Denuncian campaña de estigmatización tras detención de periodista en Tula

TULA DE ALLENDE, Hgo. 08 de febrero de 2026.- La detención del periodista Miguel Ángel Martínez Hernández por parte de la Policía Municipal de Tula de Allende ha escalado a un señalamiento de represalia política, abuso institucional y campaña de odio impulsada desde la propia alcaldía y la Policía municipal.

De acuerdo con el comunicador, su arresto se sustentó en una supuesta falta administrativa que asegura nunca cometió, lo que derivó en su traslado y posterior incomunicación durante aproximadamente tres horas y media.

Sus familiares denunciaron que para obtener su liberación debieron cubrir una multa de 9 mil pesos, monto que consideran excesivo para una falta administrativa y parte de un procedimiento irregular, ya que tampoco se cuenta con un tabulador de multas, por lo que ésta se emitió de manera discrecional.

El conflicto se agravó cuando comenzaron a circular en redes sociales fotografías del periodista bajo custodia, imágenes que fueron filtradas por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública municipal.

A dichas publicaciones se sumaron mensajes que el comunicador califica como expresiones de odio, además de acusaciones sin sustento que lo señalaban de presunto consumo de drogas y de intentar evadir y sobornar a la autoridad.

Para el periodista, la difusión de este material tuvo un objetivo claro: estigmatizar su imagen pública y desacreditar su trabajo, pese a contar con más de 18 años de trayectoria ejerciendo una línea crítica hacia el poder local, aunque el gobierno emane de cualquier corriente política.

Martínez Hernández sostiene que estas acciones no fueron aisladas, sino parte de una narrativa institucional destinada a justificar su detención y debilitar su credibilidad ante la opinión pública.

A ello se suma una acusación adicional: durante el operativo, su prometida fue agredida físicamente por agentes policiales, lo que implicaría uso indebido de la fuerza.

El comunicador interpreta el episodio como una represalia directa por su postura crítica frente al gobierno municipal encabezado por Cristhian Evanivaldo Martínez Reséndiz. Dado que asegura que su detención responde a su negativa de someter su labor periodística a dadivas económicas y a presiones políticas, que lo convirtieron en objetivo de hostigamiento institucional.

La exhibición pública del detenido y la difusión de acusaciones sin pruebas podrían constituir violaciones al debido proceso, al derecho a la honra y a la libertad de expresión.

Hasta el momento, el gobierno municipal no ha informado sobre la apertura de una investigación ni ha respondido de manera puntual a las acusaciones pese a que ya hubo pronunciamientos de decenas de comunicadores e instancias sobre el abuso y los excesos cometidos.

El caso ha reavivado el debate local sobre los límites del poder público frente al ejercicio periodístico y la protección de voces críticas en el ámbito municipal.