Ráfagas: Tatiana Ángeles, cuentas pendientes
PACHUCA, Hgo., 19 de septiembre de 2016.- Esa frase se dice en muchos espacios cuando se habla de la aplicación ideal de justicia, cuando se cree que ésta no es pareja, sonó como una de las primeras acciones de Omar Fayad Meneses como Gobernador Constitucional del Estado de Hidalgo, así el Coordinador de Seguridad Pública del Estado, Roberto Cordero Mercado, otrora responsable de la seguridad de los hidalguenses, fue cesado. Las razones fueron de sobra conocidas, fue por un escandaloso hecho difundido con indignación en redes sociales en el cual el hijo del coordinador fue responsable de un atropellamiento a un menor de edad con una motocicleta; pudo haber sido un común accidente, simplemente se deslindaría la responsabilidad en cuanto a las lesiones, pero como muchas veces sucede, Carlos Cordero, de 26 años de edad, hijo del funcionario espetó el ser influyente y fue privilegiado para que no se le fincaran cargos y librara cualquier responsabilidad, se dice que la víctima fue abandonada y la motocicleta no llegó al corralón.
El hecho se suscitó a dos días del cambio de poderes, a los pocos días el nuevo gobierno actuó y el propio Gobernador del Estado expresó “no nos vamos a manejar al margen de la ley” y además aseguró que cualquier servidor público que cometa un delito, así fuere imprudencial, debería ser procesado conforme a derecho. Como consecuencias se dio el cese de Roberto Cordero, pero además se encontró que el responsable del accidente estaba en la nómina de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, algo muy común en dependencias gubernamentales donde hijos de funcionarios obtuvieron una plaza o simplemente cobran un salario (aviadores). Tanto el Gobernador como el Procurador tomaron medidas para que se le vinculara a proceso, por ello se dictó orden de formal prisión, otras consecuencias fueron el cese de dos agentes del ministerio público que omitieron actuar y con ello encubrieron al culpable.
Por todo lo anterior la justicia tiene que obrar a favor de la víctima del atropellamiento para que sus lesiones sean atendidas, también resultará posible, que se reestablezca la disciplina policial cuando hay prácticas de abuso y laxitud ante la responsabilidad que un funcionario de seguridad tiene. Otra situación esperada es que el influyentismo o el tráfico de influencias, el nepotismo y otras malas prácticas comunes en la administración de la justicia y en la administración pública estatal se terminen, o esta acción mande señales claras para que quien dentro del gobierno se terminen estas prácticas, pues el caso no es tan singular.
El ex Coordinador de Seguridad Estatal Roberto Cordero Mercado ha tenido una carrera policial de mucho esfuerzo e incontables situaciones de riesgo, empezó desde abajo, perteneció al cuerpo policial conocido como Seguridad Regional o Granaderos, fue asumiendo mayores responsabilidades en las cuales salió avante y llegó a tan importante encargo; ya como coordinador, el comandante Cordero fue objetivo de muerte por parte del crimen organizado en más de una ocasión, el hecho más visible fue un atentado contra su persona la noche del 29 de abril del 2011 en pleno centro de Pachuca, donde se dio una balacera y posterior persecución de los responsables, milagrosamente salvó la vida pero le esperaban otros intentos con la misma suerte. Eran momentos en que el país se convulsionaba en la guerra de cárteles de la droga en Tamaulipas, Nuevo León o Michoacán, esa noche muchos pachuqueños sintieron el temor de que la narco-guerra en donde corría sangre por todo el país hubiese alcanzado a nuestra entidad.
Roberto Cordero quizá tiene muchos méritos en ser firme y con capacidad de haber actuado con disciplina para cuidar la seguridad de los hidalguenses, de haber salvado la vida en momentos en los que otros colegas no sobrevivieron; se le reconoce por parte de sus compañeros la convicción de cumplir con su deber a riesgo de su integridad, sin embargo los hechos evidencian que hizo lo que a cualquier funcionario se le hace fácil hacer al tener un poder absoluto, ahora está cesado y enfrentará otras sanciones como pueden ser la inhabilitación para ocupar cargos públicos y las que las comisiones de honor y justicia policial decidan.
Desde luego, el juicio de los ciudadanos y el resuello en la opinión pública fue de una condena total a él y a su hijo por la sencilla razón de que ya nadie tolera el abuso del poder y la injusticia originada en los cuerpos de seguridad pública y la procuración de justicia; pero también nadie esperaba que hubiera esta clase de castigos y consecuencias donde verdaderamente existió el famoso “Caiga quien caiga”. Al nuevo gobierno estatal le queda seguir siendo consecuente y si en este caso hubo tolerancia cero debería haberla en casos similares, las acciones son mensajes que son bien comunicados por la opinión pública; hay que entender también que cualquier error o escándalo resuena en redes sociales y no solamente a nivel local, a nivel nacional los ecos de indignación son brutales.