Sedena, Guardia nacional, Estado de seguridad Interior, V Transitorio

INDICADOR POLÍTICO

La decisión presidencial de incorporar a la Guardia Nacional al ámbito de competencia de la Secretaría de la Defensa Nacional y transformar la actual Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en la Secretaría de Seguridad Pública y Justicia tendría que ser enmarcada en una reforma del Estado para construir un aparato de seguridad coherente con las responsabilidades públicas ante el desafío del crimen organizado.

El punto clave de la reorganización de la seguridad en el gobierno actual se localiza, por tanto, en la doctrina de seguridad interior que se ha querido soslayar de manera intencionada para promover la idea de una militarización dictatorial. Sin embargo, la seguridad interior es el nuevo concepto toral de definición del Estado porque abarca los tres temas fundamentales de la soberanía: democracia, desarrollo y bienestar. La doctrina militar de seguridad interior es muy clara:

“Condición que proporciona el Estado mexicano para salvaguardar la seguridad de sus ciudadanos y el desarrollo nacional mediante el mantenimiento del Estado de Derecho y la gobernabilidad democrática en todo el territorio nacional”.

La inseguridad pública y criminal de la que todos se quejan es producto de la reorganización estratégica de los diferentes grados de delincuencia y está afectando la capacidad productiva del país y con ello generando mayores desigualdades sociales. Por lo tanto, la seguridad interior –que tiene el mandato constitucional– podría ser el punto que engarce la seguridad pública que afecta el patrimonio de los ciudadanos y a la seguridad nacional que se viola en deterioro de la soberanía por la transnacionalización del crimen organizado. En este sentido, la seguridad interior no es una fase de militarización, sino una etapa de la responsabilidad de las Fuerzas Armadas como con la institución garante de las condiciones de bienestar de la sociedad.

La adscripción de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional anunciado por el presidente responde a los criterios contenidos en el quinto y el sexto transitorios de la reforma constitucional aprobada el 14 de marzo de 2019 para crear la Guardia nacional. Ahí se establecen dos decisones: la participación de la Fuerza Armada (quinto) permanente en tareas de seguridad pública –por situación de seguridad interior– y, en el sexto, la configuración del nuevo cuerpo de seguridad bajo las reglas jerárquicas, disciplinarias, de responsabilidades, de normas de ingreso, educación, capacitación, profesionalización, ascensos y prestaciones homologados a la Fuerza Armada permanente.

El otro dato importante se encuentra en la reorganización del área de Defensa Nacional con decisiones fundamentales: la creación de la Guardia Nacional bajo la responsabilidad de la Sedena y Marina, la creación de estados mayores conjuntos en la Sedena, la creación de la Comandancia del Ejercito como espacio estrictamente militar y ahora la transformación de la Secretaría de Seguridad y Protección ciudadana en la Secretaría de Seguridad Pública y Justicia.

La funcionalidad de la nueva reorganización de seguridad responde a los criterios y necesidades de cada país y de cada Estado. Y en el caso mexicano, el área militar y sus funcionamientos de disciplina y autonomía están subordinados al modelo del presidente de la República como comandante supremo de las fuerzas armadas, es decir, bajo criterios de enfoque civiles en el ejercicio de las políticas del Estado.

La supuesta militarización de la seguridad pública tiene el acotamiento del mando civil no solamente en la jerarquía de sus funciones, sino en la subordinación de las fuerzas militares y la Guardia Nacional a las leyes y tribunales civiles, negando cualquier criterio de excepcionalidad. La nueva división jerárquica en la Sedena separó con mucha claridad la configuración del Ejército como Fuerza Armada permanente con sus reglas estrictas de disciplina castrense, en tanto que la Guardia Nacional toma de su origen militar los criterios de disciplina y responsabilidad civil y se ajusta a su funcionamiento en tribunales civiles.

El fracaso de las policías federales radicó en su configuración bajo leyes civiles de disciplina relajada, una amenaza que estaría presente en la Guardia Nacional y que implicaría un mayor control de las tropas para evitar los vicios de corrupción conocidos de las policías federales anteriores, muchos de cuyos jefes cayeron en las garras del crimen organizado.

El relajamiento de la inseguridad derivado de las reglas de derechos humanos obliga a una reorganización del aparato de seguridad del Estado.

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