Columna Descomplicado
@JoelSanRadar
La afirmación del gobernador Julio Menchaca Salazar, de que el presunto desvío de 207 millones 653 mil pesos, en el que se involucra a seis presidentes municipales pudiera ser, apenas la punta del iceberg de la corrupción en Hidalgo, prende las alertas en diversos ayuntamientos, pues las investigaciones que hasta el momento se llevan a cabo en Nopala de Villagrán, Huautla, Yahualica, Tlahuelilpan, Pisaflores y Epazoyucan, amenazan con extenderse hacia otras regiones de la entidad y muchas dependencias, en las que todo indica que se volvió una práctica común el aprovecharse del erario público.
Los presuntos desvíos en estos municipios van desde los 14 millones en Epazoyucan, donde preside el gobierno Fidel Arce Santander; hasta los 71 millones en Nopala de Villagrán, donde mal gobierna Luis Enrique Cadena García, pero más allá de las cantidades, lo verdaderamente grave del asunto radica en el que dinero desviado estaba destinado para acciones muy específicas relacionadas con la pandemia del COVID-19, rehabilitación de caminos rurales, la construcción y operación de plantas tratadoras de agua, por lo que los afectados son la gente más pobre, como es el caso de Huautla y Yahualica, dos de los lugares más marginados de la entidad.
El asunto es todavía más grave, porque en la Procuraduría General de Justicia del estado, en donde Santiago Nieto Castillo funge como encargado de despacho, preparan una serie de denuncias para otros funcionarios que hacen todo lo posible por obstruir a la justicia, algunos incluso podrían estar incurriendo en “Coalición de Servidores Públicos”, por lo que a través de un comunicado bastante atropellado en su redacción, la dependencia advirtió que no habrá impunidad y que las indagatorias se extenderán. Los involucrados se niegan a dar acceso a documentación y expedientes técnicos, como ocurre en Epazoyucan, donde todo indica que el escándalo es mucho más grave de lo que parece; fuentes del interior señalan que parte del dinero desviado se utilizó para evitar el embargo de un rancho propiedad del edil, del que iba a ser desalojado el año pasado.
LOS MOCHES…
El gobernador Menchaca Salazar también habló de la posibilidad de fincar responsabilidades penales y administrativas, en cuanto al tema de la Secretaría de la Contraloría, donde al menos el 40% de los titulares de los órganos de control interno, no cumplían el perfil para desempeñar el cargo y aún así fueron designados por el ex-secretario Cesar Román Mora Velázquez para favorecer a amigos y recomendados, lo que derivó en irregularidades graves o que no hicieran bien su trabajo, unos por omisión otros por incapacidad y es eso lo que se va a analizar caso por caso.
Asunto que podría ser el seguimiento a lo detectado apenas en 6 ayuntamientos, son las afirmaciones -aun no de manera oficial- de que en por lo menos 23 municipios y dependencias se investiga un mecanismo de extorsión y moches, mediante el cual se habría realizado la asignación de obras a empresarios que entregaban grandes cantidades de dinero o porcentajes de la inversión a ejercer, a cambio de verse favorecidos con la adjudicación; lo que a nadie sorprende pues, para el pueblo, sin tener pruebas pero tampoco dudas, históricamente esas prácticas han sido el proceder de todo gobierno, sin importar el partido que gobierne.
Pero esta vez parece haber señalamientos que involucran directamente al ex-secretario de Obras Públicas, José Ventura Meneses Arrieta y al presidente municipal de Mineral de la Reforma, Israel Félix Soto, aunque ninguno de los dos ha realizado declaraciones al respecto, ni siquiera para desmentir o deslindarse; el que sí aprovechó las redes sociales para colgarse del tema y reafirmar su fobia personal contra el ex-secretario Ejecutivo de la Política Pública, es el diputado federal Cuauhtémoc Ochoa Fernández, que ha pedido que se investigue a fondo lo de los “moches” y la red de corrupción.
Extraoficialmente se ha dicho que hay un “testigo colaborador” que poco a poco va dando detalles o por lo menos indicios de empresas, inversiones, “moches” y maletas de dinero, pero también da nombres y explica el modus operandi.
SALUD, MUCHO OJO…
La destitución del director general del Hospital General de Tula-Tepeji y el administrador del nosocomio, también parece ser el inicio de una fuerte sacudida al interior del sector salud, que en la administración 2011-2016 fue objeto de un enorme saqueo de recursos y en la 2016-2022, víctima de grandes negligencias; al menos así se deja ver en los motivos por los que se llevó a cabo la remoción, que puede y debe dar origen a procedimientos administrativos de responsabilidad, en contra de quienes teniendo el deber de velar por la salud como interés superior, dejaron de cumplir su función de manera efectiva.
La secretaria de Salud, María Zorayda Robles Barrera, lleva a cabo un recorrido de supervisión por los 18 hospitales públicos dependientes del sector salud en la entidad; Y al menos en el caso del general de Tula-Tepeji, se encontró en el almacén con grandes cantidades de medicamentos caducos; material de uso hospitalario ya expirado y hasta equipo médico en desuso, lo que resulta harto condenable si tomamos en cuenta las enormes carencias y/o limitaciones con las que trabaja el personal y el hecho público de que a mucha gente se le niegan medicinas bajo el supuesto de que “no hay”.
Sin embargo el cese efectuado en Tula, ha puesto en alerta a personal y directivos de otros hospitales, por lo que debe acelerarse la supervisión para evitar que se vayan a vaciar almacenes o maquillen inventarios; para que se proceda igual donde también haya medicamentos caducos y equipo médico desaprovechado.
REVISIÓN EN SECRETARÍAS…
De la revisión en la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo, ha salido a relucir que durante la pasada administración, 12 empresas fueron favorecidas ampliamente y acapararon todo tipo de contratos como proveedores, según lo confirmó el secretario Natividad Castrejón Valdez; pero ahora resulta que una situación similar se registra en la Secretaría de Seguridad Pública, donde ya se revisa con lupa el hecho de que a un solo grupo empresarial pero con varias razones sociales, se le adjudicaba casi todo, en cuanto a llantas, refacciones, mantenimiento, combustibles y lubricantes para el parque vehicular.
El proceso de entrega-recepción no ha concluido y mucho menos la revisión de carpetas y sobres de los entregables; Y apenas se cumplen 20 de los 50 días que la ley establece para realizar ciertas observaciones, así que nadie se extrañe de lo que se conocerá en los próximos días en estas secretarías; ah, y no pierdan de vista a la Unidad de Planeación.
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DE REFILÓN: Finalmente donde también crece la preocupación, es entre los vecinos del fraccionamiento Villas del Álamo perteneciente a Mineral de la Reforma, pues en los últimos días se han incrementado diversos delitos, e incluso han vuelto los asaltos a mano armada en viviendas, algo que no se veía desde hace varios años.
Las opiniones y conclusiones expresadas en el artículo son de exclusiva responsabilidad del autor y no necesariamente reflejan la posición de Quadratín.