Ricardo Monreal, el ataque

El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila viajó recientemente a Europa junto con su esposa para conmemorar un acto estrictamente personal: su 40 aniversario de matrimonio. Lo hizo durante el receso legislativo, sin ejercer funciones públicas, sin representar a institución alguna y utilizando recursos propios. Aun así, ese viaje fue convertido en una narrativa de descalificación. Pero el centro del debate no es el viaje. Veamos.

Primero. ¿Dónde termina la vida privada de un servidor público y dónde comienza su responsabilidad institucional? La respuesta no puede quedar al arbitrio de la percepción pública ni de criterios morales fluctuantes. Debe fundarse en el marco legal. En este caso, el viaje de Ricardo Monreal fue realizado durante el receso del Senado, sin representar a institución alguna, y costeado íntegramente con recursos personales. No hubo comisión oficial ni ejercicio de poder. A partir de allí, todo juicio debe partir de un principio elemental: lo que no está prohibido por la ley, está permitido. No se interrumpió ninguna función pública ni se dispuso de recursos estatales. Lo que ocurrió fue el ejercicio del derecho al descanso y a la vida privada, amparado por el artículo 1º constitucional, que protege el libre desarrollo de la personalidad, la intimidad y la vida familiar. Exigir que un funcionario renuncie a esos derechos, incluso fuera del cargo, equivale a desnaturalizar los límites del servicio público. Aquí entra en juego un concepto invocado con ligereza: la austeridad republicana. Esta no es una cruzada moralista, ni una renuncia a la vida personal. Es una política pública con un propósito claro: combatir el dispendio, eliminar lujos pagados con dinero público y garantizar que el poder se ejerza con racionalidad presupuestaria. Su sentido es financiero e institucional, no personal ni simbólico. La austeridad republicana no exige que los funcionarios vivan en abstinencia emocional o bajo permanente observación moral. No puede convertirse en un dogma inquisitorial que confunde decoro público con penitencia. Criticar decisiones privadas legítimas bajo esa bandera no fortalece la ética pública: la trivializa. El mensaje es preocupante: no basta con actuar conforme a derecho, también se exige un perfil que satisfaga determinadas expectativas estéticas o ideológicas. Eso no es austeridad. Es vigilancia disfrazada de exigencia ética. Autoritarismo simulado.

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