Radar Político: La «austeridad» judicial…

PACHUCA, Hgo., 11 de noviembre de 2024.- Mientras la Reforma Judicial avanza rompiendo el equilibrio que debe haber entre los poderes y amenazando cada vez más la independencia con la que deben emitirse las resoluciones jurisdiccionales, el Consejo de la Judicatura del Estado, da más argumentos a los detractores del Poder Judicial y a quienes tachan a los magistrados de privilegiados y derrochadores, de ser una burocracia dorada y no respetar la “austeridad republicana” que pregona pero que no practica la 4T, al aprobar gastos tan “urgentes” como “necesarios y austeros”, como la adquisición de 150 pines institucionales, 30 de ellos con baño de oro, a razón de 324 mil pesos.

El asunto de los 150 pines que les proveerá Enrique Mercado Omaña, pareciera un asunto menor, aunque de hecho lo es si se compara con los 28 millones de pesos que el Poder Judicial que preside la magistrada Rebeca Stella Aladro Echeverría, gastará en el arrendamiento de 30 vehículos por dos años para los jefazos; de acuerdo a la licitación CJPJEH-LPN-21-2024, la empresa Jet Van Car Rental, S.A. de C.V., les proporcionará 7 camionetas Dodge Durango; 1 Volkswagen Jetta confort line; y 16 camionetas VW Tiguan R line y 6 Tiguan Trend line, que serán utilizados por consejeros y magistrados de octubre del 2024 a septiembre del 2026.

El detalle es que el arrendamiento no es para “fortalecer el patrimonio del Poder Judicial” como se dice en estos casos, sino los haberes de los usuarios, ya que al final del periodo del arrendamiento que pagará la judicatura, ellos como particulares podrán adquirirlos a mitad de precio. Extrañas formas de contratar, pagarán del presupuesto, casi un millón de pesos por el uso de cada auto por dos años, casi como si los hubiesen comprado. Y luego no quieren que la gente los llame privilegiados.

TEPEAPULCO, LA DENUNCIA…

La avenida principal de la Zona Industrial, recientemente inaugurada en Ciudad Sahagún por la repavimentación con concreto hidráulico que pagó el ayuntamiento de Tepeapulco, fue la obra de infraestructura más importante que realizó la administración de la ex-alcaldesa Marisol Ortega López, pero podría ser también, la que la lleve ante la justicia, pues ante la Procuraduría General del estado se ha interpuesto una denuncia, por el posible desvío de más de 5 millones de pesos y los deficientes trabajos en su ejecución, lo que viene a acumular más expedientes en contra de la también presidenta del consejo estatal de Morena en Hidalgo.

La obra en la que se invirtieron 57 millones de pesos, de los cuales 54 millones 999 mil correspondieron a la primera etapa, fue realizada por Solutintec, S.A. de C.V., empresa que lo mismo provee lunches al gobierno de Puebla o construye puentes -aunque después se caigan- como ocurrió en Querétaro, donde está inhabilitada por ese motivo y ahora se cuestiona la calidad y si se cumplió con las especificaciones establecidas, sin considerar que el moderno bulevar debió terminarse en el mes de abril y fue inaugurado hasta finales de agosto porque no lo acababan.

El problema para Marisol Ortega es que adicional a ello se mantiene vigente en el juzgado de Apan, la causa penal 84/2024, por la privación ilegal de la libertad que le atribuyen un ex-síndico y 7 ex-regidores, por hechos ocurridos en agosto del 2023, los cuales prácticamente le costaron la candidatura a la diputación local, de la cual se tuvo que bajar precisamente cuando era requerida para la audiencia inicial.

BIENESTAR ¿EN SERIO?…

En cumplimiento al compromiso de la presidente Claudia Sheinbaum Pardo, de realizar las Jornadas Médicas, para que los adultos mayores reciban la visita del personal de salud directamente en su hogar, la delegación Hidalgo de Programas del Bienestar, trabaja en la integración del Censo de quienes serán beneficiados con este servicio, por lo que los llamados “Servidores de la Nación” visitan casa por casa en los diferentes barrios, colonias y comunidades para integrar el listado, tarea que no es nada fácil, pero que se vuelve más difícil cuando el mismo personal boicotea los objetivos.

Y es que en la delegación en la que Abraham Mendoza Zenteno fue ratificado como titular, se acumulan las quejas ante la falta de sensibilidad y criterio por parte de los “Servidores de la Nación”, que carentes de un protocolo y faltos de empatía, incurren en graves omisiones al excluir a personas vulnerables o con discapacidad, tan solo por no abrirles la puerta o no estar presentes al momento de su visita, como ocurrió esta semana en la colonia Morelos de Pachuca, donde a decir de los vecinos, un adulto mayor, que además es sordomudo, quedó fuera del listado, solo por no estar en posibilidades de atender a la burócrata del bienestar.

El asunto es serio, porque con ese actuar, ni sirven a la nación, ni cumplen los objetivos de la jornada ordenada desde la presidencia; y es grave, porque además de omisos incurren en discriminación, quizás sin que los mismos jefes se enteren. Ante casos “especiales” como el aquí citado, urge el establecer mecanismos o un protocolo, para subsanar esos errores, que pueden costarle mucho a adultos mayores a los que se pretende beneficiar.

De Refilón: Pretendiendo quedar bien con los dirigentes de su partido Morena, el presidente municipal de Ixmiquilpan, Emanuel Hernández Pascual y algunos de sus funcionarios, incurrieron este domingo en actos que violentan derechos ciudadanos, al reprimir a un grupo de morenistas, que mostraban pancartas y expresaban consignas en contra del presidente estatal del partido Marco Antonio Rico Mercado, durante la asamblea informativa que realizaron con motivo de la reforma judicial.

No es la primera vez que militantes se expresan contra Marco Rico, quien incluso ha señalado que es parte del ejercicio democrático y lo acepta; pero ante cerca de 120 asistentes, los presidentes municipales de Pacula, Tasquillo y Chilcuautla así como dos diputadas, los inconformes fueron corridos, todo por el afán lambiscón del alcalde ixmiquilpense.

Postdata: Pese al insistente llamado de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo, para que el gobierno de Tepeji del Río se sume al Mando Coordinado, para hacer más efectivos los operativos policiacos y la canalización de recursos, la alcaldesa Tania Valdez Cuellar, insiste -sin exponer sus razones-, en rechazar el ofrecimiento, mientras en el municipio sigue creciendo el problema de inseguridad y algunos ilícitos como la extorsión.

Ciertamente el artículo 115 constitucional le da al municipio la facultad de decidir si se suma o no, pero más allá de la ley, pareciera que el gobierno de Tania Valdez obedece a otros intereses, solo así se explica que mientras crece la delincuencia en Tepeji, ella vacile entre el sí y el no para colaborar con el estado.

@JoelSanRadar

Las opiniones y conclusiones expresadas en el artículo son de exclusiva responsabilidad del autor y no necesariamente reflejan la posición de Quadratín.