Funcionarios del Poder Judicial sin antecedentes de violencia de género; iniciativa en Congreso

PACHUCA, Hgo., a 22 de septiembre de 2020.- No ser moroso o deudor alimenticio, nos ser condenado por algún tipo de delito de género, libertad sexual o de violencia familiar, es la propuesta que se lanzó en el Congreso de Hidalgo como requisito de ley para todo aquel ciudadano que aspire a un cargo dentro del Poder Judicial de la entidad.

En sesión ordinaria, la diputada Areli Rubí Miranda Ayala presentó una iniciativa de ley que busca modificaciones a la Ley Orgánica del Poder Judicial estatal que establezca otros criterios mínimos para toda persona que busque un cargo de servidor público en tribunales y juzgados de Hidalgo, precisando, en materia de género.

En este sentido, la ex perredista planteó que entre los aspectos mínimos que deben de cumplir todo aquel que incursione en cargos del Poder Judicial, ya sea para entrar o mantenerse en el mismo, es que no se encuentren bajo circunstancias que vulneren la situación de género.

Es decir, la legisladora propone que aspirantes a cargos de servidores públicos no sean deudores o morosos en sus obligaciones alimenticias.

De igual forma no deberían estar condenado por delitos contra la libertad sexual y delitos de género en cualquiera de sus modalidades, ni por aquellos por violencia familiar por cualquiera de sus tipos o manifestaciones.

La legisladora local expuso que estos requerimientos buscan el regenerar políticas preventivas, además de que los que se contemplaría como nuevos parámetros no violentan garantías individuales de aquellos que aspiren, sino que dan mejores criterios a las personas que se encontrarán al frente de las actividades dentro del Poder Judicial en concordancia con los principios de justicia que requiere la entidad.

De aprobarse, se sometería bajo dichos criterios a aquellos que busquen ser secretarios de acuerdos de salas de amparo, de estudios, a actuarios del Tribunal Superior de Justicia, jueces, administrador de juzgado, contralor, para encargados de oficinas de servicios auxiliares, de medidas cautelares, en administración, visitador judicial, y en planeación, entre otros.