Venta de menores en Sonora era solapada por DIF estatal: Beltrones

MÉXICO, DF, 11 de septiembre de 2015.- A propuesta del PRI, todos los partidos políticos –incluido el PAN– representados en la Cámara de Diputados aprobaron un Punto de Acuerdo –“de urgente y obvia resolución”- para exhortar al presidente Enrique Peña Nieto a que instruya de inmediato a la Procuraduría General de la República (PGR) a investigar la presunta red de tráfico de menores en Sonora.

La propuesta fue presentada por la diputada priista sonorense Sylvana Beltrones, hija del exdiputado y hoy presidente nacional del PRI, Manlio Fabio Beltrones, quien denunció “la existencia de una red que operaba nada menos que bajo el amparo del DIF estatal y tenía vínculos internacionales exige, a nuestro parecer, una investigación más a fondo, ya que las autoridades locales han demostrado una franca incapacidad e indolencia, y al parecer no vela por la pulcritud jurídica cuando existe una sospechosa omisión ante el hecho de que se han visto involucrados funcionarios públicos estatales”.

Por ello, solicitó “a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que ejerza su facultad para conocer de violaciones graves a derechos humanos, que les fue otorgada recientemente en reforma constitucional en la materia. Además, exhortamos a la PGR para que proceda a integrar la carpeta de investigación correspondiente y así ver por el interés superior y protección de las niñas y niños, víctimas de esta lamentable situación”.

Luego que los diputados del PRD exigieron, incluso, investigar directamente a la esposa de Guillermo Padrés (Iveth Dagnino), gobernador de Sonora, por estar presuntamente involucrada en la red de tráfico de menores, la diputada panista por aquel estado, Leticia Amparano Gamez, sostuvo que “estamos a favor de la justicia caiga quien caiga”.

Karen Hurtado Arana, del PRD, manifestó su preocupación en torno a que diversos funcionarios de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia de Sonora, “están involucrados en una red de tráfico ilegal de menores y, lo más indignante, que justo ayer nos enteramos que la esposa del gobernador está presuntamente implicada en este hecho delictivo”.

“Si los padres adoptivos aceptaron la comisión de un delito, deben ser investigados de igual manera”, señaló la legisladora, tras considerar que la Procuraduría estatal debe actuar imparcialmente y procesar a todos aquellos que estén implicados”. (Con información de El Financiero)