Relanzar la Fiscalía Ambiental

La semana pasada se anunció que se relanzará la Fiscalía Especializada en Asuntos Ambientales. La noticia es buena para Michoacán. Se da en un contexto marcado por el agravamiento de una crisis ambiental propiciada por diversos delitos como el cambio ilegal del uso de suelo, que ha provocado en poco más de 20 años la pérdida de más del 50% de nuestros bosques; la contaminación de aire, tierras y aguas por el escaso control de combustibles fósiles y agroquímicos que están, literalmente, rasurando polinizadores y especies de fauna; la destrucción de vastos sistemas naturales de infiltración de agua y la construcción intensiva e ilegal de monstruosas hoyas acaparadoras de agua y la perforación indiscriminada, y también fuera de la ley, de pozos para el riego de huertas aguacateras y de frutillas.

Hasta ahora las políticas públicas que promueven el desarrollo económico y las que pretenden el cuidado y conservación del medio ambiente, no han logrado empatar sus propósitos de manera armónica. La actividad económica, imprescindible para la generación de riqueza, apenas si pinta en algunas áreas el interés por la sustitución tecnológica para alcanzar niveles mínimos de sustentabilidad, pero está a años luz de alinearse en torno a criterios de sostenibilidad. Y la política ambiental, en su imposibilidad de realizarse por el estrangulamiento presupuestal que ha impuesto el ejecutivo federal y la desaparición de programas insignia que contenían o mitigaban el ecocidio permanente que vivimos, está en franco y preocupante retroceso.

Resultado de esta incompatibilidad Michoacán ha perdido valiosos y vitales ecosistemas que degradan el derecho constitucional de las personas a un medio ambiente sano. Desde hace dos décadas en que el cultivo del aguacate rebasó la línea de la legalidad y dejó de cultivarse en tierras de uso agropecuario y se expandió a costa de la tala, las aguas y la fauna, hubo omisión en todos los ámbitos de gobierno. La participación del crimen organizado en este negocio, que no ha cesado hasta la fecha, ha propiciado que el sector ilegal (más de 120 mil hectáreas, más de la mitad del total cultivado) siga creciendo y dando viabilidad financiera incluso a quienes se dedican a la criminalidad.

En los campos de la ilegalidad también están integrantes de las grandes asociaciones de productores de aguacate, como la APEAM, que determinados por la ambición y la codicia deciden ampliar sus negocios a costa de los bosques, aprovechando su condición de poder fáctico. En la misma ruta están connotados políticos que han encontrado en el sector aguacatero ilegal un nicho bastante generoso para invertir y hacerse de riquezas inmediatas. Hasta existe un sector de inversionistas conocido como «aguacateros inmobiliarios», especializados en la compra, tala, plantación y construcción de hoyas captadoras de agua, que una vez «normalizada» la ilegalidad, se dedican a vender los predios como huertas aguacateras en producción con trayectorias de 4 a 5 años, que incluso aprovechando la oferta gubernamental para la legalización, se acogen mañosamente a ella y se vuelven intocables.

Por estas razones, creemos de buena fe, que el relanzamiento de la Fiscalía Especializada en Asuntos Ambientales, será un instrumento eficaz dentro del derecho para contener el ecocidio que se mantiene como tendencia boyante, y sancionará a la delincuencia ambiental. Ojalá que no sea el pretexto para que malos funcionarios, como siempre existen, se dediquen a extorsionar a pequeños propietarios y campesinos, sorprendidos porque cortaban un árbol plagado o trasladaban madera muerta y chapodaban una vereda, o son poseedores de una huerta de aguacate de dos hectáreas en tierras agrícolas, en tanto que dejan intactos a los que talaron 80 o 100 hectáreas, pero que cuentan con recursos para sobornar funcionarios de alto nivel.

El mayor reto que tiene la Fiscalía, junto con las instituciones gubernamentales ambientales, tanto federales como estatales, es lograr contener y revertir la destrucción de la naturaleza en nuestro estado y con ello la pérdida del potencial de riqueza con que contamos. Eso se logra sólo con coordinación  en función de políticas integrales.

Para verificar su éxito y el de toda la política ambiental es imprescindible que se cuente con un diagnóstico e inventario de bosques, aguas y fauna. Un inventario que nos permita a la sociedad y al gobierno identificar año con año, si por ejemplo, se ha contenido el cambio ilegal de uso de suelo, se ha continuado con el arrasamiento de zonas de recarga freática y avanzamos hacia la condición de estrés hídrico, ha disminuido la biodiversidad o el uso de agroquímicos letales para el medio ambiente continua.

Valdría la pena que desde su competencia, cada institución ambiental dedicara esfuerzos extraordinarios a la prevención para evitar llegar al punto en que una vez ocasionada la destrucción se tenga que pelear, muchas veces sin éxito, para generar procesos de mitigación o de regeneración.

El cuestionamiento internacional sobre los daños ambientales que está ocasionando el cultivo extensivo del aguacate, que parece ser la única voz que sí escuchan ciertos niveles de autoridad y las agrupaciones de aguacateros, porque desoírlos implica restricción de mercados, debe dar pie a normas exigentes para que dicho fruto sea estrictamente ambiental: es decir, que no provenga de predios deforestados en los que se ha matado biodiversidad o se han destruido zonas esenciales para la infiltración de agua. La vía de la legalización, por el sólo hecho de ya existir, porque han pagado algunos miles de pesos al gobierno o van a reforestar el 10% de la superficie, no puede derivar en la certificación ambiental. Puede ser legal pero no ambiental. ¿Cómo va a ser ambiental un producto que para existir ha destruido el medio ambiente?

Buena señal será confirmar que están siendo procesados los grandes delincuentes ambientales que han llevado a nuestra entidad a la deplorable condición actual y mucho mejor conocer que por ley deberán invertir lo necesario para reponer bosques y aguas destruidas. Confortante será reconocer que las aguas vuelven a sus causes y los pueblos vuelven a ejercer el derecho al agua, como lo mandata la constitución.