Regidores de Pachuca promoverán amparos contra su inhabilitación

PACHUCA, Hgo., 27 de abril de 2021.- Los regidores pachuqueños de oposición Pablo Vargas, Ricardo Crespo, Olivia López y Carlos Conde, inhabilitados por un año por parte de la Contraloría Interna del municipio de Pachuca, acusaron persecución política por parte de la alcaldía capitalina.

En conferencia de prensa virtual, acusaron diversas irregularidades respecto al proceso jurídico por medio del cual fueron sancionados y coincidieron que en ningún momento se les notificó sobre el procedimiento que se les seguía, como lo marca la Ley de Responsabilidades Administrativas, por lo que el proceso carece de toda normatividad local, además de que agrede los derechos ciudadanos de los cuatro regidores, dos de ellos con licencia.

Ricardo Crespo regidor con licencia, anotó que presentó su declaración patrimonial de manera extemporánea, por lo que correspondía que recibiera un requerimiento, pues la omisión no es de gravedad.

Pablo Vargas, también con licencia, expuso que el día de ayer solicitó su reincorporación a la regiduría a fin de poder trabajar y generar nuevos procesos al interior de la asamblea municipal, al tiempo que acusó que hay sesgo en los procedimientos derivado de que los inhabilitados no somos cómodos ni están en la línea oficial marcada por el alcalde.

Olivia López denunció diversas violaciones en los procedimientos que sigue la Presidencia Municipal que, dijo, exhiben la incompetencia de las autoridades, principalmente de la Contraloría, cuya encargada “no tenía experiencia ni conocimientos para el tema”.

En su oportunidad, Carlos Conde denunció las irregularidades cometidas por el Ayuntamiento al sesionar de manera privada y extraordinaria sin cumplir con las exigencias de ley, incurriendo en la inscripción de actas de manera ilegal.

Por lo anterior, anunciaron que, en seguimiento a la línea legal, promoverán juicio de Amparo, de Nulidad e incluso de Protección a los Derechos Político Electorales del Ciudadano a fin de llevar proceso hasta las últimas consecuencias dado el manejo procedimental que no sigue las reglas jurídicas y que derivó en una “dolosa a ilegal inhabilitación”, concluyeron.