Radar Político / Tizayuca, la renta…

@JoelSanRadar

Aún no habían transcurrido ni 24 horas desde que el gobierno municipal de Tizayuca intentaba desmentir las amenazas en contra de los transportistas, cuando el conductor de una colectiva del servicio público fue victimado a tiros en esa ciudad, puerta de entrada a la entidad, en un hecho que confirmó de manera trágica, el dicho de choferes y concesionarios de que son víctimas de intentos de extorsión, por parte de grupos de crimen organizado que les exigen el pago de “derecho de piso” para dejarlos trabajar, por lo que suspendieron el servicio para exigir seguridad.

Pero a pesar de la gravedad de los hechos, la alcaldesa Susana Ángeles Quesada, insiste en desmentir los mensajes de intimidación que reciben los choferes; ocupada mucho más en su interés político de ser candidata al Senado el próximo año, trata de minimizar la situación, argumentando su gobierno que son cadenas y audios utilizados en otro tiempo y en distintos lugares, mientras los conductores y concesionarios ya no saben como afrontar la situación para afrontar la renta que les exigen los malandros.

Extrañamente crece la versión de hay una intensa diferencia entre la alcaldesa Ángeles Quesada y el secretario de Seguridad Pública del estado, Salvador Cruz Neri, derivado de la falta de cooperación del gobierno municipal, lo que llevó a que la corporación estatal asuma el control del C-2 Tizayuca y establezca nuevas disposiciones en cuanto al control de confianza.

Situación que no hay que perder de vista, es que esta semana se conoció que las extorsiones por parte de los grupos criminales, ya se extendió hacia los desarrolladores de vivienda, a quienes se les están exigiendo cuotas de entre 5 y 6 mil pesos por cada inmueble que construyan y en algunos casos esa cuota ya suma millones. Pero eso no parece importarle a Susana Ángeles, que dedica más tiempo al proyecto de #EsClaudia que a la seguridad en el municipio.

TULA, EL DECOMISO…

Para quien se pone cada vez más difícil su situación legal, es para el presidente municipal de Tula, Manuel Hernández Badillo; al menos así quedó en evidencia esta semana cuando elementos de la Dirección General de la Policía de Investigación ingresaron a la sede del ayuntamiento para ejecutar una orden judicial para catear las oficinas del alcalde, en la búsqueda de elementos que pudieran integrarse a las carpetas de investigación (cinco) que involucran al ex-diputado en el posible desvío de recursos y el delito de peculado, por más de 60 millones de pesos.

La versión del ayuntamiento es que la documentación y equipo de cómputo que se llevó el personal de la Procuraduría General de Justicia, fue con la autorización del gobierno municipal y que el titular del ayuntamiento está a disposición de las autoridades para colaborar en las indagatorias, pero lo cierto es que el día del cateo, pese a las horas que estuvieron ahí los agentes, el edil no se presentó, ante la posibilidad de que en realidad se tratara de una orden de aprehensión o por lo menos de presentación, luego de que este 1 de junio al resolverse el expediente 798/2023, el juez 1º de distrito de Pachuca, determinó negarle la suspensión definitiva que había obtenido en contra de una posible orden de aprehensión.

Fuentes de la Fiscalía de Delitos de Corrupción, afirman que de la documentación encontrada y la información que está en el equipo de cómputo y telefónico que se aseguró, dependerá en mucho el avance de la investigación y la posible judicialización del asunto, lo que no se sabe es si habrá posibilidad de recuperar en todo o en parte los más de 60 millones de pesos que estaban destinados al apoyo de los damnificados por las inundaciones del 2021 y que se presume fueron desviados.

¿FRAUDE O POLÍTICA?

Sujeto de un atentado a tiros en octubre del 2021, el abogado Sergio Beltrán Merino vuelve a ser objeto de noticia, luego de que el empresario Artemio Herrera Gutiérrez, lo acusó en conferencia de prensa, de haberlo defraudado en una operación de compra-venta de un terreno de uso industrial en la ciudad de Tizayuca; en un hecho que se registró hace 9 años, pero que vuelven a revivir en un año previo a la elección, argumentando que “la falta de justicia” en este asunto, está motivada por que el profesionista estuvo casado con la diputada federal y secretaria general del PRI, Alma Carolina Viggiano Austria.

El quejoso afirma haber pagado a la compañía Fabricaciones de Hidalgo, S.A. de C.V., 3 millones 222 mil pesos a través de transferencias bancarias, pero que el día que debían firmar escrituras del predio, Beltrán Merino no cumplió; sin embargo los representantes legales del vendedor, aseguran que fue Artemio Herrera quien no cumplió y que así lo resolvió el Poder Judicial del estado, que ha condenado al supuesto comprador a desocupar el inmueble, liquidar una pena convencional de 600 mil pesos y pagar la renta de 110 meses que ha tenido en posesión la nave industrial.

Pese a ello, Artemio Herrera se mantiene en el dicho de que el ex-esposo de Carolina Viggiano incurrió en fraude y advierte que ahora buscará la justicia por la vía penal.

DIGNA REPRESENTANTE…

Por lo pronto en el terreno deportivo, la boxeadora Mayelli Rosquero originaria del municipio de Ixmiquilpan, sobresale como una digna y destacada representante del deporte, luego de que la noche del sábado se convirtió en campeona mundial de boxeo, al ganar por decisión unánime, el encuentro en el que disputó el codiciado cinturón a su oponente Mariana “La Barby” Juárez.

El encuentro se llevó a cabo en la Arena Toyota en Ontario, California, donde la también conocida como la Dra. Hñahñu, portó con orgullo una capa gris y azul, tejida en telar de cintura a base de 50% algodón y 50% cristal con motivos de Flor y Canto del Valle del Mezquital, elaborada por Concepción Mendoza Romero, con la leyenda Ixmiquilpan, Hidalgo, al frente. Sin duda Mayelli nos dio un gran orgullo a todos.

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DE REFILÓN: El expediente 785/2023, que se encuentra en el Juzgado 1º de distrito con sede en Pachuca, en el que el quejoso busca el amparo y protección de la justicia federal contra una orden de aprehensión, dará mucho de qué hablar. Y es que el promovente es nieto de conocido ex-gobernador y ex-procurador hidalguense.

Y es que, de acuerdo a la División de Investigación de la Agencia de Investigación Criminal, lo que se combate mediante este juicio de amparo, es una orden de aprehensión girada el 10 de mayo por la Jueza Penal de Control adscrita al Primer Circuito Judicial de Pachuca y es por el delito de “homicidio doloso”. Vaya escándalo en el momento en que la FGR pide para el abuelo una pena de 82 años de prisión.

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POSTDATA: Y aunque pasó desapercibido para casi todos, esta semana trascendió que luego de haber sido exhibida en un video gritoneándole a vecinos de Nopancalco durante la “mesa de acercamiento ciudadano”, esta semana Georgina Nava Mendoza fue separada del cargo de directora de Gobernación en Pachuca; pero el asunto va más allá, pues resulta que se investiga si es cierto que al mismo tiempo que trabajaba en la SEGOBH, seguía “laborando” para el congreso del estado, pues de ser así se le podría fincar responsabilidad penal, como se hizo en el caso de la ex-contralora pachuqueña Giselle Ivette Cortés Coria, detenida el pasado sábado.

Las opiniones y conclusiones expresadas en el artículo son de exclusiva responsabilidad del autor y no necesariamente reflejan la posición de Quadratín.