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IXMIQUILPAN, Hgo. 20 de julio de 2026. El gobierno municipal de Ixmiquilpan inició un proceso jurídico para recuperar diversos inmuebles del patrimonio municipal, destacando entre estos una escritura otorgada en 2017 a favor de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), la cual presuntamente carece de validez legal, por lo que ya fue promovida una acción para solicitar su nulidad ante las instancias correspondientes.
De acuerdo con la información brindada por el Director Jurídico Efraín Magueyal, tras una revisión del patrimonio se logró detectar que varios bienes públicos permanecían en posesión de particulares sin contratos, concesiones o autorización legal.
Incluso señaló que algunos de estos espacios eran rentados por terceros, quienes obtenían recursos económicos de inmuebles que pertenecen al municipio. Siendo este el caso específico de la organización política UNTA, misma que justificó tal acción con la supuesta posesión de las escrituras que los avalaban como los dueños de dichos establecimientos.
Ante esto, el funcionario aseguró que el municipio cuenta con una escritura pública del 3 de marzo de 1954 que acredita la propiedad de la manzana donde actualmente operan estos y otros locales comerciales, por lo que considera que el documento que fue expedido en el año 2017 a favor de la UNTA fue obtenido mediante un procedimiento con presuntas irregularidades.
"La información que tenemos es que la escritura que tiene la UNTA se obtuvo a través de un juicio promovido por jurisdicción voluntaria alegando la posesión del inmueble por el uso de más de 10 años, causa generadora de donación por parte de un presidente municipal. Lo que esta lejano de tener validez por que los bienes municipales son intransferibles".
Por ello informó que ya se inició el procedimiento jurídico para buscar que dicha escritura sea declarada nula y, con ello, recuperar la posesión de los inmuebles que forman parte del patrimonio municipal.
Así también se indicó que la Contraloría Municipal participa en la revisión del caso para determinar si existen responsabilidades administrativas, civiles o penales derivadas de las presuntas irregularidades detectadas en el manejo de los bienes públicos, con el objetivo de iniciar con las acciones penales y administrativas en contra de quien resulte responsable.
Con estas acciones, la administración municipal aseguró que busca restituir al municipio los inmuebles que considera fueron ocupados de manera irregular, mientras el proceso legal será el que determine la validez de las escrituras y la situación jurídica de los predios en disputa.