Presenta PRI iniciativas de ley a favor de la niñez y la juventud

PACHUCA, Hgo., 15 de noviembre de 2018.- La diputada Adela Pérez Espinoza y el diputado Julio Manuel Valera Piedras, integrantes del grupo legislativo del Partido Revolucionario Institucional (GLPRIHGO) presentaron, durante la sesión ordinaria de este día, iniciativas de ley en favor dela niñez y la juventud, respectivamente.

Pérez Espinoza expuso ante el pleno de la 64 legislatura una Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan diversos artículos a la Ley para la Familia del estado de Hidalgo mediante los cuales “se concede el derecho a los parientes colaterales sin limitación de grado de solicitar a la autoridad jurisdiccional competente la patria potestad de menores de edad para el caso de que éstos sean víctimas de delitos cometidos en su agravio por quienes deben ejercer la patria potestad o ante la incapacidad de los abuelos paternos o maternos indistintamente”.

De acuerdo con la legisladora priista, “la infancia tiene derecho a cuidados y asistencia especiales, que debe recibir la protección y asistencia necesarias para poder asumir plenamente sus responsabilidades dentro de la comunidad, considerando que el niño debe estar plenamente preparado para una vida independiente” y con ello surgen obligaciones pactadas a nivel internacional”, señaló.

Luego de describir los derechos de las niñas, niños y adolescentes consagrados en la ley local en la materia, Pérez Espinoza expuso que “las autoridades federales, estatales y municipales, en el ámbito de sus respectivas competencias, adoptarán las medidas necesarias para garantizar estos derechos a todas las niñas, niños y adolescentes sin discriminación de ningún tipo o condición”.

Con fundamento en lo expuesto, la integrante del GLPRI sometió ante el pleno el proyecto de decreto en el que se  concede el derecho a los parientes colaterales, sin limitación de grado, para solicitar a la autoridad jurisdiccional competente la patria potestad de menores de edad para el caso de que éstos sean víctimas de delitos cometidos en su agravio por sus propios familiares.

El diputado Julio Manuel Valera Piedras, expuso ante el Pleno una iniciativa con proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones de la ley de educación para el estado de Hidalgo, en la que establece sanciones a quien imparta educación en cualquier tipo y modalidad, sin contar con la autorización correspondiente (Reconocimiento de Validez Oficial RVOE) ; o en su caso, sin la carta de no inconveniencia para establecerse en la entidad emitida por la autoridad educativa local (SEPH).

El legislador priista explicó que “en el estado se han establecido escuelas particulares con el aparente reconocimiento otorgado por la federación así como de otras entidades, a las que la autoridad educativa local no les ha concedido la carta de no inconveniencia, situación que da incertidumbre para las condiciones físicas de infraestructura, docentes con el perfil adecuado, calidad en el servicio y sobre todo de la validez oficial de estudios de los programas educativos con los que se están formando actualmente los hidalguenses”.

“La SEP federal de manera discrecional ha otorgado RVOEs a diversas instituciones de educación superior que se han establecido en la entidad, sin la coordinación ni participación de la autoridad educativa estatal, esto es, sin que cuenten con la carta de no inconveniencia, ni mucho menos de la opinión de los órganos de consulta para la planeación y evaluación de los programas educativos para determinar su pertinencia en la entidad, incumpliendo con los acuerdos establecidos en el Convenio de coordinación antes referido”.

La iniciativa planteada  contempla que “toda aquella dependencia e institución, distinta a la autoridad educativa estatal, que contando con la facultad desee expedir una incorporación o Reconocimiento de Validez Oficial (RVOE) de estudios para operar en el estado de Hidalgo, deberá solicitar previamente una carta de no inconveniencia a dicha autoridad local para su debida expedición”.

Finalmente, expuso Valera Piedras, “para el caso de solicitudes de autorización de uso de suelo y licencias de funcionamiento para la prestación de un servicio educativo, el gobierno municipal competente, previamente, deberá tomar en cuenta la opinión de la autoridad educativa estatal para su procedencia”, señaló.