Denuncian por discriminación y amenazas al alcalde de San Agustín Metzquititlán

PACHUCA, Hgo., 24 de junio de 2026.- Por presuntos actos de discriminación, abuso de autoridad y amenazas contra un ciudadano de la comunidad de Zahuastipán, fue denunciado el presidente municipal de San Agustín Metzquititlán, Germán Hernández Pérez, y dos de sus funcionarios.

La querella con número 09-2026-00127 ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH), interpuesta el pasado 22 de junio y cuya copia tiene Quadratín Hidalgo, además de señalar al edil emanado de Morena, también acusa de los mismos delitos a:

• Antonio Trejo Pérez, tesorero.
• Flor Mejía Zaragoza, servidora pública.

El ciudadano, Uriel Jiménez Rivera, relató que el pasado 19 de junio, en las inmediaciones de su domicilio, había una reunión entre los habitantes y personal de la alcaldía. Al pasar entre la vía pública y el acceso a su casa, alguien que trabaja en el municipio lo saludó e invitó un vaso de refresco, por lo que permaneció en el sitio.

Durante el encuentro, anunciaron el reparto de filtros de agua para un listado específico de personas, previamente elaborado, entonces Jiménez cuestionó si era posible acceder a ese apoyo o cuál era la dinámica para ello. El alcalde dijo que otorgarían 25 insumos de este tipo, acordado con la delegada, Magali Antonio Palacios, y para quienes no obtuvieron ayuda tras el paso del huracán “Priscila”.

“Le hice saber mi inconformidad respecto a la información difundida en el video institucional, que grabó en ese momento, en el cual se mencionó que se entregaban filtros a las familias de la comunidad de Zahuastipán, sin precisar la cantidad exacta de apoyos, siendo que la comunidad está integrada aproximadamente por 115 familias”.

Derivado de ello, señala la denuncia, el presidente municipal, en un tono supuestamente arrogante, le increpó y sugirió que sus intenciones eran “poner en mal el movimiento de Morena”, pues por instrucciones de la presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, y el gobernador, Julio Menchaca Salazar, “tenían que realizar política sin que nadie se interpusiera”.

El ciudadano le comentó que tenía derecho a expresar sus inquietudes y que, como servidor público, no podía utilizar recursos públicos para campañas políticas, de ahí que, nuevamente, el alcalde arremetió al señalarle que “contaminaba a la comunidad”.

“Acto seguido, dirigió expresiones a los presentes señalándome con su dedo y diciendo verbalmente: ‘esta persona como les dije no les sirve en este pueblo, solo los perjudica, este tipo de personas no deben estar aquí en el pueblo’, incitando con ello a que los presentes me sacaran del lugar e incluso generando un ambiente que pudo derivar en agresión o linchamiento, lo que constituyó un abuso de autoridad y una incitación a la violencia en mi contra”.

Además, el presidente preguntó a Uriel Jiménez frente a los asistentes si cumplía o no con sus faenas y participaba en la comunidad, pues su actitud, aparentemente, era de división y que provocaría que no materialicen algunos proyectos, como una techumbre o la entrega de filtros de agua para la comunidad.

Igualmente, agregó que tanto Flor Mejía como Antonio Trejo actuaron de manera ofensiva y con abuso de autoridad, así como emitir frases de desprecio hacia su persona y familia.

“Manifestó que derivado de mi conducta, ya no se entregarían los filtros ni se realizaría la techumbre previamente anunciada, condicionando los apoyos comunitarios como forma de presión hacia mi persona, lo que considero, constituyó un acto de intimidación e incitación hacia los presentes para generar rechazo social en mi contra”.

Ante la situación y posibles represalias derivadas de las amenazas, agresiones verbales y señalamientos injustificados realizados en su perjuicio, argumentó la comisión de delitos previstos en el Código Penal consistentes en discriminación por los presuntos comentarios despectivos o de exclusión a la comunidad, además de abuso de autoridad y amenazas por expresiones ofensivas, humillantes y descalificativas, también un posible uso de la función pública para ejercer presión, intimidación y descalificación.

Por tanto, el ciudadano solicitó medidas de protección en la denuncia formalizada ante la PGJEH para él y su familia, debido al riesgo razonable de represalias, intimidación o afectaciones a su integridad personal, seguridad, libertad y tranquilidad, entre ellas:

• Prohibición de acercamiento, contacto o comunicación de los denunciados hacia el suscrito, ya sea de manera directa o indirecta.
• Orden expresa de abstención a los servidores públicos para realizar actos de intimidación, hostigamiento, presión social o represalia.
• Vigilancia preventiva en mi domicilio y entorno comunitario.
• Garantizar su seguridad ante cualquier acto de molestia.
• Registro y seguimiento de cualquier acto posterior de intimidación, hostigamiento o represalia que derive de la denuncia y cualquier adicional que estimen necesaria.

Puntualizó que las medidas de protección no deberán interpretarse como restricción, limitación o impedimento alguno para mi participación en reuniones comunitarias, asambleas o espacios públicos.

Finalmente, Jiménez Rivera enfatizó que teme por su integridad personal y la de su familia, derivado de las expresiones, señalamientos públicos y conductas de descalificación realizadas por el presidente y funcionarios municipales, “por lo que cualquier afectación posterior que pudiera derivarse de estos hechos deberá ser investigada por esta autoridad dentro del contexto de hostigamiento previamente descrito”.