Laboratorio Público/ 100 días
PACHUCA, Hgo., 3 de octubre de 2016.- El delito consistente en la ordeña de ductos petroleros que hoy prevalece es verdaderamente grave y alarmante, es de tipo federal y por ello las autoridades han tenido que hacer uso de muchos recursos para proteger, incluso con acciones militares, los ductos que cruzan todo el país y que a su vez han sido anaqueles de oportunidad para el robo de animosos delincuentes y bandas relacionadas al crimen organizado. Hace más de un año, el Senado de la República aprobó una ley para castigar con penas de 5 a 60 años de prisión a los responsables del robo de hidrocarburos, dicha ley también protege al consumidor al que se le venden litros incompletos de gasolina, diésel y gas doméstico, la ley fue promovida por Omar Fayad Meneses, quien en ese entonces era senador.
Recordemos que la famosa Reforma Energética buscaba mejorar la calidad del servicio, el costo y la optimización de las empresas energéticas del Estado (CFE y Pemex), sin embargo el panorama mundial ha dado al traste con las intenciones políticas, además se sospecha que el alto costo de las gasolinas que pagamos es una especie de nuevo pago de tributo al gobierno, el cual parece que llena sus huecos de recaudación y desfalcos del presupuesto cobrando más por un elemento indispensable que es el energético, el cual para ser surtido en nuestro país es comprado barato en el exterior y vendido caro en todo México. Ese dinero que una economía aparentemente estable puede darle poder de compra a los mexicanos se va en pagar una gasolina cara.
Con gasoductos de donde robarla, el cada vez más alto costo de combustibles y la realidad de un país de impunidad parece elemental que existan estas bandas que se dedican a robar gasolina para venderla clandestinamente a precios más bajos que los oficiales, algo que hace rentable el negocio, quizá tan rentable como otros delitos mayores como el trasiego y comercio de enervantes, la trata de personas y el comercio de armas de fuego.
El pasado mes de septiembre decomisó la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo un total de 4400 litros de gasolina en el municipio de Tula de Allende, si simplemente hacemos la cuenta: si quisiéramos comprar esa cantidad de hidrocarburo en cualquier gasolinera, a un precio de 14.81, que cuesta la gasolina Magna, nos costaría 65164 pesos, eso fue lo decomisado, podremos preguntarnos cuántos litros más habrían robado y comercializado antes de ser detenidos.
En el mercado negro el hidrocarburo robado puede tener diversos precios, pero el valor de mercado no es el combustible en sí, lo que se paga es el riesgo para obtenerlo y la cadena de corrupción que debe haber para que el producto robado llegue al consumidor final. A todos nos gustaría comprar gasolina más barata, pero no medimos que un producto ilegal le cuesta caro a una sociedad entera y más si esta práctica abona a la corrupción y a la violencia del país.
El comercio ilegal de hidrocarburos simplemente requiere burlar a la autoridad que vigila los ductos, o corromperla (cabe mencionar que en algunos casos los agentes policiacos han sido detectados también robando), para luego ordeñar un ducto, sacar el combustible, trasladarlo y encontrar clientela, ya sea en empresas que requieran de él o expenderlo a la orilla de las carreteras. Es notable que en sitios de Facebook los expendedores de combustible ilegal conectan negocios, o bien, en paraderos de traileros nunca falta algún joven que se acerca a los choferes para ofrecerles el llamado “huachicol”, término, o más bien dicho eufemismo, aplicado a el manejo adulterado, robo, ordeña, tráfico y venta de combustibles; dicho término surgió entre los transportistas, quienes comúnmente, desde hace muchos años tenían la práctica de sacar combustible de los vehículos a su cargo, para venderlo y así obtener alguna ganancia.
Los huachicoleros o guachicoleros participan en bandas muy bien organizadas, algunas vinculadas al narcotráfico, donde el trabajo se divide y se requiere de gente armada, pero dicha labor se realiza de forma precaria y riesgosa, muchos accidentes se han dado en las zonas de ordeña cuando perforan algún ducto y se salen las cosas de control, en Hidalgo ya hubo un accidente en Tepeapulco y otro en Cuautepec; lo siguiente es el transporte, utilizan vehículos convencionales para no levantar sospechas, puede ser desde una camioneta minivan familiar en donde llevan recipientes y tambos con el material explosivo; peor aún es el almacenaje, donde del mismo modo y en sucios recipientes acaudalan el energético.
En contraste con lo anterior, los concesionarios de gasolineras deben tener una inversión enorme en sistemas de seguridad para que no exista ningún riesgo en la expedición de combustible, sistemas que incluso detectan el más mínimo vapor que se escape, igualmente los depósitos de Pemex y sus transportes tienen protocolos de seguridad para no poner en riesgo la vida de nadie.
Hidalgo es una de las entidades en donde más robo de combustible hay, esto se debe a múltiples factores, el principal, hay muchos ductos que pasan por zonas no muy vigiladas, es evidente la falta de vigilancia y que en muchos casos las policías municipales que si no pueden darse abasto para cumplir con sus funciones de seguridad ciudadana, menos pueden vigilar zonas aisladas por donde se mueven los huachicoleros.
Finalmente, hay que entender que este delito existe porque hay demanda de combustible barato, quien lo compra no tiene escrúpulos y menos el que roba y vende, el cual además arriesga su vida constantemente, quizá porque en eso también le falta conciencia. Otra falta de conciencia notable es cuando se ha visto a traileros quejarse de los riesgos en carretera cuando les han robado algún camión o simplemente son asaltados, pero a su vez se ufanan de comprar diésel barato.