Salud, crece el desfalco…

@JoelSanRadar

La Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo, a través de la Fiscalía de Delitos de Corrupción, integra otras dos carpetas de investigación que involucran a ex-funcionarios del sector salud y de la Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial; Y no, no es por el desfalco que se descubrió que en complicidad con la dirigencia del sindicato se efectuaba cada quincena en agravio de más de mil 500 trabajadores.

Las carpetas, que podrían judicializarse en unos cuantos días y que representarían una probable responsabilidad penal para el ex-secretario Alejandro Efraín Benítez Herrera y el ex-titular de Administración y Finanzas, Ignacio Valdéz Benítez, lo son por las irregularidades en las que se incurrió en cuanto a la edificación del nuevo Hospital General de Pachuca ubicado en San Agustín Tlaxiaca, pero sobre todo por la simulación en la compra de insumos contra el Covid-19, que se facturaron y pagaron, pero nunca llegaron.

De las investigaciones que son dirigidas desde el despacho de Santiago Nieto Castillo, se ha podido determinar que en la SSH, se recurrió a empresas fantasma o fachada para el desvío de recursos públicos, como al parecer se hizo en el caso de un diagnóstico sobre el estado de la pandemia en la entidad, que significó un gasto millonario, sin ningún beneficio para el estado, porque solo se trataba de defraudar al erario a costa de la salud de los hidalguenses.

LAS RENTAS, EL SAQUEO…

Durante la administración del ex-gobernador Omar Fayad Meneses, el Corporativo MUSA, representado por el empresario Gerardo Saade Kuri en su calidad de administrador único, obtuvo ganancias hasta por 4 millones 800 mil pesos anuales, tan solo por dos contratos de arrendamiento con el Gobierno del Estado, al que le alquiló de manera simultánea, para la Secretaría de Salud un edificio sin agua y sin baños suficientes para los trabajadores en 211 mil pesos al mes y, para el Registro del Estado Familiar, oficinas en 189 mil pesos cada 30 días.

Pero no solo el yerno del ex-gobernador Jesús Murillo Karam se benefició arrendando inmuebles a la administración estatal; con contratos, firmados todos por el ex-oficial mayor Martiniano Vega Orozco, que hoy es prófugo de la justicia, dependencias de la Secretaría de Gobierno, entonces a cargo de Simón Vargas Aguilar, pagaban y siguen pagando jugosas rentas por oficinas, es el caso del registro ya mencionado, pero también del Instituto de la Función Catastral, por cuya sede se desembolsan 290 mil pesos casa mes y 76 mil 650 por la del Instituto de la Defensoría Pública en el que prevalecieron las transas.

En la zona plateada de Pachuca, se pagan más de 800 mil pesos al mes por la renta de cuatro dependencias gubernamentales; 124 mil por la oficina de la Contraloría; 122 mil por una de la Secretaría del Trabajo; 276 mil por la sede de la Secretaría de Desarrollo Económico y 320 mil por la de la Secretaría de Turismo, cuya titular actual ya dijo que seguirán ocupando si les hacen un descuento; el problema no solo es cuánto se paga y a quién, sino que todo contrato y precio se asigna se manera discrecional y hasta se ocultan los datos como es el caso de la SECTUR. Fue otro saqueo más, avalado por el hoy prófugo; ya les dijimos, búsquenlo en Suiza.

CHARREZ, LAS BONDADES…

A diferencia del joven Iván Flores, que a los 21 años tuvo una muerte horrible, calcinado, luego de que su modesto vehículo fuera impactado por la veloz camioneta de un poderoso político en estado de ebriedad; el ex-diputado federal de morena, Cipriano Charrez Pedraza tiene mucho que celebrar, pues las bondades del sistema político le permiten hoy ser un hombre libre, pese a haber sido sentenciado a 2 años 10 meses de prisión. Primero porque el delito que cometió el 6 de octubre de 2018 fue reclasificado de doloso a culposo y ello facilitó que saliera de la cárcel para ir a prisión domiciliaria y, segundo, porque la ridícula pena que le impusieron, ya la cumplió.

Cipriano Charrez, ex-alcalde de Ixmiquilpan, ex-diputado local y federal, ya hasta puede volver a la política, pues jurídicamente nunca ha sido condenado por un “delito doloso que amerite pena corporal”; ha recuperado sus derechos políticos y por si fuera poco, su familia se anota un segundo triunfo legal en la misma semana, pues su hermano menor, Vicente, con quien compartió la cárcel en Pachuca, igual se fue ya a prisión domiciliaria, es decir que ya está tranquilo en casa pese a la advertencia del Poder Judicial de que periódicamente revisarán que no salga de ahí.

Así que la vida le vuelve a sonreír al político ixmiquilpense, a pesar de que en junio de 2020, su nombre y el de otro de sus hermanos, Pascual que entonces se desempeñaba como alcalde, fueron ventaneados en una conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, por sus presuntos vínculos con un grupo de la delincuencia organizada identificado como los Hades. Total, ya ni quien se acuerde de eso.

JUEZA, SERIA ACUSACIÓN…

Hablando del presidente López Obrador, muy seria fue la acusación que el jefe del ejecutivo federal lanzó esta semana en contra de una Jueza del estado de Hidalgo, pues según palabras del mandatario, que después fue secundado por el general secretario Luis Cresencio Sandoval González, la integrante del Poder Judicial liberó a personas presuntamente relacionadas con el robo de hidrocarburos en la región de Tula, donde precisamente el grupo de coordinación interinstitucional en seguridad, detuvo a 15 sujetos en un operativo.

Ya sabemos que por costumbre, el mandatario critica y cuestiona el actuar del Poder Judicial, más ahora que reafirmó su parcial independencia con la llegada de la ministra Norma Lucia Piña Hernández a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia, pero la acusación en contra de la Jueza, de la que no dio su nombre, es un claro indicativo de que algo está mal; O falló la fiscalía en la integración de la carpeta y puesta a disposición de los detenidos o alguien se corrompió para que los presuntos huachicoleros pudieran salir.

Tal como lo indicó el Presidente, debe investigarse, porque donde quiera que haya estado la falla o la falta, debe corregirse para evitar que operativos exitosos como el que se hizo para las detenciones, al final fracasen porque alguien hizo mal o de manera indebida su trabajo.

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DE REFILÓN: Tras culminar su gestión el ex-magistrado Manuel Alberto Cruz Gutiérrez, en el Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo están por cumplirse dos meses con un lugar vacío en el pleno, por lo que será el próximo mes de febrero, cuando el Senado de la República emita la convocatoria respectiva para seleccionar a quien habrá de ocupar esa posición vacante desde el pasado 7 de diciembre.

Las opiniones y conclusiones expresadas en el artículo son de exclusiva responsabilidad del autor y no necesariamente reflejan la posición de Quadratín.