Voces libres: La resistencia de las ciudades santuario

CIUDAD DE MÉXICO, 7 de agosto de 2017.- Ante el hostigamiento por parte del gobierno de Washington, Rahm Emanuel, alcalde de Chicago, anunció este domingo que su ciudad interpondrá una demanda a la administración Trump por las amenazas de retener fondos públicos destinados a mantener la seguridad pública en su ciudad.

Esta demanda federal se da a menos de dos semanas después de que el Fiscal General, Jeff Sessions anunció que el Departamento de Justicia dejaría a las ciudades “santuario”, fuera de un programa de subvención con fondos públicos. Lo que exigen las autoridades federales es que a sus oficiales de inmigración el acceso ilimitado a todas las prisiones locales, así como que de manera obligatoria se  de aviso previo de cualquier detenido indocumentado con 48 horas de anticipación a su liberación.

Emanuel incluso menciono en una conferencia de prensa que Chicago no permitirá que se violen los derechos fundamentales de sus residentes, siendo una ciudad que nunca renunciará a su estatus de ser una ciudad que acoge a todos por igual, por lo que además puntualizo que no serán participes de permitir que sus oficiales de policía se convierten en peones políticos de un debate nacional.

La demanda es clara al sostener que el gobierno de Estados Unidos no puede comandar a la policía local para llevar a cabo funciones federales de las leyes de inmigración, con lo que abiertamente Rahm Emanuel, y el Concejo de la ciudad, desafían nuevamente las presiones de Washington, y Chicago se suma el movimiento liderado por otras ciudades santuario como Nueva York, San Francisco y Seattle que han declarado que lucharán en los tribunales por proteger su derecho a respetar los derechos de la comunidad indocumentada. 

Dato interesante es el que según cifras del Pew Research, Chicago es la sexta ciudad con mayor número de indocumentados en el país con cerca de 425,000, después de Miami (450,000), Dallas (475,000), Houston (575,000), Los Ángeles (1,000,000) y Nueva York con 1,150,000 indocumentados.

Caso prácticamente idéntico, pero a nivel estatal, es el del gobernador de California, Jerry Brown, quien al igual respaldó la idea de que el estado demande a la administración del presidente Donald Trump por su amenaza de retirar fondos destinados a mantener la seguridad pública, a menos que los estados, condados y ciudades acepten una mayor cooperación con las autoridades federales de inmigración, razón por la que Brown, mesuradamente dijo en primera instancia que la decisión sería finalmente dejada al fiscal general del estado, Javier Becerra, pero que “podría ser muy provechoso llevar el caso a la corte y resolver el asunto en un foro judicial”, debido a que es sabido que sólo el Congreso, y no el gobierno federal, puede establecer las condiciones sobre el dinero de la subvención

De acuerdo a un diario local, California, por si mismo la cuarta economía mundial, podría perder casi $17 millones si los recortes se realizan, suma que el gobernador Brown por cierto, calificó como una cantidad -no muy alta-, en un plausible y evidente desdén por parte del gobernante progresista.