Radar Político: Parra, se adorna…
PACHUCA, Hgo., 15 de enero de 2018.- En México, las candidaturas independientes tienen su origen en la reforma constitucional publicada el 12 de agosto de 2012, después de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Castañeda Gudman contra México, condenó al Estado Mexicano a garantizar a la ciudadanía el acceso a las candidaturas a cargos de elección popular sin ser postulados por los partidos políticos.
Esa sentencia, recordarán, fue la consecuencia del juicio promovido por Jorge Castañeda Gudman al considerar violación a su derecho de ser votado, cuando el otrora Instituto Federal Electoral (IFE) le negó su registro como candidato a la Presidencia de la República en 2006, en razón de que sólo los partidos podían apoyar las candidaturas a los diversos cargos de elección.
El decreto constitucional otorgó un año al Poder Legislativo para la regulación de las candidaturas sin partido, y a los Congresos locales el mismo periodo para la adecuación de sus normas atinentes. Con algunas excepciones, y más allá de que también en ese caso no hubo cumplimiento de la clase legislativa, debo reconocer los esfuerzos de algunas entidades por establecer las primeras reglas de operación de las candidaturas independientes.
Una vez que a nivel federal y local se reguló la vía independiente, pudimos ver varias acciones de inconstitucionalidad y juicios ciudadanos electorales mediante los cuales la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación fueron depurando los procedimientos y requisitos, como el porcentaje de firmas, el plazo para su recolección, o la documentación que debe acompañarse.
Sin entrar en esos detalles, obviamente importantes, lo que se resaltó es el fondo de la vía para acceder a un cargo de elección popular sin la postulación de quienes gozan de una “credibilidad” muy baja en el entorno social. En efecto, su credibilidad es la debilidad más notoria de los partidos políticos.
Ahora bien, ¿quiénes hacen el esfuerzo por conseguir una candidatura independiente, por sí, tienen garantizada la credibilidad de la sociedad?. Precisamente esa es la reflexión de la semana, pues el jueves pasado vimos y escuchamos una conferencia de prensa encabezada por dos consejeras, un consejero, así como dos directores ejecutivos, todos, funcionarios del INE.
En esa conferencia dieron a conocer irregularidades en la recolección de firmas de apoyo para quienes aspiran a candidaturas independientes a diputaciones federales. Dichas inconsistencias tienen que ver con credenciales con datos falsos; digitalización de copias de credenciales, cuando se debe tomar la foto de la credencial original; duplicidad de apoyos, entre otras.
El INE precisó que hasta el momento no se han revisado las firmas recabadas por los aspirantes presidenciales, ni de quienes desean llegar al senado, dado que solo ha vencido el plazo para las aspirantes a la Cámara de Diputados. No obstante, compartimos la preocupación de esa institución electoral en el sentido de que no sólo se podrían actualizar violaciones administrativas, sino penales, por lo que han iniciado un procedimiento sancionador, con la enorme posibilidad de que la FEPADE también actúe en consecuencia.
Entonces, si bien hay muchas ciudadanas y ciudadanos honestos y trabajadores en los partidos políticos, lo cierto es que se ha puesto de relieve que de las y los aspirantes a candidaturas independientes para ser nuestros representantes en la “Cámara Baja” de 2018 a 2021, varios están dispuestos a cometer ilegalidades para alcanzar su objetivo: el poder; es decir, igual que en los partidos.
Estoy convencido de que nuestro sistema político tiene y debe mejorar, pero su avance se ha visto mermado no solo por algunos de quienes nos representan y gobiernan, sino por quienes aspiran a hacerlo, pues con sus actos y omisiones se han empeñado en desconocer las normas jurídicas, tomando el absurdo riesgo de ser sancionados administrativa, penal, social, y políticamente.
Ciertamente, la vía independiente resulta un verdadero desafío para obtener una candidatura, comparada con la suerte o influencia (generalmente usados) para la postulación en los partidos políticos, mas ello no justifica la utilización de trampas en el procedimiento. Por ende, el INE debe tomar este asunto como una seria alarma para la revisión de los apoyos para el senado y la Presidencia; y a la ciudadanía nos toca reconocer a quienes logren su meta bajo condiciones absolutamente legales, por cualquiera de ambas vías.
Hasta la próxima reflexión.
Twitter: @oscarpasquel