Sinaloa: cuando el presupuesto ignora la violencia

26 de agosto de 2026

7:16

Roberto Piña

PACHUCA, Hgo., 26 de agosto de 2026.- La tragedia de inseguridad en Sinaloa también tiene una explicación presupuestal. Como todos sabemos, desde hace prácticamente dos años el estado de Sinaloa ha sido noticia nacional a partir de la captura de varios personajes vinculados al crimen organizado. Más allá de la narrativa política del partido en el gobierno y de la oposición, vale mucho la pena analizar qué factores históricos han llevado a ese estado a esta crisis que hoy le está explotando en la cara al estado mexicano.

Las causas de dicha crisis son multifactoriales y merecen, sin duda, un estudio histórico profundo y responsable; sin embargo, en esta entrega analizaremos, desde los “Números del Poder”, lo que podrían ser tres factores que han abonado a esta crisis.

Nos referimos al presupuesto que se destina en el estado de Sinaloa para JUSTICIA; ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR; y RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES.

Dicho lo anterior, primero definamos cada uno de estos conceptos.

De acuerdo con el Clasificador Funcional del Gasto de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el presupuesto para JUSTICIA: Comprende la administración de la procuración e impartición de la justicia, como las acciones de las fases de investigación, acopio de pruebas e indicios, hasta la imposición, ejecución y cumplimiento de resoluciones de carácter penal, civil, familiar, administrativo, laboral, electoral; del conocimiento y calificación de las infracciones e imposición de sanciones en contra de quienes presuntamente han violado la Ley o disputen un derecho, exijan su reconocimiento o en su caso impongan obligaciones.

Así como las acciones orientadas a la persecución oficiosa o a petición de parte ofendida, de las conductas que transgreden las disposiciones legales, las acciones de representación de los intereses sociales en juicios y procedimientos que se realizan ante las instancias de justicia correspondientes. Incluye la administración de los centros de reclusión y readaptación social. Así como los programas, actividades y proyectos relacionados con los derechos humanos, entre otros.

Por otro lado, el presupuesto para los ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR: Comprende los programas, actividades y proyectos relacionados con el orden y seguridad pública, así como las acciones que realizan los gobiernos Federal, Estatales y Municipales, para la investigación y prevención de conductas delictivas; también su participación en programas conjuntos de reclutamiento, capacitación, entrenamiento, equipamiento y ejecución de acciones coordinadas, al igual que el de orientación, difusión, auxilio y protección civil para prevención de desastres, entre otras. Incluye los servicios de policía, servicios de protección contra incendios.

Finalmente, el presupuesto para la RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES: Comprende los programas, actividades y proyectos relacionados con la promoción, fomento y prestación de servicios culturales, recreativos y deportivos, otras manifestaciones sociales, radio, televisión, editoriales y actividades recreativas.

En un estado donde todos sabemos que nació y se estableció uno de los cárteles más poderosos del mundo en cuanto al tráfico de drogas se refiere; en un estado donde las juventudes han sido reclutadas por el crimen organizado; en un estado donde se ubica Culiacán, la ciudad con la mayor tasa de homicidios del país por cada 100 mil habitantes, al registrar 103 homicidios y ubicarse en el sexto lugar mundial en este indicador, por detrás de ciudades como Puerto Príncipe, Haití; Babahoyo, en Ecuador; y Mandela Bay, en Sudáfrica.

Según el informe del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal publicado el pasado mes de febrero, y en un estado con una percepción de inseguridad del 80.5 por ciento de la población, según el INEGI, se esperaría que el presupuesto asignado a las tres funciones antes referidas no solo se mantenga, sino que se incremente de manera consistente en respuesta a las evidentes circunstancias del estado en materia de seguridad y atención a las juventudes.

No hacerlo mostraría el desprecio total de sus gobernantes ante las necesidades reales de seguridad y tejido social. Y sí, como seguramente ya lo sospechaba, estimada y estimado lector, en el estado de Sinaloa no se ha incrementado el presupuesto para estas funciones; incluso, por increíble que parezca, se ha reducido. En la siguiente tabla y gráfica te muestro el comportamiento presupuestal de las tres funciones antes referidas durante los últimos 10 años.

Estos “Números del Poder” del estado de Sinaloa desnudan cualquier discurso político de los gobernantes en cuanto a priorizar la justicia, la seguridad pública y la recreación cultural y deportiva, y evidencian, como ya lo mencioné, el desprecio y la indiferencia ante las realidades del estado.

El ejemplo presupuestal de Sinaloa debe servir como lección para el resto de las entidades federativas. Los presupuestos públicos deben obedecer a las circunstancias y prioridades de cada estado; no se pueden ni deben construir a partir de la inercia histórica presupuestal. Los presupuestos deben atender la identificación de las problemáticas que justifiquen la intervención gubernamental y fijar metas claras a partir del ejercicio del gasto público.

Las opiniones y conclusiones expresadas en el artículo son de exclusiva responsabilidad del autor y no necesariamente reflejan la posición de Quadratín.