@JoelSanRadar

Hace una semana en este mismo espacio, comentamos que un juez de la Ciudad de México ordenó inmovilizar cerca de 8 millones de pesos a la empresa hidalguense Alvarga Construcciones, dirigida por Miguel Ángel Tello Ludlow; firma a la que desde el 2016 se le vincula públicamente con el ex-gobernador Jesús Murillo Karam por compartir sociedades e intereses con Sandra Georgette y Jesús Murillo Ortega, hijos del también ex-Procurador General de la República, en cuya gestión tuvo como secretario particular a Gerardo Ruiz Dosal, hijo del entonces secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, cuya dependencia dio 4 mil 625 millones de pesos en contratos a las empresas vinculadas a la familia Murillo.

Pero como si se tratara de un efecto dominó, una semana después se da a conocer que se investigan los contratos que por 7 millones de pesos, otorgó la Fiscalía General de la República, los días 23, 24 y 25 de junio a través del subcoordinador de Servicios Especializados, Enrique Piña Tafoya, a la empresa Kuoro Desarrollos, es decir a los hijos del ex-gobernador, para que realicen obras en las oficinas delegacionales de la FGR en los estados de Baja California, Jalisco y Sonora.

En las indagatorias aparece un nuevo jugador hidalguense, la empresa Concretos San Cayetano, supuesta fabricante de ladrillo y tejas que curiosamente también ha recibido y participado en millonarios contratos dentro y fuera de la entidad, incluso en el proyecto del cancelado Aeropuerto Internacional, pero casi siempre de la mano de Alvarga Construcciones, la misma que entre 2012 y 2015 recibió 1 mil 876 millones de pesos en obras gracias a su cercanía con Murillo Karam. Por cierto, San Cayetano incluye en su historial algunas sanciones, incluso en Tamaulipas.

JMK, LOS PENDIENTES…

Que a la empresa Kuoro le investiguen contratos por 7 MDP o a Alvarga le congelen lo correspondiente a 8 MDP, seguramente no son asuntos que le preocupen al ex-gobernador Murillo Karam; pero no hay que olvidar que aún están pendientes las indagatorias por el presunto desvío de más de 102 millones 512 que se dio en la División de Asuntos Internos de la PGR entre el 2012 y 2015, bajo su mando, concretamente entre 2013 y 2014 la dependencia no logró justificar los recursos destinados al pago de confidentes, soplones y operativos de seguridad pública y seguridad nacional.

Lo que ha trascendido desde hace más de un año, es que del dinero no justificado, el entonces director de Recursos Financieros de la PGR, Luis Lagarde Vázquez recibía 5 MDP en efectivo cada mes y ahí en el expediente también se ubica a Jaime Luna Ángeles, coordinador administrativo de la División de Asuntos Internos también llamada Visitaduría General, entonces a cargo de Lidia Noguez Torres, quien hoy despacha como presidenta de la Comisión de Carrera Judicial y Justicia del Consejo de la Judicatura del Estado.

Por si fuera poco, aun no está cerrada la investigación en torno a la compra a sobreprecio de un jet de lujo para uso del procurador Murillo, autorizada por la ex-oficial mayor de la PGR y notaria hidalguense, Judith Aracely Gómez Molano, que pagó por la aeronave 19.6 millones de dólares, en vez de los 16.4 MDD que valía, lo que representó un daño patrimonial de 64 millones de pesos al erario mexicano. Todo junto, sí que es para preocuparse.

IXMIQUILPAN, LA SEGURIDAD…

Asunto que también es de preocupación, es el referente a la seguridad pública en Ixmiquilpan, donde este 21 de julio rindió protesta Araceli Beltrán Contreras como la primer mujer presidente municipal, pues casi de inmediato el ex-diputado federal Cipriano Charrez Pedraza, desaforado y preso por homicidio y tentativa de homicidio, le expresó su apoyo desde la cárcel y ella, en correspondencia, le entregó la seguridad de los ixmiquilpenses precísamente a los Charrez, nombrando como director de la policía municipal a Aarón Charrez Palomo, sobrino de Cipriano y de Pascual, el primero en la cárcel y el segundo, señalado en una conferencia de prensa de Andrés Manuel López Obrador, como supuesto protector de un grupo de delincuencia organizada.

A la alcaldesa morenista no le duró mucho el gusto de entregarle el control de la policía al grupo de los Charrez, pues cerca de 60 uniformados se manifestaron inconformes con la imposición, por la falta de formación policiaca del impuesto; denunciaron que eso ponía en riesgo la seguridad incluso de los elementos y se pronunciaron porque llegue al cargo gente que sí esté capacitada y que cuente con sus exámenes de control y confianza aprobados.

Araceli Beltrán tuvo que echar marcha atrás y nombrar de manera provisional a Mario Bautista Pérez; pero mientras, ya dejó en evidencia a qué intereses responde y a qué grupo sirve. Ahora habrá que ver si Ixmiquilpan ya se suma al mando coordinado o si ella decide que la seguridad siga controlada por sus antecesores.

TRIUNFO CONFIRMADO…

En el terreno político, los magistrados de la sala regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación correspondiente a la Quinta Circunscripción, ratificaron el triunfo obtenido en las urnas por Sayonara Vargas Rodríguez y desecharon las impugnaciones mediante las cuales el aun diputado federal por el VI distrito de Hidalgo, Fortunato Rivera Castillo, buscaba anular la elección con argumentos tan ridículos como los supuesta colusión del Ministerio Público, denunciantes, partidos políticos y medios de comunicación para divulgar una denuncia en la que se le involucra en delitos sexuales.

También desestimaron el argumento de que Sayonara Vargas no acreditaba su condición de origen indígena, a pesar de que es público que nació en el municipio de Huautla e igualmente desecharon el alegato de Rivera Castillo de que habían sido manipulados los paquetes electorales, de lo cual no hubo ninguna evidencia, por lo que se ratificó la constancia de mayoría expedida en favor de la hoy diputada electa, que al ser la única priista que ganó la curul por el principio de mayoría y está identificada con el proyecto del Gobernador del estado, jugará un papel importante.

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DE REFILÓN: El rechazo de las escuelas particulares a la Norma Oficial Mexicana 237-SE-2020 expedida por la Secretaría de Economía, podría generar conflictos graves si se les pretende obligar al regreso a clases presenciales bajo esos términos. Para empezar con esa NOM la dependencia se asume atribuciones que no tiene y, a las inconformidades de los empresarios de la educación se ha sumado la COPARMEX y a ver cuantos más.

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