miras al proceso del 2018, año en el que en la entidad se votará para elegir a los diputados integrantes de la LIV Legislatura local.
A través del legislador Luis Enrique Baños Gómez, quien además es presidente de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional ha expresado estar dispuesta a sesionar las veces que sean para que la reforma está lista antes del 13 de septiembre, fecha límite que establece la legislación estatal para realizar modificaciones, es decir, 90 días antes del 15 de diciembre, día en el que formalmente iniciará el proceso electoral.
El resto de los partidos no han mostrado ninguna voluntad en favor del periodo extraordinario, es más, el Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), ni siquiera ha participado en la mesa política a la que convocó el secretario de Gobierno, Simón Vargas Aguilar, ni envió un representante a las pláticas de la mesa técnica, quizás en un intento por boicotear lo que hace el estado para lograr acuerdos que le brinden mayor certeza a los comicios.