Proponen endurecer sanciones por delitos contra libertad de expresión

PACHUCA, Hgo., 2 de agosto de 2017.- Este miércoles se llevó a cabo la sesión de la Diputación Permanente de la LXIII Legislatura del Congreso del estado de Hidalgo, en la cual las legisladoras del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Erika Saab Lara y Ana Leticia Cuatepotzo Pérez, propusieron reformar el Código Penal y el Código de Procedimientos Civil, respectivamente.

En primer término, Saab Lara propuso reformar el artículo 92 del Código Penal para el estado de Hidalgo, relativo a la aplicación de las penas y las medidas de seguridad, a efecto de armonizar nuestra legislación sustantiva penal con las disposiciones del Código Penal Federal, y agravar la punibilidad de los tipos penales aplicables a los ilícitos cometidos en contra de periodistas o instalaciones.

Propuso que se establezca que cuando se cometa un delito doloso contra de algún periodista, con la intención de afectar, limitar o menoscabar el derecho a la información, la libertad de expresión o de imprenta, se aumentarán hasta en una tercera parte y se aumentarán hasta en una mitad, cuando sea cometido por un servidor público en ejercicio de sus funciones.

“Existe la necesidad de actualizar nuestro marco jurídico penal para brindar una mayor protección a quienes ejercen labores periodísticas, ello, en el estado de Hidalgo, como una medida de prevención del delito y una estrategia de política criminal para sancionar a aquellos ilícitos”, sostuvo.

Por su parte, Cuatepotzo Pérez planteó reformar el artículo 382 del Código de Procedimientos Civiles para el estado de Hidalgo, con la finalidad de que las personas tengan una adecuada defensa y para que los plazos y términos no sean un factor que obstruya la justicia en materia civil.

Señaló que se busca agregar en el texto, “excepto en el caso de documentos que hayan sido presentados en el escrito de demanda, cuya objeción podrá realizarse hasta que fenezca el plazo para producir la respectiva contestación, que es de nueve días”.

Argumentó que, “si hay nueve días para contestar, se limita el derecho para objetar a tres días, violentando el derecho del debido proceso para quien una vez emplazado acuda a asesoría jurídica al cuarto día hábil, quedando en automático precluido su derecho a objetar”.

La iniciativa presentada por la representante de San Felipe Orizatlán, Erika Saab Lara, se turnó a la Comisión de Seguridad Ciudadana y Justicia; mientras que la expuesta por la legisladora por Tizayuca, Ana Leticia Cuatepotzo Pérez, se envió a la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales.

En asuntos generales, participó el diputado del Partido Encuentro Social (PES) Daniel Andrade Zurutuza, con el tema denominado “Inmunidad procesal: tema pendiente para el país”. Propuso exhortar al Congreso de la Unión para agilice y someta a discusión el análisis de las reformas relativas a la inmunidad procesal. Se turnó a la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales.