Tomadores de decisiones y la realidad del campo hidalguense

El Desfanatizador

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A casi seis años de aplicar la vigente política pública agropecuaria local (paliativos), los resultados visibles (entre otros) son quizás qué: menos de 59 mil hectáreas cosechadas sobre la frontera agrícola hidalguense, se descapitalizo el valor de la producción en cerca del 2 por ciento, pero máxime se perdió al doble la oferta alimentaria disponible, transitando de 46 a 22 productos primarios. Lo anterior, no es nada equiparable por la inversión del Programa Especial Concurrente (PEC), pues en promedio se inyectaron cerca de 400 millones de pesos al año. Más aún, el presupuesto de egresos de la entidad, otorgó durante este periodo cerca de 250 millones de pesos anuales. En suma, casi la mitad del total presupuesto fue distribuido para mantener a los tomadores de decisiones (teóricamente a cinco subsecretarias, 10 direcciones, cerca de 200 empleados de confianza, y más del doble por honorarios). Mientras que el resto del presupuesto/porcentaje, para la programas/acción de incidencia al campo hidalguense.

Así pues, a un par de meses de la llega de los nuevos tomadores de decisiones (la 4t), el reto no es nada simple: pues se debe revertir la realidad que viven casi 60 de cada 100 unidades rurales que transitan sobre la entidad, las cuales (entre otras características) son de carácter familiar; registran ventas agrícolas/ganaderas de hasta 18 mil pesos anuales promedio; poseen menos de cuatro hectáreas; y su principal fuente de ingresos son precisamente los emprendimientos agropecuarios (46%), seguido por apoyos gubernamentales (17%) y la venta de mano de obra asalariada (4%).

¡Al tiempo!

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