Radar Político: PGR, el desvío…

@JoelSanRadar

Aunque no lo han dicho así, todo indica que la Fiscalía General de la República va por el ex-procurador Jesús Murillo Karam y algunos de quienes fueron sus más cercanos colaboradores durante el tiempo que se mantuvo al frente de la Procuraduría del 2012 al 2015, ahora por un presunto desvío de 102 millones 519 mil 297 pesos, algo así como 7.8 millones de dólares, según lo ha revelado la dependencia.

La fiscalía de Alejandro Gertz Manero, indaga de manera concreta el gasto efectuado durante los años 2013 y 2014 en la División de Asuntos Internos de la PGR, con dinero que estaba destinado al pago a confidentes y soplones de la procuraduría, así como a operativos relacionados con seguridad pública y seguridad nacional, pero de esos recursos que se manejaban de manera discrecional, no existe registro de qué se hizo con 102 millones y solo se sabe que el entonces director de Recursos Financieros, Luis Lagarde Vázquez recogía puntualmente cada mes, 5 millones en efectivo.

En las indagatorias de la PGR se involucra a otros dos hidalguenses además de Luis Lagarde; se trata del coordinador administrativo de esa área, Jaime Luna Ángeles y la titular de la División de Asuntos Internos que también era conocida como la Visitaduría General, Lidia Noguez Torres, que actualmente es presidenta de la Comisión de Carrera Judicial y Justicia Administrativa del Consejo de la Judicatura del Estado; los tres tenían firma autorizada para retirar el dinero que se investiga.

EQUIPO DE MURILLO…

La Fiscalía tiene otros frentes abiertos hacia el ex-gobernador Murillo Karam, el primero lo formalizó en febrero cuando la notaria número 24 Judith Aracely Gómez Molano, ex-Oficial Mayor de la PGR, fue vinculada a proceso por la compra a sobreprecio de un jet de lujo para uso de su ex-jefe, el cual estaba valuado en 16.4 millones de dólares pero fue pagado en 19.6, causando un daño patrimonial al erario de al menos 64 millones de pesos.

Otro frente quedó al descubierto ésta semana, cuando se anunciaron 46 órdenes de aprehensión en contra de ex-servidores públicos por el caso Ayotzinapa, entre ellos Tomás Zerón de Lucio, ex-director de la Agencia de Investigación Criminal, todos por haber falseado información en torno a la desaparición de los 43 durante la noche de Iguala, creando de manera ficticia la “verdad histórica” de Murillo.

Pero el frente más importante de la FGR va también hacia el periodo de Murillo Karam como procurador, lapso en el que tres empresas de la familia, Alvarga Construcciones, Kouro Desarrollo e Itrio Arquitectos, fueron beneficiadas con contratos de obra por 4 mil 625 millones 952 mil 122 pesos por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), en la gestión de Gerardo Ruiz Esparza que recién falleció, pero cuyo hijo Gerardo Ruiz Dosal, era secretario particular de Jesús Murillo.

La empresa Itrio recibió contratos por mil 237 millones; Kuoro, mil 411 y Alvarga, mil 876; el ex-diputado federal y ex-candidato a senador por Hidalgo, Alejandro González Murillo, fue director de una de esas empresas. La ruta del dinero es seguida por la Unidad de Inteligencia Financiera que dirige Santiago Nieto Castillo.

BUSCAN AMPARO…

Quienes ya sienten que les llega el agua al cuello son los aun presidentes municipales de Ixmiquilpan y Zimapán, Pascual Charrez Pedraza y Erick Marte Rivera Villanueva, incluidos en la lista de los 17 objetivos más importantes para el combate a la delincuencia en Hidalgo y señalados de formar parte o de brindar protección a grupos delictivos dedicados al huachicol, el secuestro y hasta el narcomenudeo en el Valle del Mezquital.

Pascual Charrez, hermano de Cipriano que fue desaforado como diputado federal, ya logró del Juzgado 2º de Distrito una suspensión provisional en el juicio de amparo 389/2020 dejando una garantía de 15 mil 319 pesos, pero quien no ha tenido la misma suerte es el zimapense Erick Marte, a quien le fallaron sus abogados, que por su mal trabajo provocaron que le negaran el amparo que había promovido.

VAN LOS CONCEJOS…

Y ante la imposibilidad de que para el 5 de septiembre haya autoridades electas en los 84 municipios, en el Congreso del Estado que preside la diputada María Luisa Pérez Perusquía, ya se inician los preparativos para lanzar la convocatoria mediante la cual elegirán a los integrantes de los Concejos de Administración que conforme al artículo 34 de la Ley Orgánica Municipal, iniciarán funciones en sustitución de los actuales ayuntamientos.

De acuerdo a la norma serán 594 los concejales designados por el Poder Legislativo a razón de un presidente, un vocal ejecutivo y cinco vocales por cada uno de los 84 municipios, pero en aquellas demarcaciones que superen los 100 mil habitantes, la ley contempla el nombramiento de dos vocales ejecutivos que cumplirán la función asignada a los síndicos, mientras que el resto de los miembros de la vocalía asumirán la labor que corresponde a los regidores.

Los diputados serán responsables de designar concejales, por lo que algunos ya se muestran ansiosos por repartir el hueso y acomodar a sus incondicionales –aunque sea temporalmente- con miras a aspiraciones futuras. Dicen que el más desesperado es el diputado Ricardo Baptista González a quien atribuyen un exabrupto contra sus compañeros legisladores por no apurarse en esta tarea.

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Finalmente, donde parecen no tomarse en serio los riesgos que para la salud representa la pandemia, es en la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo, pues ayer trascendió que en las oficinas del Órgano Interno de Control, pese a existir un caso positivo a COVID y dos sospechosos, se mantiene trabajando más del 50% del personal, no se aplican medidas de protección en el acceso y además en los sanitarios carecen de agua, luz, jabón y papel para mantener la mínima higiene.

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