
Humillados y ofendidos
PACHUCA, Hgo., 20 de noviembre de 2023.- “Nunca más su voz será silenciada”, era la primera semana de agosto y así se pronunciaba el director general de Radio y Televisión de Hidalgo, Alan Austria Anaya; unos minutos antes el gobernador Julio Menchaca Salazar había atestiguado el reinicio de transmisiones de “El Vocero Huasteco, la Radio del Pueblo”, que a través del 1010 AM y con las siglas de XECPHH, volvía al aire con su par, La Huasteca FM en el 90.5, dos frecuencias que marcaban el inicio de la recuperación de la radio pública y que llevarían el mensaje institucional a Huejutla, Jaltocán, Molango, Atlapexco, Huautla, Lolotla, Calnali, Tianguistengo, Xochiatipan y Yahualica, en sustitución de la XEHGO que operó por 37 años.
Apenas se cumplían 11 meses de que el vocero y otras 9 estaciones habían bajado el switch por una historia ya muy conocida, así que por el regreso había mucho que celebrar, por lo que Alan Austria con mucha emoción dijo que se espera recuperar cuatro estaciones más en lo que resta del sexenio; sin embargo, tan solo han transcurrido tres meses desde el anuncio y, “El Vocero Huasteco” ha vuelto a cerrar transmisiones, ambas frecuencias salieron del aire, al menos temporalmente, pero podría ser de manera definitiva si no se apuran a resolver el problema en 60 días, de los cuales les quedan 50.
Según lo han confirmado los responsables del sistema de radio pública, el equipo que se compró para la operación de “El Vocero Huasteco” y “La Huasteca FM”, no cumple con los requisitos mínimos para la transmisión. No se trata de un error, no es una falla; es una negligencia enorme que podría derivar en el silencio definitivo de ambas estaciones y además podría significar un grave daño el erario, por la inversión que representa la adquisición y ahora reposición del equipo con la premura que la situación amerita.
NO ES LA ÚNICA…
“El Vocero Huasteco” y “La Huasteca FM”, no son las únicas estaciones de la radio pública que quedan fuera en los últimos días o semanas; por cuestiones ajenas a la actual administración, el pasado 31 de octubre también cerró sus transmisiones Altiplanicie Radio, la 106.9 FM de Tepeapulco, que con sus 2500 watts y las siglas XHAPU, fue la última de las 11 frecuencias que sobrevivió 11 meses más, al apagón dictaminado por el Instituto Federal de Telecomunicaciones.
Pero un asunto que no hay que perder de vista, es el aún inexplicable cierre de transmisiones de “La Voz del Pueblo Hñahñu”, Radio Cardonal, estación dependiente del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) y que ha salido del aire en su frecuencia 89.1 FM, sin que hasta el momento se informe qué motivó que la XECARH ya no se escuche, cuando hace menos de 4 meses estaba celebrando su aniversario número 25 sirviendo al Valle del Mezquital.
Según informa su personal, al parecer se anticiparon al inminente cierre de la estación, motivado por el “brutal recorte presupuestal” que la Cámara de Diputados aprobó, quitándole el 47.2% de sus partidas al INPI, faltando -como siempre-, a su rollo de que “primero los pobres”.
ESCAMILLA, EL DESVÍO…
En junio de este año publicamos en este mismo espacio, el inicio de una investigación en torno al probable desvío de casi 23 millones de pesos en la Secretaría del Bienestar (antes de Desarrollo Social), recursos que estaban destinados al pago de jornales de mano de obra del Programa de Empleo Temporal en 25 proyectos de SEMARNAT, SCT y SEDESOL federal correspondientes el ejercicio fiscal 2018, dinero que para robárselo, justificaron su gasto duplicando el padrón de beneficiarios del Programa de Beneficio Alimentario (PROBEA).
Las investigaciones revelaron que de los 22 millones 900 mil pesos extraviados; 759 mil 276.16 pesos fueron transferidos en 25 operaciones hacia dos empresas privadas y la gran mayoría, 22 millones 230 mil 762 pesos restantes, se le entregaron a Jaime Onésimo Pedrín Rojas, exdirector general de administración que recibió 16 ministraciones, cuando estaba bajo el mando del entonces subsecretario de Política Social, Marcelo René Escamilla Martínez.
El asunto avanza oportunamente en la Procuraduría General de Justicia, lo que motivó que el exsubsecretario Escamilla Martínez, busque ahora la protección de la justicia federal mediante el juicio de amparo 1290/2023 ante el Juzgado 3º de distrito, sin dejar de rezarle a todos los santos para que un gran amigo suyo, exdiputado, exsecretario de salud y notario público, cumpla su propósito de convertirse en fiscal, lo que le garantizaría la impunidad. Cuentan que ya dos de los implicados se apegaron a un criterio de oportunidad, lo que podría dejar sin opciones a Escamilla y su antiguo jefe Daniel Rolando Jiménez Rojo que despachaba como secretario.
FISCAL, ¿CONFLICTO DE INTERESES?”
La indagatoria que la Procuraduría General de Justicia realiza en torno al extitular de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, Armando Roldán Pimentel por enriquecimiento ilícito al incurrir en un posible conflicto de intereses, al fungir al mismo tiempo como arrendador de inmuebles para el gobierno al cual auditaba, puso en la mira a la Fiscal Especial de Delitos de Corrupción, Alicia Medina Castelazo, pues al parecer se encuentra en una situación similar.
Designada por el congreso en el 2022 con el voto de 21 de 30 diputados, la fiscal también es arrendadora del Gobierno del Estado, al mismo tiempo que ha ejercido esa función, ha sido “casera” del Instituto Catastral rentándole un edificio en la colonia Real de Minas de Pachuca y recientemente también renta para la Dirección General de Servicios Estatales, una vivienda habilitada como oficinas en la avenida Madero casi esquina con el Río de las Avenidas.
De Refilón: Cuentan que la investigación en torno a la ilegal venta de un predio a Iván Uriel Gutierrez Chincolla, por parte de la Oficialía Mayor a finales de la administración estatal, tiene ahora como imputada a una exfuncionaria que se desempeñaba como Directora General de Patrimonio Inmobiliario, que estaba bajo las órdenes de Martiniano Vega Orozco que autorizó la transacción con el sobrino de la exsecretaria Jessica Blancas.
El detalle está en que la exfuncionaria que validó la operación, está casada con un magistrado del Poder Judicial del estado, lo que podría no ser bueno para las indagatorias y mucho menos para un eventual proceso. Ya veremos.
Las opiniones y conclusiones expresadas en el artículo son de exclusiva responsabilidad del autor y no necesariamente reflejan la posición de Quadratín.