Sociedad rebasa a la crítica o la crítica se aparta de la sociedad

INDICADOR POLÍTICO

El reacomodo del marco jurídico-institucional sobre el papel de las Fuerzas Armadas en la seguridad interior como síntesis del fracaso político y de gobierno de las instituciones civiles está enviando un mensaje hacia la clase política como gobierno u oposición que va mucho más allá del debate sobre la militarización.

Mientras se discutían los términos de la reorganización legal, varios hechos ocurrieron como para ilustrar la dimensión del asunto: el jefe de jefes Miguel Angel Félix Gallardo que fundó los cárteles como organizaciones criminales está siendo autorizado para terminar los días en su casa y no en una prisión, estudiantes de Ayotzinapa atacaron con bombas molotov y acciones terroristas instalaciones en Guerrero, un incidente entre delincuentes puso en riesgo personal civil en Orizaba y obligó a la movilización de la Guardia Nacional y de personal del Ejército y en la reunión del diálogo México-Estados Unidos volvió a surgir el tema de los cárteles mexicanos de la droga que se han fortalecido e invadido el territorio estadounidense.

Estos datos revelan el fracaso de la estrategia civil de seguridad pública desde 1984 cuando se rebelaron evidencias de que el Cártel de Guadalajara de Félix Gallardo había crecido bajo el amparo de la protección de las estructuras de seguridad civiles y, como se mostró en la iniciativa de ley para adscribir a la Guardia Nacional bajo la tutela de la Secretaría de Defensa nacional, había llegado a convertirse en un poder criminal cuasimilitar de confrontación y disputa contra el Estado mexicano.

La campaña mediática contra la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interior —síntesis de la Seguridad Pública y la seguridad nacional– ignoró un dato fundamental: la confianza de la sociedad en la participación de los militares y marinos en tareas de apoyo a la seguridad pública para proteger al Estado y sus instituciones y de paso al ciudadano en sus propiedades y vidas suele crecer en momentos en que las instrucciones de las directrices civiles replieguen los operativos contra las bandas delictivas y entonces sube la percepción de inseguridad de la ciudadanía, según encuestas que se cruzan de manera simultánea con porcentajes de aprobación social de más de 80% de la ciudadanía hacia la participación castrense en seguridad.

Los sectores legislativos que se están oponiendo a la participación militar en labores de seguridad interior se olvidaron de sus propias responsabilidades para exigir cuentas y aprobar mayores responsabilidades a las tareas en declinación de las fuerzas civiles de seguridad a nivel municipal y estatal, violando el criterio constitucional de los transitorios de la Guardia Nacional respecto a entrega de reportes sobre el cumplimiento de sus objetivos de gobierno.

La fórmula es casi automática: el tránsito de la seguridad pública al ámbito de la seguridad interior ha pasado por el deterioro de la capacidad policiaca de alcaldes y gobernadores que han recibido mayores recursos económicos para ese rubro, pero no han podido profesionalizar a sus cuerpos locales para ir ocupando los espacios que ahora tienen la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas. En estos años no ha existido ninguna iniciativa legislativa que contribuya a profesionalizar las seguridades estatales y municipales, dejando a los gobernadores y alcaldes en la cómoda posición de ceder su responsabilidad a las fuerzas federales militares.

Las encuestas del INEGI sobre percepción de seguridad revelan la correlación entre la alta confianza de la sociedad en las fuerzas federales y la baja estima al sector policiaco estatal y municipal. Y mientras no exista la garantía probada de que alcaldes y gobernadores tienen las fuerzas de seguridad locales suficientes, entrenadas y capaces para enfrentar los delitos de fuero común que son los que dominan las estadísticas de inseguridad, el Estado tendrá que seguir desplazando agrupaciones federales para sustituir la incapacidad, negligencia o comodidad de gobernadores y alcaldes en materia de seguridad.

La argumentación opositora sobre las iniciativas de reforzamiento militar de la seguridad interior se basa en una lectura legalista basada en lo que dice la Constitución, sin entender que la Carta Magna es un catálogo de responsabilidades que los legisladores definieron en función de coyunturas concretas y que los artículos constitucionales no son las tablas de Moisés que deben aplicarse con sentido estricto.

Las opiniones y conclusiones expresadas en el artículo son de exclusiva responsabilidad del autor y no necesariamente reflejan la posición de Quadratín.