Ráfagas: Tatiana Ángeles, cuentas pendientes
CIUDAD DE MÉXICO, 19 de mayo de 2017.- Precisamente en el momento más complejo para Donald Trump desde que asumió la presidencia de los Estados Unidos, nuestra gente en ese país sufre el incremento en un 36% en el número de los arrestos realizados por agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) en los tres primeros meses del mandato de su presidente, una cifra que seguirá en aumento, según prevén organizaciones proinmigrantes.
De hecho y según datos del propio ICE, entre el 20 de enero, primer día de Trump como presidente, y el 29 de abril, los agentes de inmigración arrestaron a 41,898 personas en todo el país, cifra que equivale a 10,000 más de los que se registró en ese mismo periodo en 2016, cuando se contabilizaron 31,128 arrestos.
Aunque las autoridades y la misma Casa Blanca han afirmado que a la hora de las deportaciones la prioridad son las personas con antecedentes criminales, es evidente que en realidad están “agarrando parejo” contra cualquier indocumentado.
Pues bien, como mencione al inicio de esta columna, las cosas se le han complicado seriamente a Mr. Trump. A mediados de marzo, Congresistas demócratas, entre ellos la senadora demócrata, Dianne Feinstein, confiaron a activistas de California que Trump dejaría pronto el cargo en la Oficina Oval, pero no han ofrecido pruebas de cuál sería la razón de ello, sin embargo y con toda intención, dejaron entrever que hay acciones entre los demócratas de las que no quieren revelar mucho.
La pregunta obligada ante tan misteriosas pero esperanzadoras aseveraciones, es si Trump ha realizado algo que obligue a que sea destituido.
Parte de la respuesta está incluida en el despido de James Comey como director del FBI en medio de una investigación de esa institución sobre posibles ligas del equipo del presidente y el gobierno de Rusia, lo que sabemos, ha intensificado el debate sobre su destitución y eventual juicio político, y por si fuera poco, dos días después del despido, Trump amenazo a Comey veladamente al escribir un Tuit que dice: «James Comey debería tener la esperanza que no haya ‘grabaciones’ de nuestras conversaciones antes de que empiece a filtrarlas a la prensa»
Medios estadounidenses de reconocido prestigio como The Washington Post y CNN se han dado a la tarea de consultar a expertos en el tema sobre las razones que podrían llevar al Congreso por esa vía jurídica, y una de las respuestas es la opinión de Laurence H. Tribe, profesor de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho de Harvard, quien considera que el mandatario republicano debe ser destituido de entrada por obstrucción a la justicia, y añade:
“La solución a la acusación fue diseñada para crear un mecanismo de último recurso para preservar nuestro sistema constitucional. Funciona mediante la remoción de los funcionarios de la rama ejecutiva que han abusado demasiado del poder a través de lo que los autores llaman “delitos mayores y delitos menores’, por lo que no se puede confiar que continúen en su puesto”.
Básicamente estamos ante la posibilidad de una reedición del caso Nixon que como sabemos concluyó con su destitución por el famoso escándalo “Watergate” , y que en esta ocasión es Donald Trump quien está en la mira tanto de demócratas como de los mismos republicanos, entre quienes sin dar nombres, ya se barajarían algunas opciones para su remplazo.
En tanto este debate tiene lugar, el Congreso ha solicitado un fiscal independiente para investigar la injerencia de Rusia en las elecciones de los Estados Unidos y el papel del equipo del presidente Trump en el asunto, lo cual los tiene en vilo porque en ese país, esos procesos son reales y serios.
Un punto muy interesante en esta situación, es el símil con la manera de proceder del gobierno mexicano cuando el 3 de febrero de 2015, a consecuencia del escándalo de la Casa Blanca de OHL, Peña Nieto y su esposa, se nombró a Virgilio Andrade como Secretario de la Función Pública, con la instrucción de “Reforzar procesos de control, fiscalización y auditoria, para que estos se apegaran a la Ley”.
En resumen, el “implacable” Virgilio Andrade fue contratado por su patrón Peña Nieto, para fiscalizar e investigar un posible caso de corrupción cometido precisamente por Peña Nieto y su esposa, y el resultado de la investigación debía ser entregado a… ¡Peña Nieto! ¿Cuál fue meses después, el resultado de la investigación? Pues se le informó a EPN que EPN no había cometido ningún acto ilegal, por lo que EPN estaba libre de cualquier sospecha, y el presidente EPN consideró que eso fue actuar de manera limpia y democrática. ¡Los procesos mexicanos de imparcialidad y transparencia son un fenómeno que debería ser ejemplo mundial¡ (sarcasmo).