Avanza juicio político contra alcalde de Calnali, caso irá al Congreso

PACHUCA, Hgo., 15 de junio de 2021.- Tras la sesión de la Comisión Instructora del Congreso del Estado en la que, de obtener votos a favor, el alcalde de Calnali, Isaid Acosta habría salido impune de violar la Constitución del Estado al rendir protesta como presidente municipal estando inhabilitado, finalmente se logró, con tres votos a favor y uno en contra que el proceso continúe con la posibilidad de sancionar al funcionario.

El representante del Consejo de Colaboración Municipal, Héctor Cano, informó este día a Quadratín que, tras este proceso, que era el más complicado, el panorama es más favorable a la posibilidad de que Isaid Acosta sea destituido del cargo e incluso se le inhabilite para ejercer cargos públicos.

Explicó que, “pese a los intentos turbios e ilícitos de obtener voluntades en la Comisión Instructora del Congreso del Estado, ésta declaró procedente el juicio político que se instruye contra Acosta Téllez”.

“Con tres votos a favor y solo uno en contra, el cual se emitió sin un fundamento legal de parte de la diputada Roxana Montealegre, avanzó el juicio político y ahora está en manos del pleno del Congreso para que se haga historia en Hidalgo”, informó el abogado.

De esta forma, dijo, se ha pasado el primer filtro y “casi estamos del otro lado”, ya que la resolución de la Comisión Instructora, que resuelve de primera instancia, deja ahora el asunto para que pase al pleno del Congreso para ser votado.

Si las dos terceras partes del legislativo determinan que continúe, se comisiona a tres diputados para presentar la acusación al Tribunal Superior de Justicia, donde se lleva a cabo otro procedimiento en el que la parte acusadora son los diputados y el alcalde es presentado con un defensor permitiéndole realizar una manifestación para que, posteriormente, la sala penal determine que se pase al pleno del TSJ quien finalmente daría cauce a la sanción.

“Según la Constitución y la Ley de Responsabilidades para los Servidores Públicos para el Estado de Hidalgo, la sanción es la destitución del cargo y la inhabilitación, que, a criterio de los magistrados, y según la falta, puede ser hasta por diez años”, detalló Héctor Cano.

Al respecto de las declaraciones sobre el intento de comprar voluntades de los integrantes de la Comisión Instructora, el representante del Consejo de Colaboración señaló que conoce a la persona a la que le consta el hecho de que dos diputadas recibieron hasta un millón de pesos cada una, “pero no lo puedo hacer público, pues arriesgaría a la persona que proporcionó la información”.

No obstante, dijo, “es realidad y para que una votara a favor del procedimiento se movieron muchas piezas para que recibiera la indicación pese a recibir los recursos”.

Por último, señaló que la legisladora Montealegre votó contra el procedimiento, pero emitió un juicio sin sentido y habló de manera favorable del presidente sin conocerlo ni saber de la región o el municipio, además de pedir la grabación de la sesión al final de la misma.