Demandas por despidos no se comparan con las del sexenio de Fayad: STyPSH

PACHUCA, Hgo., 3 de febrero de 2023.- El secretario de Trabajo y Previsión Social de Hidalgo Oscar Javier González Hernández aclaró que son 65 las denuncias por presuntos despidos injustificados iniciadas por excolaboradores del Poder Ejecutivo, los cuales se resolverán y dará razón a quien la tenga independientemente que sean contra la actual administración estatal.

Tras la no renovación de contrato a finales de 2022 de varios trabajadores que prestaban sus servicios en varias dependencias y direcciones del Gobierno de Hidalgo ante la reestructuración de la nueva administración, se iniciaron varias denuncias ante el Tribunal de Arbitraje para resolver la situación laboral de estas personas.

Al respecto, el funcionario estatal dijo que esta situación es mínima si se compara con el gobierno anterior encabezado por el PRI, que en ese entonces al mismo periodo había más de 600 denuncias de este tipo.

Respecto a lo que acontece actualmente, González Hernández mencionó que en promedio son 65 denuncias contra este gobierno las que están ante el Tribunal de Arbitraje estatal en las que aclaró, son supuestos despidos injustificados, mismos que tendrán que ser resueltos por esta misma instancia.

Afirmó que todo se hará respetando el derecho que tienen los trabajadores de inconformarse por la remoción de sus puestos de trabajo durante el último mes de 2022 en varios puntos del gobierno estatal.

Abundó que se busca que todas las inconformidades se resuelvan a través del diálogo y conciliación, pero si no, estarán atentos para darle el curso legal a todos los planteamientos.

Aseguró, cabe la posibilidad que esto le genere un perjuicio a las arcas estatales, sin embargo, aclaró que seguirán abocados a lo conducente conforme a derecho independientemente de que ahora sean gobierno, además, ya en el caso de quién pague o cómo lo pague sale de la competencia de la STPSH, quien a través del tribunal se emitirán las sentencias conforme a derecho y dando la razón a quien la tiene.

Por el momento no se tiene un estimado de cuánto le constaría al Gobierno estatal resarcir algún tipo de prejuicio a los demandantes, toda vez que aún no se dirimen estos casos.