Presenta PRI iniciativas sobre becas y protección de grupos vulnerables

PACHUCA, Hgo., 6 de junio de 2019.- Con la finalidad de actualizar y modernizar la Ley de Becas para el Estado de Hidalgo, el diputado Julio Manuel Valera Piedras solicitó la adición de la educación media superior y superior a la citada ley, que hasta el momento incluye sólo a las instituciones de educación básica y normal.

Asimismo, la iniciativa incluye puntos que garanticen la equidad educativa con igualdad de género y la priorización en el otorgamiento de becas a estudiantes en situación de pobreza, con discapacidad, hijos de migrantes e indígenas, previniendo así la discriminación y la deserción escolar.

La propuesta también amplía las oportunidades de acceso y permanencia de los beneficiados en el sistema educativo estatal y adiciona hacer excepciones en la consideración del promedio general de aprovechamiento escolar en caso de que la beca se destine a los citados grupos vulnerables.

De esta forma se propone también la permanencia de un Comité de becas para educación básica y la creación de uno más ocupado de la atención de alumnos de educación media superior y superior.

Por su parte, la diputada Mayka Ortega presentó su iniciativa para proteger los derechos humanos de  hidalguenses de grupos vulnerables, a fin de que el color de piel, la cultura y los antecedentes penales no sean motivos de discriminación.

La también integrante del grupo legislativo del PRI en el congreso local, presentó una Iniciativa con Proyecto de Decreto que se reforma el artículo 11 de la Ley para Prevenir, Atender, Sancionar y Eliminar la Discriminación en el Estado de Hidalgo.

Al exponer la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México 2017, Ortega Eguiluz señaló que “de la población de 18 a 59 años, por tipo de ocupación, según tonalidad de su piel, el mayor porcentaje de trabajadores en servicios personales, actividades de apoyo y agropecuarios, corresponde a personas con tonos de piel más obscuros, además, que quienes tienen piel en tonos más claros, acceden en un mayor porcentaje a servicios de educación superior”.

Basada en la Consulta Infantil y Juvenil 2018, realizada por el Instituto Nacional Electoral, destacó que “el motivo por el que niñas, niños y adolescentes aseguran haber sido tratados diferente en mayor medida, es la apariencia, seguido por lo que piensan y por la edad”.

Al mismo tiempo, informó, “la discriminación derivada de los antecedentes penales, es una práctica que constituye la privación de derechos de la persona, primordialmente en el ámbito laboral, en el cual se condiciona el ingreso y permanencia, previa garantía de no haber sido sentenciado por delito alguno”.

La iniciativa propone la reforma al artículo once de la ley para prevenir, atender, sancionar y eliminar la discriminación a fin de que se incluyan, además del color de piel, la cultura, los antecedentes penales o cualquier otra que tenga por efecto negar, obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar o anular el reconocimiento, goce y/o ejercicio de sus derechos humanos y libertades, en condiciones de equidad e igualdad.