Subestimando a la presidenta
CIUDAD DE MÉXICO, 16 de abril de 2018.- El pasado lunes 9 de abril, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación inició sesión pública para resolver los asuntos relacionados con el rechazo de los registros de Jaime Rodríguez Calderón (El Bronco) y Armando Ríos Piter (El Jaguar), como candidatos a la Presidencia de la República.
Como recordarán, el INE realizó conferencias de prensa a fin de informar sobre las irregularidades encontradas en miles de apoyos recabados por ambos aspirantes; entre otras, que no se encontraban en la lista nominal, personas fallecidas, fotos de copias de credencial, o fotos de licencias.
Ante la negativa del INE, ambos ciudadanos promovieron sendos juicios de protección de derechos político-electorales ante la Sala Superior, señalando como agravio principal la violación a su garantía de audiencia, en tanto que les negaron la revisión del total de los apoyos entregados a la autoridad administrativa electoral.
En el caso del Bronco, el proyecto presentado por el Magistrado Fuentes Barrera ante el Pleno de la Sala propuso revocar el acuerdo del INE para efecto de registrarlo como candidato, ante la evidente vulneración de su derecho de audiencia al impedirle realizar la revisión de la totalidad de los apoyos entregados; aunado a que, de las que sí pudo revisar, se subsanaron alrededor de 14 mil firmas.
El proyecto contó con la mayoría de votos para ser aprobado (4 contra 3), ante las inmediatas reacciones en redes sociales de académicos, politólogos, periodistas, y expertos en materia electoral, que no dejaban de tuitear su inconformidad por el sentido del fallo judicial.
La indignación tenía sustento en las miles de firmas falsas que presentó El Bronco, pero la mayoría de quienes integran la Sala Superior, argumentaron que la violación procesal fue suficiente para determinar el registro del gobernador con licencia, dado que, si se resolvía reponer el procedimiento, implicaba una merma en el derecho a ser votado del político norteño, pues la campaña presidencial ya había iniciado.
Además, los magistrados y la magistrada (la mayoría), afirmaron que, con base en la reparación integral de los derechos de Jaime Rodríguez, se debía considerar que sí alcanzaría el umbral de firmas de apoyo, en virtud de la cantidad que ya había subsanado, habida cuenta que solo le faltaron aproximadamente 16 mil firmas para alcanzar el 1% obligatorio.
Al leer la sentencia, se advierten situaciones que la sesión pública, las críticas, y las conferencias de prensa no te aportan; es decir, la construcción de los sólidos argumentos adminiculados con las constancias valoradas que obran en el expediente, nos permite colocarnos en el lugar de la mayoría, aunque solo respecto de las omisiones e irregularidades acreditadas al INE.
Sin embargo, sigo sin compartir los efectos de la ejecutoria, pues si bien es cierto que se generaría un retraso en la revisión de los apoyos hasta llegar al umbral requerido, provocando una resta a la campaña de El Bronco, no menos cierto es que el aspirante es corresponsable por entregar firmas falsas o irregulares. Además, en una semana se pudo haber realizado la revisión, en tanto que la propia Sala afirmó que lo más probable es que sí hubiera alcanzado el número requerido de apoyos.
Respecto a lo político, en realidad hay poco qué decir, pues solo son rumores y conjeturas sustentadas en especulaciones relacionadas con el pasado de los magistrados y magistrada, de lo cual es muy aventurado e irresponsable expresarme sin pruebas. Pero lo que desgraciadamente es cierto, es que la imagen de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se ha manchado, sobre todo por la etapa del proceso en la que nos encontramos.
No obstante, porque conozco la historia de ese órgano jurisdiccional, sobre todo al analizar la enorme aportación en cuanto a la protección garantista de derechos político-electorales, estoy seguro de que saldrá avante. La base jurídica de su secretariado, auxiliares, asesorías, operativos y demás profesionales que laboran en la Sala Superior, permeará en los y las magistradas a fin de que sigan demostrando que el desacuerdo social sobre el sentido de una sentencia no implica empezar de nuevo, sino consolidar la trascendencia que el TEPJF constituye para la democracia mexicana.
Por tanto, al escuchar y ver las diferentes opiniones en redes sociales y medios de comunicación, se nos viene a la mente el famoso “haiga sido como haiga sido”, porque en lo primero que se piensa es que la autoridad ha avalado la trampa y el fraude; sin embargo, la aparición de El Bronco en la boleta electoral sí cuenta con argumentos jurídicos, no es una ocurrencia ni una orden extra judicial; se trata de una decisión controvertida, por el momento del proceso, por lo mal explicada, por lo mal acatada, por lo mal informada, por lo mal que se ha conducido el poder público, por la desconfianza y corrupción como mayores lastres democráticos… por nuestra historia.
Twitter: @oscarpasquel.