Justicia, limitada para comunidades rurales: CDHEH

PACHUCA, Hgo., 28 de octubre de 2014.- Durante el último año, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH) reportó que se recibieron mil 377 quejas por maltrato y excesos de violencia por parte de personal de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y policía preventiva y tránsito municipal.

José Alfredo Sepúlveda Fayad, presidente de la CDHEH, durante su informe de actividades, enlistó que de las seis mil 912 personas que acudieron a solicitar atención, en alguna de la visitaduría u oficina, cinco mil 599 fueron orientaciones, y solo mil 313 se identificó que derivaron en quejas, 847 concluyeron y 466 están en proceso.

Si bien se destacó que son pocas las recomendaciones emitidas por la CNDH, 11 durante el periodo que se informó (octubre de 2013 a octubre de 2014), la mayoría fueron emitidas en contra de seguridad pública, municipal o estatal.

Dijo que de las 11 recomiendaciones, diez fueron recibidas, pero en una, el funcionario no aceptó resarcir el daño, por lo cual se derivó en recomendación y fue justamente un caso ocurrido en el Centro de Readaptación Social (Cereso).

Durante su informe, al responder algunas preguntas de los legisladores, Sepúlveda Fayad, reconoció que el acceso a la justicia es limitada para miles de comunidades rurales hidalguenses, en donde la población tiene que viajar por dos o tres horas para acceder a una autoridad.

«Es preocupante que las personas no tengan este acceso a la justicia», dijo el funcionario, quien en entrevista externó que esta problemática genera que sea a partir de los reglamentos comunitarios que se imparta la justicia en esta localidades».

Y señaló que la CDHEH lo único que ha logrado es insistir en que los reglamentos comunitarios, no atropellen los derechos humanos de la población.

Con un presupuesto de 27 millones de pesos, señaló que no solicitará un incremento mayor este año, pues esto exigiría atender mayor población de manera drástica.

Sin embargo explicó que ya se solicitó la creación de la visitaduria de Huichapan y Jacala para 2015, las cuales tendrían un costo aproximado de mil 800 millones de pesos cada una, y cuyo objetivo sería descargar el gran trabajo que lleva a cabo la de Ixmiquilpan.

Ante el Congreso Local, el también notario, solicitó a la 62 legislatura que modifiquen los artículos 20 y 60, párrafos segundo para reducir de seis a cuatro meses el periodo en que se investiga un caso, pues el objetivo es dar agilidad y respuesta oportuna a al población