Va la nueva Ley de economía digital en México
PACHUCA, Hgo., 25 de agosto de 2026.- La Secretaría de Marina-Armada de México (SEMAR) fue, durante décadas, la institución con mayor confianza y aprobación social en nuestro país. En 2011 tuve el honor de conocer al entonces contralmirante Arturo David Lendeche Sofán, comandante de la Primera Zona Naval en Tampico, Tamaulipas: un hombre íntegro que dirigía a sus tropas para combatir a la delincuencia organizada en tierra y para salvaguardar la soberanía nacional en el mar.
Coincidí nuevamente con él en Manzanillo, Colima, cuando ya ostentaba el grado de almirante y comandaba la Cuarta Región Naval.Como él, había muchos marinos que daban la vida por México. Entendían que la política era asunto de civiles; ellos solo hacían política al interior de la Armada. Durante los cuatro años que traté con él, siempre me habló del amor por la patria y del orgullo de servirla de manera honrada. En los hechos siempre demostró su valor y amor por México.
En 2018, con la llegada de la Cuarta Transformación, el paradigma de las Fuerzas Armadas cambió radicalmente. Los mismos actores que criticaron al presidente Felipe Calderón Hinojosa por emplear al Ejército y a la Marina en la llamada guerra contra el narcotráfico, impulsaron posteriormente reformas legales para consolidar a la Guardia Nacional bajo mando militar y otorgaron poderes de facto plenipotenciarios a las Fuerzas Armadas.
En ese contexto, y como humedad que se filtra, la corrupción comenzó a permear en las instituciones que, hasta entonces, gozaban de mayor aprobación ciudadana. Se les entregó la administración de aeropuertos, puertos y aduanas del país. El resultado previsible fue que hombres formados durante años lejos de las tentaciones del poder político y económico comenzaran a ejercerlo directamente.
En 2019 se nos dijo que había desabasto de combustible y que era necesario adquirir 571 pipas porque el huachicol sustraía el patrimonio energético de la nación. Mientras observábamos en las carreteras los convoyes de pipas custodiadas por el Ejército, la Marina o la Guardia Nacional, ingresaban al país millones de litros de combustible sin pagar impuestos. Este ilícito, bautizado coloquialmente como "huachicol fiscal", jurídicamente encuadra en el delito de contrabando, previsto en el artículo 102 del Código Fiscal de la Federación. Se dejó de pagar el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) y, en algunos casos, el Impuesto al Valor Agregado (IVA).
No es una percepción. De acuerdo con el propio SAT, en 2024 se dejó de recaudar 177 mil 170 millones 295 mil 672 pesos por conceptos del IEPS y del IVA a causa del huachicol fiscal, con un impacto estimado en 177,170 millones de pesos solo ese año. Entre 2019 y 2024, el costo acumulado habría sido de 554 mil 750 millones de pesos por concepto de IEPS no cobrado. Sin saberlo, los consumidores adquirimos producto de contrabando introducido por las instalaciones que custodiaba la SEMAR.
Así transcurrió el sexenio anterior. De acuerdo con investigaciones periodísticas y ministeriales en curso, la corrupción habría alcanzado presuntamente el más alto nivel de la Marina. Se ha señalado la presunta participación de familiares del entonces secretario de Marina, hechos que las autoridades no han esclarecido bajo el argumento de que el titular desconocía lo ocurrido, lo cual, de acreditarse una omisión en el deber de vigilancia, también podría constituir responsabilidad en términos de nuestras leyes.
El pasado viernes 21 de agosto llegó a México, deportado de Argentina, el contralmirante Fernando Farías Laguna. Su presencia es clave para esclarecer esta red. Nuestra legislación prevé el artículo 256, fracción V, del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establece el criterio de oportunidad: "Cuando el imputado aporte información esencial y eficaz para la persecución de un delito más grave del que se le imputa, y se comprometa a comparecer en juicio".
Si se quiere llegar al fondo y no simplemente cortar por lo más delgado, la Fiscalía General de la República tiene la posibilidad jurídica de celebrar dicho criterio con Farías Laguna para llegar a los autores intelectuales y mayores beneficiarios económicos en este desfalco a la hacienda federal. De la imagen de la SEMAR ya no es necesario hacer mayor pronunciamiento. Para volver a ser la institución más querida y respetada por los mexicanos, necesitará una reestructuración interna profunda y presentar ante la justicia a todos los responsables.
No fue huachicol fiscal. Fue contrabando institucionalizado. Y no fue un descuido, fue un negocio amparado por quienes juraron custodiar los puertos de la nación.Porque la pregunta ya no es si hubo contrabando en los puertos de la Marina, sino quién en el Estado mexicano se hizo millonario permitiendo que sucediera.
Las opiniones y conclusiones expresadas en el artículo son de exclusiva responsabilidad del autor y no necesariamente reflejan la posición de Quadratín.