No alcanza
Aunque en las elecciones intermedias de este 2018 no se logró la esperada gran remontada política electoral por parte del Partido Demócrata, sí se consiguió recuperar algunas posiciones como en la Cámara Baja donde se anuncia ya la llegada de una propuesta legislativa que finalmente proteja a miles y miles de migrantes que permanentemente están en peligro de ser deportados por el gobierno de Donald Trump.
El demócrata Steny Hoyer, líder de la mayoría demócrata de la Cámara Baja prometió hace unos días que propondrá una ley en esa cámara para proteger a miles de inmigrantes indocumentados, incluyendo a los beneficiarios de los programas de Acción Diferida (DACA). Se comprometió a que desde su nueva posición, va aponer a debate una propuesta legislativa que aborde los desafíos migratorios actuales por medio de una ley que otorgue a los ‘soñadores’ un camino hacia la ciudadanía permanente y que preserve el TPS, permitiendo a sus beneficiarios que se queden en los Estados Unidos.
La situación de los beneficiarios de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), conocidos como “soñadores” está en peligro después que el presidente Donald Trump anunció el fin de ese programa el año pasado, lo que podría llevara la deportación de miles de jóvenes indocumentados, y por otro lado el TPS, que también fue sido cancelado por Trump para algunos países a partir de diferentes fechas, programa que protege de la deportación a más de 436,000 migrantes, de los cuales aproximadamente el 90 % son de El Salvador (262,000), Honduras (86,000), Haití (58,000) y Nicaragua (5,000).
El demócrata Hoyer, que tomará posesión de su nuevo cargo a partir del próximo 3 de enero, cuando inicia el nuevo Congreso, hizo estas declaraciones en el marco de la Conferencia Nacional de Integración de Inmigrantes (NIIC, en inglés). El líder demócrata aseveró que intentará que esta ley sea aprobada “lo antes posible”, en un plazo de 100 días desde el comienzo de la nueva legislatura, y comentó que espera que tenga “apoyo bipartidista” por lo que además declaró que no se trata de una lucha entre partidos. Es una lucha de Estados Unidos, ya que en sus propias palabras, reconoció que “Necesitamos a nuestros inmigrantes, que son muy trabajadores y patriotas”, ante los 900 participantes en una nutrida conferencia.
La cifra de personas inmigrantes que se encontraban en 2016 de forma irregular en el país se redujo hasta los 10.7 millones en 2016, la menor en más de diez años, y se establece muy por debajo del máximo alcanzado en 2007, con 12.2 millones, de acuerdo a las últimas estimaciones del centro de investigación Pew. Después de las elecciones de medio mandato en noviembre, los demócratas recuperaron el control de la Cámara Baja y los republicanos mantuvieron el del Senado. A partir del 3 de enero, Hoyer será el líder de la mayoría demócrata en la Cámara de Representantes, cuya presidenta será, previsiblemente, la veterana demócrata Nancy Pelosi, lo cual ayudará a darle mayor juego político a los demócratas y de paso a sus causas abanderadas, la de los migrantes entre ellas.
Y por otro lado y de manera inexorable, crece la presión sobre las transacciones realizadas por el entonces candidato Donald Trump durante su campaña y que lo podrían hundir políticamente. Ello derivado de que el pasado domingo, el representante demócrata por el estado de Nueva York, Jerrold Nadler y quien será el próximo presidente del Comité Judicial de la Cámara de Representantes dijo que “sin duda” sería una ofensa impugnable si se demuestra que el presidente Trump realizó pagos ilegales durante su campaña.
Serían delitos imputables. Si son lo suficientemente importantes como para justificar un juicio político es una pregunta diferente, pero ciertamente serían delitos imputables porque, aunque se cometieron antes de que el presidente asumiera la presidencia, se cometieron al servicio de obtener fraudulentamente la presidencia.
Esta posibilidad de un juicio político contra Donald Trump vuelve a tomar aire luego de que el viernes pasado fiscales federales dijeron que el actual presidente estadounidense, ordenó a su ex abogado personal, Michael Cohen, durante la campaña de 2016 para hacer pagos ilegales a dos mujeres que afirmaron que tenían asuntos sexuales con Trump.
“Un juicio político es un intento de, en efecto, anular o cambiar el resultado de una elección”, comentó Nadler, y remato comentando que “Deberías hacerlo solo para situaciones muy serias, (en referencia estas) y no hay nada en la Constitución que prohíba que el presidente sea procesado”.