Radar Político: Murillo, fuego en su pradera…

@JoelSanRadar

La resolución de un tribunal colegiado, que confirma la vinculación a proceso de la notaria hidalguense Judith Araceli Gómez Molano, prende nuevamente el fuego en la pradera del “Grupo Hidalgo” tan empoderado en la administración del ex-presidente Enrique Peña Nieto; pero esta vez el escándalo de corrupción que se hace público, impacta de manera específica contra el ex-gobernador Jesús Murillo Karam, pues la serie de delitos que se le imputan a quien fuera su Oficial Mayor, se cometieron bajo su mando y durante el tiempo en el que se desempeñó como Procurador General de la República.

Araceli Gómez porta una tobillera electrónica y prácticamente ha estado con un pie en la cárcel, primero por la compra a sobreprecio de un jet de lujo para uso de su ex-jefe, lo que representó un desfalco de más de 60 millones de pesos a la PGR, pero el asunto que finalmente podría llevarla a prisión a ella y a otros, es por el Uso Indebido de Atribuciones y Facultades, Peculado, Fraude Equiparado y Asociación Delictuosa, ilícitos que le causaron a la procuraduría un daño patrimonial de 852 millones, correspondientes a una partida de Gastos de Seguridad Pública y Nacional.

La investigación que impulsa la Fiscalía General de la República, dice que los recursos fueron aplicados de manera irregular y con una serie de anomalías en la adquisición de equipo informático, de comunicaciones e inteligencia, así como 24 camionetas equipadas para espionaje; según los enterados, ahí se instalaron unos pequeños maletines con una antena de interferencia, capaz de intervenir teléfonos y comunicaciones de manera imperceptible en un radio de 500 metros a la redonda, se llaman Sistemas Tácticos Verint de Inteligencia GI2. Las unidades las vendió la empresa Vans y Suvs de Lujo, mientras que las maletitas y equipos se le compraron a la firma Acumen Telecomunicaciones.

ISSSTE, EL ADEUDO…

Asunto que no hay que perder de vista, es el multimillonario adeudo que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), reclama a los gobiernos de diversos estados, entre ellos al de Hidalgo, el que según el director general Luis Antonio Ramírez Pineda, debe 3 mil 914.6 millones de pesos al organismo, al que se le han pagado cuotas y aportaciones, pero no lo correspondiente a las cuentas individuales para seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, lo que afecta a los burócratas no en cuanto a los servicios médicos, pero sí en las prestaciones.

La cantidad ubica a Hidalgo en el 7º lugar entre las entidades deudoras y casi todo corresponde a personal de la Secretaría de Educación Pública; y hasta donde se sabe, aún no se establece un convenio de pago con el ISSSTE, que ya empieza a ejercer medidas de presión para que se le cubra el adeudo.

Sobresale que el ISSSTE ha logrado que se incluyan en la ley de responsabilidades administrativas, sanciones a los servidores públicos que incumplan con su obligación de enterar al instituto de seguridad, las cuotas de los trabajadores burócratas, que por los adeudos son afectados en rubros como el de vivienda, prestamos y, de seguir así, en un futuro cercano, también en el pago de pensiones.

ASEH, SE LAVA LAS MANOS…

La Auditoría Superior del Estado de Hidalgo (ASEH), ha confirmado a través de su titular Armando Roldán Pimentel, inconsistencias por 1 millón 159 mil 896 pesos, en el manejo de los recursos del Congreso del Estado durante el tiempo en el que fungió como presidente de la Junta de Gobierno, el ex-diputado y ahora regidor Ricardo Raúl Baptista González, pero si alguien piensa que eso le podría traer problemas al también ex-alcalde de Tula, está muy equivocado.

Y es que la ASEH que desde casi siempre interviene y ha servido únicamente para perseguir a los opositores en turno, se ha lavado las manos en el caso del Ricardo Baptista y según el auditor Armando Roldán, se ha turnado el expediente a la Contraloría Interna del Congreso del Estado, que será el organismo que dicte la última palabra, pues es su facultad el proceder o no por las irregularidades y hasta adelantó que las sanciones a aplicar podrían ser de índole administrativo.

Resulta evidente que a diferencia de lo que ocurre con opositores como los ex-alcaldes de Mineral de la Reforma, Atotonilco de Tula y Apan, en la ASEH les tembló la mano tratándose de Ricardo Baptista, pues morena sigue siendo mayoría ahora en la LXV Legislatura local y, por si fuera poco, el grupo afín a Baptista González sigue con posiciones importantes en el congreso, como el Instituto de Estudios Legislativos a cargo del ex-diputado Jorge Mayorga Olvera y el Instituto para el Desarrollo y Fortalecimiento Municipal, cuyo director es Salvador Sosa Arroyo.

SOSA, GANA AMPARO…

A pesar de que no se le ha dado amplia difusión al asunto, la defensa del ex-diputado Gerardo Sosa Castelán, ganó una importante batalla legal a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pues la magistrada Martha Estrever Escamilla, que preside el 3er Tribunal Unitario Penal del Estado de México, desechó un juicio de amparo interpuesto por la dependencia, que pretendía vincular a proceso al ex-rector, acusándolo por presunta defraudación fiscal por casi 8 millones de pesos, correspondientes al ejercicio 2017.

El Poder Judicial de la Federación consideró que la Secretaría de Hacienda no puede promover juicios de amparo para que persona alguna pueda ser procesada por un delito de carácter fiscal y dio la razón a Sosa Castelán, que el 3 de febrero ya había obtenido su primer triunfo cuando un juez de distrito decidió no vincularlo por defraudación fiscal, al estimar que la Fiscalía General de la República no había aportado los elementos necesarios para hacerlo; ahora el Tribunal Unitario confirmó esa resolución.

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DE REFILÓN: Cuentan que más allá del deseo de que se cumplan los reglamentos, detrás de la clausura del proyecto “Desarrollo Inmobiliario Jardines Residencial” en Pachuca, está el interés económico. Parece ser un grupo político vinculado a la construcción de vivienda, el que puja lo suficiente para frenar el fraccionamiento que había sido autorizado en el gobierno de Yolanda Tellería y que les representaría a los desarrolladores, “GrupoMayida”, casi 700 millones de pe$o$.

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