Radar Político / Rosaura, fallaron todos....

@JoelSanRadar

ROSAURA, FALLARON TODOS…

PACHUCA, Hgo., 10 de febrero de 2025.-La muerte de Rosaura O.H. de 25 años, que fue asesinada junto a su madre y hermano, en lamentables hechos que dejaron gravemente heridas a dos personas más, entre ellas su padre, a quien también se le había dado por muerto, deja muy mal parados al Poder Judicial del Estado y a la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo, así como a todas las autoridades que quisieron minimizar la situación, que revictimizaron a la joven y que incluso calificaron lo ocurrido como un hecho aislado, cuando hubiera sido mejor, más honesto, reconocer que falló el estado y que la tragedia familiar pudo haberse evitado.

Falló el Poder Judicial al liberar a un sujeto que evidentemente era un peligro para los demás y para él mismo; falló la Secretaría de Seguridad en sus exámenes de control y confianza, porque ese hombre que terminó siendo multihomicida, portó un uniforme policiaco y aunque cometido delitos graves, el ayuntamiento de Mineral de la Reforma le dio la oportunidad de “renunciar” cuando debía estar en la cárcel; falló la Unidad de Medidas Cautelares de la SSPH que no supo proteger a la víctima a pesar del grave peligro que corría y falló la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia, al exculpar a priori de toda responsabilidad a la juez responsable de las causas penales 1508/2024 y 1684/2024 que dio libertad al victimario, libertad para matar.

Existen testimonios del acoso que sufrió la víctima, de las facilidades que el ex-policía multihomicida tuvo para seguir accediendo al uso de recursos materiales de la Secretaría de Seguridad Pública municipal, incluyendo uniforme y patrullas; indicios de las complicidades que tuvo para ello y hay, obviamente, responsabilidad de las autoridades, incluyendo a la Procuraduría General de Justicia, para no volver a fallar; ojalá que así sea, para evitar que queden impunes los “hechos aislados” que dejaron hasta ahora tres muertos y, huérfanos a dos menores de edad.

JANETT MONTIEL, LARGA HISTORIA…

Pese a la defensa inicial que de ella hizo la magistrada presidenta Rebeca Stella Aladro Echeverría y el respaldo que le han brindado “especialistas” que aseguran que actuó conforme a lo establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales, lo único cierto e indiscutible es que por decisión de la juez Janett Montiel Mendoza, el agresor de Rosaura O.H. fue liberado y él la siguió acosando, agrediendo y la privó de la vida, por lo que es deseable que se cumpla la palabra de la titular del Poder Judicial y se analice con seriedad el proceder de la juzgadora, que cada vez acumula más sospechas sobre su desempeño.

Janett Montiel tiene un muy largo historial en la impartición de injusticia, así como ahora le reprochan en las redes sociales que haya sido la misma juez que rechazó la vinculación a proceso de un empresario minero y político morenista de Zimapán, señalado por las víctimas de la violación de dos menores de edad que son sus sobrinas, también fue la encargada de liberar en su momento, al junior Gerardo Saade Murillo en el caso del intento de homicidio en agravio del abogado Sergio Beltrán Merino.

En ambos casos sobresale el poderío económico de quienes con la firma de Janett Montiel lograron la impunidad, como igualmente ocurrió cuando avaló la liberación de un ex-presidente municipal de Mineral del Monte acusado de violación, poniendo en peligro la vida de la víctima y su madre denunciante, hasta que volvió a caer en prisión. Así también, fue la juez que autorizó la suspensión condicional del proceso que por abuso sexual se seguía al director del Tecnológico Nacional de México campus Pachuca, Miguel Ángel Lee, en agravio de una alumna, para la que Montiel consideró que bastaba una disculpa pública y el pago de 8 mil 500 pesos, con tal de que el funcionario siguiera -como hasta ahora- en su dirección. ¿Cuántas Rosauras más hacen falta antes de que se haga una investigación seria?

UPP, EL ENCUBRIMIENTO…

Estudiantes de la Universidad Politécnica de Pachuca, tuvieron que llegar hasta la presidente Claudia Sheinbaum Pardo para presentar ante ella, el pliego petitorio que hay tras el paro de labores en la UPP, en demanda de la destitución definitiva de Francisco Marroquín Gutiérrez como rector, cargo del que fue suspendido por intervención de la subsecretaría de Gobernación, porque ninguna acusación, irregularidad y corruptela bastó para que se le cesara, ni tampoco las condiciones deplorables en las que se encuentran algunas áreas de la institución superior.

Sus presuntos abusos de autoridad, el hostigamiento laboral, así como las demandas de transparencia y rendición de cuentas que exigen los miembros de la comunidad universitaria, fueron puestos en conocimiento de la mandataria y este martes (a ver si cumplen), se llevará a cabo una mesa de trabajo para atender otros puntos del pliego petitorio y ya más adelante se determinará si es definitiva o no la separación de Francisco Marroquín del cargo de rector. Falta por evaluar los hechos que llevaron a la UPP a la pérdida de 7 hectáreas de instalaciones deportivas en Pachuca y si se finca responsabilidad penal o no por las irregularidades que detectó y detuvo la Oficialía Mayor del gobierno del estado.

TRANSA DELEGADA…

Al hablar frente a integrantes del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, la presidente Claudia Sheinbaum Pardo expresó su desacuerdo con la propuesta de “cobranza delegada” que en el Congreso de la Unión impulsan los diputados de la 4T, Pedro Haces, de Morena y Luis Armando Melgar, del PVEM; que representaría prácticamente un “embargo salarial”, para cobrar créditos bancarios que no hayan pagado y que se les descontarían vía nómina, estuvieran de acuerdo o no; por lo que la mandataria expresó que espera que eso no sea aprobado en el Senado de la República y anticipó que en caso de que sea así, ella lo vetará.

“El salario es el salario de los trabajadores” y tiene que defenderse, dijo Claudia Sheinbaum y tiene razón; lo que quizás no recuerda -porque sí lo sabe-, es que en Hidalgo esa situación la viven desde hace años, no los empleados del ISSSTE, pero sí miles de trabajadores del sector salud, a quienes con el aval de ex-secretarios como Marco Antonio Escamilla y Alejandro Efraín Benítez Herrera y la complicidad de la secretaria general de su organización sindical, Sonia Ocampo Chapa, les han embargado una gran parte de su sueldo para pagar créditos que en muchísimos casos, ni solicitaron ni recibieron, pero además de ser víctimas de esa “transa delegada”, lo son de la injusticia por parte de quienes con su actuar omiso encubren a la lideresa.

Claudia Sheinbaum fue muy clara, dicha iniciativa podría ser violatoria de la Constitución y de la Ley Federal del Trabajo; Y efectivamente, la “cobranza delegada” que tanto defienden los diputados de la 4T, ha dejado en Hidalgo muchas víctimas, empezando por la justicia.

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De Refilón: Con una larga trayectoria en la academia, el ejercicio del derecho y una sólida formación profesional, el abogado Arturo Gil Borja será uno de los hidalguenses que el próximo 1 de junio estará en las boletas electorales para contender por una posición en el Poder Judicial Federal, específicamente para ser magistrado en materia mixta del Tribunal Colegiado de Apelación del Vigésimo Noveno Circuito que comprende los 84 municipios de Hidalgo.

Como es del conocimiento público, otros hidalguenses buscan también posiciones relevantes, como lo es la magistrada Rebeca Stella Aladro Echeverría que pretende asumir como ministra de la corte; Rufino León Tovar e Irám Zúñiga Pérez buscan una magistratura, entre otros que irán a las urnas.

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Posdata: Mientras el director se mantiene como juez y parte en cuando a los conflictos en el nivel educativo; los cambios realizados al interior de la Escuela Normal Superior Pública de Hidalgo, no parecen suficientes para frenar el acoso laboral, pues persisten los malos tratos y amenazas a docentes y trabajadores, sin contar que no existe una justa distribución de la carga horaria entre los docentes y carga de trabajo en las distintas áreas de la institución.

Con el argumento de actuar jurídicamente, directivos amedrentan al personal, sin embargo la cosa no es pareja, ya que se han suscitado diversas peleas entre los propios trabajadores y ahí sí parece no aplicase la normatividad. Aunado a ello se han reciclado funcionarios que anteriormente ya habían desempeñado cargos directivos en la misma institución ¿qué no hay más gente capaz?

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