Radar Político / SEPH, la historia se repite...

@JoelSanRadar

En julio del 2017, la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo cuya titular era Sayonara Vargas Rodríguez, a través de su entonces coordinador jurídico, Carlos Arozqueta Solís, reveló detalles en torno al desvío de 663 millones de pesos del programa Escuelas de Tiempo Completo, a través de un esquema de confabulación con proveedores y simulación de operaciones, enriqueciéndose a costa del hambre de los niños, operación que según la SEPH fue dirigida por el subsecretario de Administración y Finanzas, Pablo Pérez Martínez y el director de Administración, José Antonio Turrubiarte, que finalmente terminaron en prisión.

Y desgraciadamente para los hidalguenses, 5 años después la historia se repite en la SEPH, donde ahora bajo al conducción de Natividad Castrejón Valdez como secretario, se han detectado una gran cantidad de irregularidades millonarias, entre las que destacan -por ahora- los contratos firmados, en el caso del presunto hackeo a una base de datos de la institución, con una empresa-despacho contable para rescatar la información e instalar software para evitar otro ataque; así como el “estudio” realizado por una institución guerrerense, supuestamente en 2 mil planteles educativos, en torno a las condiciones postpandemia en las que se reanudaban las clases.

Ambos contratos representaron para la SEPH un pago conjunto de poco más de 277 millones de pesos y existe la sospecha de que el “hackeo” en realidad pudo ser un autosabotaje y es evidente que el “estudio” se realizó a sobreprecio; esta vez aparecen como responsables directos el subsecretario de Administración y Finanzas, Pablo Moreno Calva y el director de Recursos Financieros, Leopoldo Rodríguez Valdez, que siguieron el ejemplo de sus antecesores, pero no se sabe si correrán la misma suerte y también terminarán en la cárcel. Pablo Moreno aún conserva posiciones en la SEPH, en áreas como la dirección de Preescolar, por lo que sus incondicionales presumen que “no les harán nada” y el dinero “no regresará”.

TIEMPO DE REVISAR…

La situación que se vive en la Secretaría de Salud de Hidalgo, donde mil 636 trabajadores prácticamente han sido despojados de sus salarios, montándoles deudas con diversas empresas financieras para cobrarles “créditos de nómina” que ni recibieron no solicitaron, alcanza grandes dimensiones, luego de que los afectados han revelado que a muchos también les cobran por la compra de muebles, teléfonos, motocicletas y otros aparados; operaciones que jamás hicieron y que por lo tanto desconocen, pero que de manera conjunta suman -según la dependencia- 6 millones de pesos que les eran descontados a la quincena, lo que representa un desfalco de 144 millones de pesos al año.

El asunto se encuentra en manos de la Procuraduría General de Justicia del estado, en donde el ex-secretario de Salud, Alejandro Efraín Benítez Herrera ya ha comparecido y en cuya Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción también se ha presentado la secretaria general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud, sección 20, Sonia Ocampo Chapa, que ahora se sabe llevaba una comisión del 2% sobre lo que se cobraba mediante los convenios fraudulentos, en los que también están las firmas de Ignacio Valdez Benítez, de la dirección de recursos Financieros y la de Hugo Alberto Vázquez Guzmán, de Recursos Humanos.

Pero extrañamente se ha omitido el nombre del ex-secretario Marco Antonio Escamilla Acosta, quien también avaló y firmó en el 2018, los convenios para que durante su gestión se les descontara a los trabajadores; lo que se ha descubierto hasta ahora y lo que se ha investigado, debe ser motivo suficiente para que igual se inicie una revisión exhaustiva, de los convenios que con las mismas financieras y Consorcio Peredo, representado por Alejandro Gastón Peredo y Jessica Peredo Rincón, firmaron el Colegio de Bachilleres del estado de Hidalgo y el Gobierno del Estado, por medio del ex-oficial mayor Martiniano Vega Orozco; nada extraño sería que otros cientos de burócratas igual estén siendo defraudados.

DEFENSORÍA, OTRO DESFALCO…

Por lo pronto otro posible desfalco que sale a relucir durante el proceso de entrega-recepción, es el aparente robo que durante seis años se realizó en el Instituto de la Defensoría Pública del estado de Hidalgo, donde nadie sabe y nadie supo, el destino final que tuvieron los alrededor de 260 mil pesos mensuales, que estaban destinados para el apoyo a defensores y peritos en asuntos foráneos, pues muchos tienen que acudir a diversas comunidades y municipios, pero tienen que hacerlo con recursos propios, pues en el instituto les niegan lo necesario.

Un grupo de quejosos explican que cada uno de los 84 municipios otorga entre 3 y 6 mil pesos mensuales como apoyo a los defensores foráneos, dinero que simplemente se esfuma porque no llega a donde está destinado, por lo que piden que el secretario de Gobierno, Guillermo Olivares Reina y la nueva directora general Diana Jeanethe Rodríguez López, inicien las indagatorias en relación a esta y otras irregularidades respecto a las que tendría que rendir cuentas la ex-directora Gabriela Martínez Lagarde.

Señalan que en el instituto se manejaba una “nómina fantasma” y hay personal que se presenta a trabajar 3 horas a la semana, anomalías de las que tienen conocimiento la subdirectora del Sistema Penal Acusatorio, María del Refugio Ibarra y directora del Área Penal, Patricia Alejandra Pérez Villegas, que junto con otros funcionarios y el director administrativo, que seguramente tienen mucho que decir respecto al dinero perdido, que es algo así como 3 millones por año.

PROTECCIÓN CIVIL, LIOS…

Otro lío que igual dará mucho de que hablar, es el que se registra al interior de la Subsecretaría de Protección Civil y Gestión de Riesgos, donde diversos trabajadores se quejan de hostigamiento laboral para que renuncien a sus trabajos y han pedido la intervención del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo (SUTSPEEH), para la protección de sus derechos.

Este 21 de octubre, el secretario general del SUTSPEEH, Víctor Licona Cervantes, recibió un escrito firmado por trabajadores de base y personal de confianza, informándole de situaciones que se han registrado con el “enlace administrativo” Cristopher Martínez Ozumbilla, a quien responsabilizan de diversos abusos, “por no ser lambiscones” con el aún subsecretario Enrique Padilla Hernández.

En el escrito señalan que se han violentado sus derechos humanos y laborales, ahora esperan que el sindicato y su dirigente les brinden apoyo para frenar los abusos.

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DE REFILÓN: El reparto de leche Liconsa de alta calidad nutritiva, será posible en beneficio de un importante número de familias de escasos recursos económicos de la región huasteca hidalguense, donde desde hace tiempo han perdido esta ayuda. Les gestiones para devolverle a varias comunidades huastecas ese apoyo, está a cargo de la diputada federal Sayonara Vargas.

Las opiniones y conclusiones expresadas en el artículo son de exclusiva responsabilidad del autor y no necesariamente reflejan la posición de Quadratín.