PACHUCA, Hgo. a 3 de marzo de 2020.- Crear un Fondo para la protección de defensores de derechos humanos y periodistas fue la propuesta que este día se presentó ante el pleno del Congreso de Hidalgo por parte de la representación del PRD.

La diputada Areli Rubí Miranda Ayala propuso esta iniciativa con la cual pretende armonizar la Ley de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y de Salvaguarda de los Derechos para el Ejercicio del Periodismo con la legislación a nivel federal, la cual ya contempla recursos bajo fondo para la atención de circunstancias delicadas a causa del ejercicio periodístico y de exigencia a la salvaguarda de las garantías de las personas.

Bajo los argumentos de la legisladora del Partido de la Revolución Democrática refiere que mientras en la ley federal en materia Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, contempla la formulación de un fondo, estipulado en los artículos 48 y 49.

Bajo ambos artículos se expone el contemplar recursos económicos adicionales a los previstos en el Presupuesto de Egresos de la Federación, para la creación del Fondo para la Protección de las Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, los cuales se destinarán exclusivamente para la implementación y operación de las Medidas Preventivas, de Protección y Urgentes de Protección y la realización de los demás actos que establezca la Ley para la implementación del Mecanismo, tales como evaluaciones independientes, situación que actualmente no se contempla en la legislación en Hidalgo para este rubro.

Para este caso, la legisladora del Sol Azteca propone la adhesión del denominativo Fondo dentro de la ley –el cual a la fecha no existe-, así como la creación del Capítulo XII Bis denominado Fondo para la Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos, Periodistas y Colaboradoras Periodísticas.

Es éste añadido se determina destinar recursos para este fin, mismos que se destinarán exclusivamente para la implementación y operación de las medidas de prevención y urgentes de protección, el cual operará a través de un fideicomiso público.

Dichos recursos del Fondo se integrarán por la cantidad que el Gobierno del Estado aporte inicialmente, así como las aportaciones que en su caso realice en términos de las disposiciones aplicables; donativos que hicieren a su favor personas físicas o morales sin que por ello adquieran algún derecho en el fideicomiso; los bienes que le transfiera a título gratuito el gobierno del Estado.

Se expone a su vez que el Fondo contará con un Comité Técnico presidido por el Secretario de Gobierno, además de un órgano de vigilancia integrado por un comisario público y un suplente, designados por la Secretaría de la Contraloría.

Por último se pretende que el Ejecutivo estatal tenga un término de hasta 9 meses para expedir el reglamento del Fondo y que por su parte el Poder Legislativo asigne en el próximo presupuesto el presupuesto del mismo.