Filosofía sin escrúpulos
PACHUCA, Hgo., 9 de febrero de 2026.- Una red de 20 empresas vinculadas al senador Adán Augusto Hernández López y al líder del cartel de La Barredora, Humberto Bermúdez Requena, ha logrado contratos por más de 2 mil 360 millones de pesos por parte de entidades como Segalmex y Conagua, así como los gobiernos de seis estados de la República, entre ellos Hidalgo, a pesar de que varias de esas firmas han sido catalogadas como fantasmas o factureras por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), ubicándolas como fachada porque se ha detectado que comparten socios, apoderados y direcciones.
Así lo ha documentado la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), que ha precisado que varias de esas empresas, han utilizado las identidades de empleados o de personas beneficiarias de programas sociales para cubrir a los verdaderos socios, destacando que tres de ellas, Visan, Sanburgy y Sureña, se han favorecido con mil 750 mdp en contratos para abastecer de abarrotes a los gobiernos de Hidalgo, Campeche, Chiapas y Tabasco; también se incluye en las operaciones al Grupo Comercial e Industrial Tenda, constituida y domiciliada en Villahermosa, Tabasco.
Pero más allá de lo documentado por MCCI, en lo correspondiente a Hidalgo sobresale una situación, que bajo la gestión de Zorayda Robles Barrera como titular de la Secretaría de Salud, la dependencia otorgó contratos millonarios a Tenda, como lo indica el procedimiento EH-SSH-N22-2023, firmado por Georgina Romo Hernández, para la dotación de materiales, accesorios y suministros médicos, concretamente medios de contraste e hidrosolubles para estudios especializados en diversos nosocomios.
Documentos en poder de este medio de comunicación, como el contrato MPF-LICIT.EST-005-2023, señalan que la dependencia le dio a la red de la Barredora en tiempos de Zorayda Barrera, el suministro de insumos médicos para los hospitales Materno-Infantil y Villa Ocaranza; los de Huehuetla, Zimapán, Pachuca, Tulancingo, Atlapexco, Jacala, Tlanchinol, Tula, Huichapan; los regionales de el de la Huasteca y Valle del Mezquital; Cinta Larga, Otomí-Tepehua y el de Apan, donde hoy funge como presidenta municipal; lo cual no es poca cosa, porque si de algo carecen en los nosocomios, es precisamente de insumos, ella se fue y ahora con la caída de Adán Augusto de su pedestal y con Humberto Bermudez en la cárcel, se confirman situaciones que apenas se imaginaban.
EL DESCARO…
Sin pudor alguno, la diputada huasteca María Guadalupe Cruz Montaño volvió a ocupar su curul en el Congreso del Estado, donde asegura que como integrante de la LXVI Legislatura, su actuar siempre ha sido apegada a derecho y bajo los principios éticos que rigen la función pública; en serio, así lo dijo. Simplemente rechazó categóricamente "cualquier acto de fraude o malversación de recursos", se envolvió en su papel de legisladora y, los señalamientos que hay en torno a su persona quedan atrás, en un aparente olvido, pero sin aclarar absolutamente nada.
Sobre la figura de la Diputada del Partido Verde Ecologista de México pesan señalamientos muy serios, en octubre del 2025 se conoció que fue usurpada la identidad del ciudadano Antonio Monterrubio para expedir facturas en su nombre para acreditar ante el Congreso del Estado, la compra de cámaras fotográficas y el supuesto pago de renta de la oficina de Guadalupe Cruz en Huejutla, lo que la obligó a separarse del cargo para realizar las investigaciones correspondientes; semanas después se supo que con el mismo modus operandi se facturaron diversos servicios y adquisiciones, utilizando ésta vez la identidad y e-firma de Héctor David Ruiz.
Pero Guadalupe Cruz asegura que ella hizo investigaciones por su cuenta y que no dará a conocer los resultados, en tanto su representación jurídica afirma que no hay ningún procedimiento que implique la comisión de algún delito, cuando en realidad existe la carpeta de investigación NUC-05-2026-00082, iniciada por la ciudadana Dalila Yazmín García, cuya identidad también fue usurpada, pero ahora para facturar cobijas y láminas. Hasta no queda claro quién robó la identidad de esas tres personas para justificar los recursos de la partida 399004 correspondiente a Desarrollo Parlamentario, pero la responsable de ingresar las facturas y que estampó en ellas su firma, regresó a la curul como si nada hubiera pasado.
TIZAYUCA, EL AEROPUERTO…
Ante el fracaso que representa el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), que por muy bonito que esté y lo mucho que le siguen invirtiendo, ni remotamente cumple el objetivo de desfogar las operaciones del Aeropuerto Internacional Benito Juárez, un grupo de especialistas en aviación se pronunció en favor, de retomar el proyecto aeropuerto en Tizayuca, a fin de dar solución a la saturación del de la Ciudad de México, cuya viabilidad se había determinado desde hace más de 40 años y que ya contaba con los terrenos para su realización, cuando se decidieron por Texcoco.
Representantes del Sindicato Nacional de Controladores de Tráfico Aéreo y de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores, afirmaron durante un conversatorio organizado por el Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY), que es necesario retomar el proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAIM) que se desarrollaba en Texcoco, aprovechar las ventajas que ofrece la posibilidad de construir en Tizayuca, así como también lo reconoció el ex-presidente Andrés Manuel López Obrador el 25 de febrero de 2015, cuando aún formaba parte del PRD, año en el que se convirtió en dirigente de Morena.
Según los especialistas, un Aeropuerto en Tizayuca sería la oportunidad de descongestionar y resolver de manera definitiva el problema que representa el Benito Juárez de la Ciudad de México y también de que el gobierno federal y la iniciativa privada sumen esfuerzos en un proyecto de enorme beneficio para la aviación nacional, sin necesidad de comprometer los recursos del Estado Mexicano como sí ha ocurrido con el AIFA que se está convirtiendo en un barril sin fondo sin que se alcancen las metas propuestas en cuanto al número de vuelos y pasajeros atendidos.
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DE REFILÓN: La detención arbitraria de un reportero en Tula de Allende y el abusivo actuar del ayuntamiento, que buscó exhibirlo públicamente, utilizando el poder público para desacreditar su función, puso en evidencia una vez más, la actitud represiva y represora que los gobiernos municipales de esa región, han asumido en contra de los medios de comunicación, así como su creciente intolerancia a la crítica y el ejercicio periodístico.
El Semanario El Sur de Hidalgo que dirige María del Carmen Minguez Alcántara, cumple en este 2026, 30 años de labor y ha denunciado el mismo proceder represor por parte del alcalde tulense Cristhian Evanivaldo Martínez Reséndiz, como de la presidenta municipal de Tepeji del Río, Tania Valdez Cuellar.
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Las opiniones y conclusiones expresadas en el artículo son de exclusiva responsabilidad del autor y no necesariamente reflejan la posición de Quadratín