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PACHUCA, Hgo. a 13 de diciembre 2019.- El Consejo Ciudadano de Búsqueda de Personas en Hidalgo convocó a organizaciones, actores involucrados en el tema, así como colectivos a hacer sus observaciones y revisión ante el anteproyecto de los putos que integran la Ley en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema de Búsqueda de Personas para el Estado de Hidalgo.
Por medio de su red social de este órgano colegiado, lanzó dicha invitación de cara a lo que se proyecta como la ley en materia de desaparición forzada.
Para este trabajo la Comisión llama a colectivos de familiares, organizaciones defensoras de los derechos humanos, grupos organizados de víctimas, víctimas indirectas, organizaciones de la sociedad civil y organismos nacionales e internacionales interesados en el tema de desaparición forzada de personas y por particulares, a fin de que hagan comentarios, observaciones y demás análisis en tópicos.
Al momento, dicho anteproyecto cuenta con un total de 100 artículos, dividido en 5 títulos, denominados: Disposiciones generales; de los delitos y de las responsabilidades administrativas; del sistema estatal de búsqueda de personas; de la búsqueda de personas y el respectivo a los derechos de las víctimas.
En este último título, se contempla como medidas de reparación del daño, además de los contemplados de lo establecido en la Ley General de Víctimas y la Ley de Atención, Asistencia y Protección a Víctimas de Delitos y Violaciones a Derechos Humanos del Estado de Hidalgo, se expone como medidas:
Como Medidas de satisfacción, la posibilidad de la construcción de lugares o monumentos de memoria; una disculpa pública de parte del Estado, los autores y otras personas involucradas; la recuperación de escenarios de encuentro comunitario; recuperación de la honra y memoria de la persona o personas desaparecidas, o recuperación de prácticas y tradiciones socioculturales que, en su caso, se perdieron por causa de un hecho victimizante.
Además de medidas de no repetición que, entre otras acciones, deben incluir la suspensión temporal o inhabilitación definitiva de los servidores públicos investigados o sancionados por la comisión del delito de desaparición forzada de personas, según sea el caso y previo desahogo de los procedimientos administrativos y/o judiciales que correspondan.