Hidalgo castigaría con prisión o multa violencia política contra mujeres

PACHUCA, Hgo., a 13 de diciembre de 2019.- En total, durante 2018, según el segundo informe sobre Violencia Política contra las mujeres, se relacionaron con esta acción 23 asesinatos, 10 tentativas de homicidio, 12 secuestros, siete denuncias por lesiones con armas de fuego, 29 sin armas, 127 amenazas, 10 robos con o sin violencia y 19 atentados contra mujeres en razón de género.

Así lo detalló Ana Patricia Gaytán Tapia, subdirectora de área adscrita a la Dirección General de Política Criminal de la Fiscalía General de la República durante la plática impartida hoy en el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, donde abordó el tema dos días antes del inicio del proceso electoral 2019-2020 a llevarse a cabo en Hidalgo.

En una plática denominada “Prevención de la Violencia Política en razón de Género, La especialista explicó los tipos de violencia ahondando en las acciones que atentan contra los delitos político-electorales de las mujeres, explicando las atribuciones que el género femenino tiene para poder participar en la vida política del país.

Definió la violencia política contra las mujeres en razón de género como acciones u omisiones ejercidas en la esfera pública o privada para eliminar o menoscabar los derechos político electorales de una o varias mujeres, limitación del acceso al pleno ejercicio de sus actividades o labores correspondientes a su cargo, contra su libertad de organización y toma de decisiones.

Al tiempo, dio a conocer cuatro puntos para identificar que existe un caso de este tipo de violencia, señalando que debe responderse afirmativamente a si esta violencia está dirigida a mujeres por el simple hecho de pertenecer a este género, si es verbal, patrimonial, económica, física, psicológica, sexual o incluso feminicida; si su efecto o resultado es limitar el ejercicio de los derechos político electorales de las mujeres o el libre desarrollo de un cargo público y si la misma es ejercida por el estado, superiores jerárquicos, colegas, militantes partidistas, medios de comunicación, un particular o un grupo de personas.

Enlistó igualmente casos mexicanos de mujeres víctimas de este tipo de violencia en estados como Guerrero, Yucatán, Chiapas, San Luis Potosí y Oaxaca y dio a conocer también de qué manera se ejerce la misma.

En este apartado, Gaytán Tapia dijo que las redes sociales en la actualidad son el medio idóneo para el ataque político contra las mujeres, que pueden ser víctimas de violencia explícita y, en otros casos, pueden ser registradas en espacios históricamente perdedores, haber inequidad en campañas o precampañas o un uso inadecuado del 3 por ciento correspondiente a las acciones partidistas a favor de las mujeres.

Ante ello, dio a conocer que existe un protocolo para atender los casos de violencia política contra las mujeres, pero que el mismo únicamente orienta para la detección de los mismos, sin tener efectos vinculatorios.

Ante la urgencia de tipificar este tipo de conductas, dijo, en noviembre pasado se propuso una reforma en materia de delitos electorales a fin de que se adhiera al artículo 20 la imposición de multas de 100 a 400 UMAS y de uno a tres años de prisión por delitos contra los derechos político electorales de las mujeres y de 4 a 7 años de prisión a quien ejerza este tipo de violencia con las agravantes de violencia física, sexual o amenazas.

En caso de pasar la reforma en el senado, sería Hidalgo, junto con Coahuila, el estado en que por primera vez podrían ser aplicadas las penalizaciones, ya que las mismas entrarían en vigor a los 90 días de su aprobación, anunció finalmente.