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Foto: Especial

De regateo de presupuesto y destinos humanos

Manuel Aranda
 
| 13 de febrero de 2018 | 9:35
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CIUDAD DE MÉXICO, 13 de febrero de 2018.- El viernes pasado el presidente Donald Trump sancionó este una ley sobre presupuesto temporal que fue aprobada en la madrugada por el Congreso y que permitió “reabrir” su gobierno hasta el 23 de marzo, luego de un cierre de ocho horas durante la noche.

El locuaz mandatario haciendo gala de su retorica populista (argumentos verdaderamente populistas y falaces, no como los que en México se quiere endilgar falsamente a la oposición), menciono en su vía de comunicación favorita, Twitter: “Acabo de firmar la ley. Nuestros militares serán más fuertes que nunca antes”, y añadiendo que la promulgación de esa ley temporal significaba “empleos, empleos, empleos”.

La citada ley temporal extiende hasta el 23 de marzo el financiamiento del Gobierno federal y en ese período los legisladores deberían tener tiempo hábil para transformar este acuerdo presupuestario temporal en una propuesta de ley permanente, además de que el acuerdo otorga a Trump la posibilidad de cumplir con una de sus principales promesas de campaña, el aumento del presupuesto militar, elevando el techo de la deuda hasta marzo del 2019, con lo que se anotaría un hit con el amplio sector conservador de la población, que coincidentemente es en promedio, el de menor nivel académico y cultural, y al que más se ha podido mantener atemorizado con la supuesta posibilidad de que el territorio estadounidense pudiera ser atacado por alguno de los países catalogados por ellos mismos como supuestos “terroristas”, claro, sin crear conciencia ni reconociendo que es precisamente eso, terrorismo, lo que los Estados Unidos hacen y han hecho con muchos otros países.

Por otro lado, la oposición demócrata obtuvo un aumento similar para gastos no militares como la lucha contra los opiáceos, la cobertura médica para niños pobres, inversiones en infraestructura, y una ayuda de $90.000 millones para los estados devastados por huracanes e incendios en el 2017, con lo que en total, el aumento podría llegar a casi $300.000 millones por año, según fuentes del Senado.

La firma presidencial puso fin a una intensa negociación que mantuvo al gobierno clausurado por falta de un presupuesto durante las horas de la noche, y que fue la segunda vez en que eso ocurrió en las últimas tres semanas.

El jefe de la mayoría en el Senado, el republicano Mitch McConnell, y su homólogo demócrata, Chuck Schumer, habían alcanzado el miércoles un punto de acuerdo respecto de los montos de los presupuestos de 2018 y 2019, permitiendo al Gobierno planificar a largo plazo sus gastos e inversiones, lo que a su vez y según sus autores, les permite ambas cosas, financiar a sus fuerzas armadas y supuestamente también a la clase media que desde hace décadas ha sido objeto de políticas de austeridad sin muchos resultados y que el mismo Congreso le impuso, según afirmo el mismo Schumer.

Sin embargo en un cuadro preocupante, este aumento generalizado de los gastos, contrasta con una ley recientemente aprobada por el Congreso que redujo drásticamente los impuestos, con el inevitable impacto en la recaudación fiscal, por lo que algunos integrantes republicanos del congreso,  alertaron en su momento sobre el impacto de estas medidas en el déficit.

En tanto, numerosos legisladores demócratas se oponían a la propuesta porque no mencionaba la regularización de cientos de miles de inmigrantes Dreamers, quienes como sabemos, permanecían protegidos de la deportación por el programa DACA, decretado en la era Obama pero que Trump derogó en septiembre, y fijando el 5 de marzo como fecha límite para que el Congreso legisle al respecto.   El suspenso se mantiene y estamos a 20 días de conocer el desenlace de este juego perverso en el que nuestros hermanos migrantes siguen siendo el objeto de la negociación y la falta de respeto a su elemental condición humana.