Radar político/Se acaba el negocio…

SE ACABA EL NEGOCIO…

PACHUCA, Hgo., 03 de marzo de 2025.-El Gobierno del estado de Hidalgo gasta más de 160 millones de pesos anuales en el arrendamiento de 230 oficinas, lo que ha representado un negociazo durante años para políticos, ex-funcionarios y sus familiares convertidos en arrendadores, incurriendo algunos incluso en conflictos de intereses, como ocurrió en el caso de el ex-auditor superior del estado, Armando Roldán Pimentel, que pese a encabezar un órgano fiscalizador, le rentaba un edificio a una de las dependencias que fiscalizaba, lo que lo tiene ahora con una carpeta de investigación ante la Fiscalía de Delitos de Corrupción, cuya titular, Alicia Medina Castelazo, -por cierto-, talvez incurre en lo mismo, pues también le renta al gobierno.

Pero todo indica que el negocio se acabará para todos aquellos que han hecho riqueza arrendándole a órganos de la administración pública, pues el gobernador Julio Menchaca Salazar anunció que el Poder Ejecutivo construirá un nuevo complejo de oficinas al sur de la ciudad, en un predio de cinco hectáreas, para el cual se destinará una inversión de alrededor de 2 mil millones de pesos, cifra a la cual habrán de sumarse los 300 millones que actualmente se invierten en la edificación que se construye donde era la casa de gobierno.

RECUPERAN INMUEBLES…

De manera paralela, la Oficialía Mayor del Poder Ejecutivo avanza en la recuperación de diversos inmuebles que habían sido desincorporados del patrimonio del estado, algunos mediante procedimientos de donación, pero que en su mayoría no fueron utilizados para el fin al que estaban destinados o que fueron donados sin que se cumplieran las formalidades de ley, por lo que se ha revocado su entrega.

De acuerdo a lo revelado por el oficial mayor Edgar Orlando Ángeles Pérez, se han recuperado en los municipios de Pachuca, Tizayuca, San Agustín Tlaxiaca y Cardonal, 18 inmuebles con un valor promedio de 80 millones de pesos, pero adicionalmente se han integrado 32 expedientes correspondientes a igual número de predios, respecto a los cuales también podría determinarse la recuperación, pero no se ha hecho porque se analiza caso por caso para no incurrir en alguna ilegalidad.

Por cierto que en la Oficialía Mayor también se revisan a detalle las observaciones realizadas por la Auditoría Superior, destacando la desaparición de 12 túneles descontaminantes y 4 estaciones de desinfección que tienen un valor de 4 millones 91 mil 872.56 pesos, así como unas Lap Top que nadie sabe dónde están y cuya pérdida -se dice-, se dio al final de la administración estatal anterior, lo que podría ser otro problema más para el ex-oficial mayor Martiniano Vega Orozco.

SERÍA EL PRIMERO…

“Ante alguna situación que violentara los derechos de los trabajadores de la educación, sería el primero en encabezar algún movimiento”, afirmó el secretario general de la sección XV del SNTE, Said Vargas Sáenz, al responder a través de un mensaje, a los hechos registrados este fin de semana en Ixmiquilpan, en donde “tres grupos ajenos” a la organización sindical, pretendieron boicotear el evento del 61 aniversario de la educación indígena en la entidad y aprovecharon la actividad para lanzar abucheos, tomando como pretexto la reforma al ISSSTE que busca el gobierno federal.

Según Said Vargas, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, trabaja al lado del gobernador Julio Menchaca Salazar y de las autoridades educativas de Hidalgo encabezadas por el secretario Natividad Castrejón Valdez, pero es evidente que los grupos de la CNTE de Armando Azpeitia y otros patrocinados probablemente desde Zempoala, buscan minar su relación con la base magisterial, a la que afirmó que no va a defraudar su confianza y que seguirán apostando al diálogo, el acuerdo y compromiso.

Aún así no deja de llamar la atención el esfuerzo que hicieron sus detractores, incluso por hacer llegar a diversos medios de comunicación, “en su nombre”, presuntos comunicados respecto a la reforma.

HOSPITALES, SIN INSUMOS…

Mientras el gobierno federal sigue presumiendo falsamente que tenemos un sistema de salud “mejor que el de Dinamarca”, médicos y enfermeras de los hospitales de Hidalgo enfrentan un grave y creciente problema, que es la falta de insumos para desempeñar su labor; por una parte la Secretaría de Salud a cargo de Vanessa Escalante Arroyo se lava las manos argumentando que la solución corresponde ahora al sistema IMSS-Bienestar, pero lo único cierto es que el tema es tan complejo, que tan solo este fin de semana se registraron protestas en los hospitales generales de Pachuca y Tulancingo, en el de Cinta Larga y Atotonilco el Grande, así como en el Centro de Salud de Tetepango.

En todos los casos el común denominador es que médicos y enfermeras carecen hasta de lo más elemental para realizar su trabajo, como lo es algodón, gasas y jeringas, ya ni se diga la falta de medicinas; el personal que labora bajo protesta, señala que en algunos nosocomios las ambulancias se encuentran en pésimo estado, hay camas insuficientes y tienen que trabajar en condiciones precarias, por lo que también urgen al delegado en Hidalgo del IMSS Bienestar, Felipe Arreola Torres, que en el ámbito que le corresponde se resuelvan las carencias.

En el caso del Hospital General de Tula, la situación aún es peor, ahí exigen el respeto a sus derechos laborales, prestaciones, estímulo trimestral, escalafón, concepto 30 (descanso para quienes laboran en áreas de riesgo) y prima vacacional, pero también que se cubran las vacantes que hay en especialidades, ya que carecen de pediatra, internista y ginecóloga, entre otros. En el Hospital de Cinta Larga, en Mixquiahuala, no tienen ni trabajadora social en ningún turno y dicen los trabajadores que laboran en áreas sucias porque ya ni siquiera hay escobas para barrer.

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De Refilón: Quitando grandes extensiones a las pocas y descuidadas áreas verdes con las que cuenta Pachuca, en la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano Sostenible (SIPDUS), que encabeza Alejandro Sánchez García, parece haber un interés inusual por adoquinar grandes espacios, como ocurre en el acceso a la Concepción, bulevar el Minero y bulevar Felipe Ángeles, donde en vez de sembrar árboles o pasto, ponen ladrillos.

La gente se pregunta de quién será el negociazo o a quiénes se estará beneficiando con la compra masiva de adoquín, pues solo así se explicaría el capricho de gastar millones y millones en sustituir áreas verdes por adoquinados tricolores, como ya ocurre en las inmediaciones del monumento al bombero. Extrañamente guarda un absoluto silencio la Secretaría del Medio Ambiente ¿también será parte del negocio?

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